Armada adjudica contrato a petrolera del imputado Hamlyn en 2021

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La Armada adjudicó en 2021 un contrato millonario para suministrar diésel mientras el presidente del grupo beneficiado afrontaba una investigación judicial de gran calado. El encaje entre la contratación pública, los recursos administrativos y las dudas sobre la solvencia penal del adjudicatario ha abierto un debate en el sector y en los tribunales.

Adjudicación a Secicar y el alcance económico del acuerdo

En julio de 2021, la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada formalizó un contrato para el suministro de combustible.

  • Importe principal: 16 millones de euros para diésel destinado a buques.
  • Empresa adjudicataria: Secicar, filial de almacenamiento y distribución del Grupo Hafesa.
  • Otros contratos ligados al mismo acuerdo marco: 6 millones y 15 millones.
  • Volumen total adjudicado al grupo por ese marco: 37 millones de euros.

El Ministerio de Defensa declinó ofrecer declaraciones públicas sobre los detalles de estas adjudicaciones.

Implicación penal del presidente del grupo

La figura central del conflicto es Alejandro Hamlyn, presidente del Grupo Hafesa. La Audiencia Nacional cerró la instrucción de una causa por presunto fraude de IVA entre 2016 y 2019.

  • Cuantía del fraude investigado: más de 154 millones de euros.
  • Calificación judicial: el juez propuso juzgarle como presunto jefe de la trama.
  • Estado procesal: instrucción finalizada, pendiente de juicio y sentencia.

Fuentes jurídicas recuerdan que la prohibición para contratar con la Administración exige, en términos estrictos, una sentencia firme de condena.

¿Cuándo opera la prohibición para contratar?

El caso plantea dudas sobre si la mera conclusión de la instrucción es suficiente para vetar operaciones con el sector público.

Aspectos legales relevantes

  • Regla general: la causa de prohibición nace con la condena firme.
  • Si la sentencia condenatoria llegase durante la ejecución, se configuraría una prohibición sobrevenida.
  • Interpretaciones administrativas: solo ciertos tribunales aceptan la resolución contractual por la mera existencia de procedimiento.

En este expediente concreto, los pliegos del contrato sí incluyen la posibilidad de resolver por pérdida sobrevenida de la capacidad para contratar con la Administración.

Por tanto, si existe una condena firme y el delito figura entre los que impiden contratar, el órgano público podría resolver el contrato.

Recurso de la suiza Element Alpha y la inadmisión

Antes de la firma, la sociedad Element Alpha presentó un recurso contra la adjudicación. La compañía tiene sede en Ginebra.

  • Fecha del recurso: 5 de abril de 2021.
  • Motivo alegado: el administrador único de la empresa adjudicataria tenía una incidencia judicial con la Administración Pública.
  • Resultado: el recurso fue inadmitido por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Element Alpha denunció que la situación judicial del grupo debía ser valorada en la adjudicación. La resolución no prosperó.

Fallo en la plataforma que afectó a Repsol

La licitación sufrió además un incidente técnico el último día de presentación de ofertas. Repsol intentó concurrir y no pudo completar los trámites.

  • Plazo oficial: hasta el 3 de marzo de 2021 a las 13:00 horas.
  • Notificación de Repsol: correo a las 13:09 manifestando su intención de presentar oferta.
  • Problema detectado: imposibilidad técnica para finalizar el envío de la propuesta.

El Ministerio de Defensa pidió un informe sobre la plataforma de contratación. La respuesta señaló que la plataforma no estuvo disponible entre las 12:00 y las 12:30 del mismo día.

Posteriormente, la Administración afirmó que entre las 12:30 y las 14:30 el sistema fue lento pero operativo, por lo que no amplió el plazo.

Fuentes jurídicas sostienen que, ante la constatación del fallo técnico, lo correcto habría sido prorrogar el plazo de presentación de ofertas.

La situación de Hamlyn fuera de España y la licencia de la operadora

El empresario Alejandro Hamlyn permanece fuera del país. Según el texto original, lleva un año fugado en Dubái.

En el sector petrolero existe preocupación por el hecho de que su operadora mantenga autorización para funcionar.

  • Sala que dictó la condena: la Audiencia Nacional.
  • Fecha de la condena citada: finales de noviembre de 2025.
  • Delito comunicado: fraude relacionado con hidrocarburos por 154 millones de euros.

La persistencia de la licencia durante la tramitación judicial y tras la resolución penal ha generado preguntas sobre el control regulatorio del sector.

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