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- Qué pide el Ministerio Fiscal y las consecuencias penales
- Importes reclamados en concepto de reparación del daño
- Cómo se habrían producido las disposiciones y transferencias
- Roles de las imputadas y presunta connivencia
- Terceros y su vínculo con las transferencias
- Fechas del proceso y atenuante por dilaciones
- Calificación penal y normativa citada
La Fiscalía de Madrid acusa a cuatro mujeres de haberse quedado presuntamente con casi 79.000 euros destinados a una comunidad de propietarios. El caso llega a juicio esta semana y plantea cargos por apropiación y mala gestión de los fondos comunes.
Qué pide el Ministerio Fiscal y las consecuencias penales
El fiscal solicita penas para las cuatro procesadas por delitos continuados. La petición incluye prisión y sanciones económicas.
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- Cuatro años de prisión para cada acusada.
- Multa de diez meses con una cuota diaria de 12 euros.
- Responsabilidad personal subsidiaria de 30 días en caso de impago.
- Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo.
- Pago de las costas procesales.
Importes reclamados en concepto de reparación del daño
La Fiscalía exige la restitución de las cantidades que, según su escrito, se sustrajeron o desviaron.
- Las dos primeras acusadas deben indemnizar solidariamente con 78.879,76 euros.
- Las otras dos, en unión con las primeras, responden por 14.395,13 euros.
- Además, se reclaman 740,95 euros y 228,20 euros a dos personas consideradas beneficiarias.
Cómo se habrían producido las disposiciones y transferencias
El escrito de la Fiscalía describe movimientos bancarios desde la cuenta comunitaria durante cuatro años.
- Disposiciones en efectivo por un total de 61.106,58 euros, sin justificar.
- Órdenes de transferencia por 17.773,18 euros a proveedores que, según la acusación, no fueron los verdaderos titulares receptores.
- Un conjunto de 40 transferencias, por 14.395,13 euros, dirigidas a las cuentas de dos acusadas más.
Roles de las imputadas y presunta connivencia
Dos de las mujeres ejercían cargos de gestión en la comunidad. El fiscal sostiene que actuaron en beneficio propio.
- Una de ellas habría sido presidenta.
- La otra ocupaba la tesorería.
- Las otras dos acusadas, según la Fiscalía, facilitaron la recepción de fondos.
El Ministerio Público considera que las cuatro compartieron el propósito de obtener un beneficio económico ilícito a costa de la comunidad.
Terceros y su vínculo con las transferencias
Además de las cuatro principales, el fiscal señala a dos personas como partícipes a título lucrativo.
- A una de ellas se le reclama 740,95 euros.
- A la otra, 228,20 euros.
- En el escrito se precisa que no consta que una de las beneficiarias supiera el origen ilícito de los fondos.
Fechas del proceso y atenuante por dilaciones
El juicio está señalado para celebrarse en la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid.
La Fiscalía aplica a las cuatro acusadas la atenuante de dilaciones indebidas. Explica que la causa permaneció paralizada entre mayo de 2022 y junio de 2023 por razones que no les son imputables.
Calificación penal y normativa citada
La acusación califica los hechos como un delito continuado de apropiación indebida, en concurso con administración desleal.
En el escrito se recogen referencias a los preceptos del Código Penal que sustentan la acusación.
