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El presidente del Gobierno ha dejado en manos del Ejecutivo de Ceuta la gestión de los cerca de mil menores no acompañados que siguen en las calles de la ciudad tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio. La decisión ha reavivado la tensión política entre el Gobierno central y el PP, que controlan varias autonomías y bloquean el reparto solidario de acogida.
La respuesta de Sánchez y el traspaso de responsabilidades
En el Congreso, el jefe del Ejecutivo evitó asumir la gestión directa de la crisis de los menores y remitió a la autoridad local. Con estas palabras, apuntó a que la gestión de los menores corresponde al presidente de la ciudad autónoma, según la legislación vigente en materia de extranjería.
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- Pedro Sánchez señaló que las competencias están en Ceuta.
- El Gobierno central mantiene las funciones sobre los trámites administrativos de mayores de edad.
- La discusión se ha convertido en un choque político entre partidos.
Plan de traslado y medidas del Ejecutivo
El Ministerio de Juventud e Infancia anunció un traslado urgente y la puesta en marcha de un plan coordinado con Ceuta. El objetivo es descongestionar los recursos locales y asegurar plazas para menores.
- Se planeó el traslado inicial de 500 niñas a la Península.
- El Ejecutivo prepara un real decreto-ley para que exista acogida vinculante y solidaria entre comunidades autónomas.
- La competencia de tutela seguiría siendo de la ciudad autónoma incluso tras el traslado.
Obstáculos en el reparto entre autonomías
Las comunidades gobernadas por el PP han frenado el reparto de menores. Varios ministros han criticado este bloqueo y han pedido mayor solidaridad.
- El PSOE acusa a las autonomías del PP de negarse a acoger.
- El partido gobernante cree que los pactos con Vox limitan la capacidad de acción de esas regiones.
- Desde Ferraz señalan que Vivas no habría pedido ayuda a sus propios compañeros de partido.
Datos clave sobre la llegada y la situación en Ceuta
Los meses posteriores a la crisis demuestran una mezcla de repatriaciones, expulsiones y numerosos trámites administrativos que ralentizan la solución.
- El 30 y 31 de julio llegaron a Ceuta alrededor de 80.000 migrantes.
- En las primeras 24 horas, el 90% regresó a Marruecos de forma voluntaria.
- Desde el 10 de agosto, 5.482 personas han regresado voluntariamente y 307 han sido expulsadas por delitos.
Registros y recursos
Las cifras oficiales han variado. El Ejecutivo admite incertidumbre sobre el número exacto de personas que permanecen en la ciudad.
- Inicialmente se estimó en 5.000; ahora se baraja que podrían ser más de 10.000.
- Unos 4.500 han sido alojados en recursos habilitados.
- Los expedientes iniciados para adultos en situación irregular alcanzan 1.822.
Situación particular de los menores: tutela y trámites
La ley protege de forma distinta a los menores. No pueden ser repatriados de manera voluntaria y la Administración debe garantizar su interés superior.
- Se han filiadoo 2.048 menores en Ceuta, cifra que incluye personas registradas antes del asalto.
- Durante la entrada masiva llegaron 1.612 menores, según fuentes gubernamentales.
- Tras su identificación, las comunidades asumen la competencia para estudiar cada caso.
Trámites en marcha
Los procesos de expulsión y de protección se cruzan y retrasan decisiones.
- La devolución de adultos puede tardar meses si piden asilo.
- El lunes se iniciaron los primeros diez trámites específicos para expulsión de menores.
- Se investiga la posibilidad de reunificación familiar o retorno en condiciones que respeten derechos.
Actores políticos y la presión sobre Vivas
El papel del presidente de la ciudad autónoma ha destacado en el debate público. La responsabilidad local choca con la petición de solidaridad interautonómica.
- Juan Jesús Vivas ostenta la competencia en materia de menores.
- El ministro encargado del mando único estimó entre 700 y 1.000 niños aún sin tutela efectiva.
- La presidenta de Navarra y el líder asturiano han ofrecido plazas para acoger a menores.
Fricciones internas en el PP
Desde el PSOE sostienen que las comunidades dirigidas por el PP no harán los traslados. Alegan que los pactos con Vox limitan su margen de maniobra.
- Se reprocha a Vivas que no haya solicitado ayuda a sus homólogos autonómicos.
- La negativa de algunas regiones complica la puesta en marcha del decreto de acogida vinculante.
- El debate se centra en la combinación de competencias y en la capacidad de coordinación del Estado.
