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El enfrentamiento entre el Gobierno y el Partido Popular por el desahucio de una mujer de 80 años en el barrio de Retiro ha vuelto a encender el debate público sobre la vivienda y la eficacia de las medidas aprobadas para evitar expulsiones forzosas.
La versión del Ejecutivo: el decreto pudo frenar el desahucio
Desde Moncloa, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió que el real decreto ley aprobado por el Ejecutivo habría permitido impedir muchos lanzamientos.
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En sus mensajes públicos, Bolaños afirmó que, de haberse convalidado la norma, la situación de esta vecina se habría evitado. Añadió que, tras la votación en el Congreso, algunos diputados celebraron el rechazo al texto.
- Objeto del decreto: introducir medidas extraordinarias para suspender procedimientos de desahucio.
- Ámbito temporal: normas de carácter urgente y aplicables tras su publicación.
- Meta política: blindar a hogares en riesgo mientras durara el estado de necesidad.
La réplica del PP: el contrato de 1956 y la legalidad aplicable
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, rechazó la afirmación del ministro. Aseguró que el caso de esta mujer no encajaría en el ámbito protector del decreto.
Muñoz subrayó que el contrato de alquiler en cuestión data de 1956. Por eso, según ella, no puede considerarse como un contrato suscrito conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994.
Argumentos clave del PP
- El contrato anterior a 1985 mantiene su régimen bajo la normativa de 1964.
- La disposición transitoria de la LAU de 1994 no transforma contratos antiguos en contratos regulados por la LAU de 1994.
- Por tanto, la suspensión prevista en el real decreto no alcanzaría a este contrato.
Qué decía exactamente el real decreto ley 2/2026
El texto legal señalado por el Gobierno incluía mecanismos para solicitar la suspensión extraordinaria en juicios por impago y por vencimiento de contratos.
No obstante, el alcance del artículo 1 se circunscribía a arrendamientos suscritos conforme a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre. Esa precisión técnica abrió la disputa sobre su aplicabilidad a contratos anteriores.
La votación y las fuerzas políticas implicadas
A finales de febrero, la norma fue sometida a convalidación. PP, Vox y Junts se opusieron y tumbó la medida.
- Partidos que votaron no: PP, Vox y Junts.
- Resultado: el real decreto ley no se convalidó y perdió vigencia parlamentaria.
Muñoz llegó a afirmar que si solo PP y Vox hubieran votado en contra, el resultado habría sido distinto. Con ello buscó enfatizar la responsabilidad de otras formaciones en la caída del decreto.
Reproches sobre la política de vivienda del Gobierno
La portavoz popular aprovechó para criticar la gestión del Ejecutivo en materia de vivienda durante sus mandatos.
- Acusó al Gobierno de ocho años de inacción y de no haber evitado desahucios.
- Insistió en que el Estado debe ofrecer soluciones habitacionales sin promover la okupación.
- Recordó que el pago de impuestos legitima la intervención pública en estos casos.
En sus mensajes en redes, Muñoz lanzó duras frases contra la gestión del Ejecutivo y pidió mayor responsabilidad política en la protección de las personas vulnerables.
