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- Qué significa la cifra y a quiénes afecta
- Cómo se reparten las solicitudes por comunidades y centros
- Medidas internas para informar y facilitar el proceso
- El marco normativo que abrió la puerta
- Reacciones: preocupaciones policiales y postura del ministro
- Aspectos pendientes y transparencia de los datos
El Ministerio del Interior ha registrado un total de 291 solicitudes de regularización formuladas por reclusos extranjeros en las prisiones bajo su gestión, según la respuesta de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a una petición del Portal de Transparencia. La cifra corresponde a solicitudes presentadas al amparo del Real Decreto 316/2026 y tiene fecha de corte el 29 de julio de 2026.
Qué significa la cifra y a quiénes afecta
Las peticiones documentadas se refieren a personas que, en clave penitenciaria, figuran como internos preventivos. Es decir, son reclusos sin condena firme.
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En este grupo también se incluyen quienes han recibido una sentencia en primera instancia pero han presentado recurso. Legalmente, la ejecución de la pena no se inicia hasta que la resolución adquiere firmeza.
Instituciones Penitenciarias puntualiza que el registro aporta el número de solicitudes. No detalla, sin embargo, cuántas han sido concedidas, rechazadas o siguen en tramitación. Tampoco ofrece un desglose por nacionalidad ni por delitos imputados.
Cómo se reparten las solicitudes por comunidades y centros
La distribución territorial muestra concentraciones claras en varias provincias. Algunas comunidades y centros acumulan la mayor parte de las peticiones.
Provincias con más solicitudes
- Murcia: 46 solicitudes.
- Madrid: 43 solicitudes.
- Castellón: 38 solicitudes.
- Alicante: 34 solicitudes.
- Córdoba: 23 solicitudes.
- Canarias: 23 solicitudes.
Centros penitenciarios con mayor número
- Una prisión de Murcia concentra 38 peticiones.
- Un centro en Castellón registra 35 solicitudes.
- La cárcel de Córdoba aparece con 23.
- Un centro de Alicante acumula 20 demandas.
- El principal centro madrileño que consta en el informe suma 16 solicitudes.
Medidas internas para informar y facilitar el proceso
En abril, Instituciones Penitenciarias solicitó a los centros que informaran a todos los internos extranjeros sobre el procedimiento extraordinario de regularización. La instrucción incluía recomendaciones prácticas.
- Difundir información en los módulos penitenciarios.
- Facilitar la documentación necesaria para tramitar la solicitud.
- Prestar apoyo lingüístico cuando fuera preciso.
La comunicación se llevó progresivamente a todos los módulos. En mayo, medios comprobaron que la prisión de Zaragoza colocó carteles informativos. Estos indicaban dónde pedir datos y remitían a los educadores de módulo para resolver dudas.
El marco normativo que abrió la puerta
Las solicitudes se presentaron en virtud del Real Decreto 316/2026, que introduce cambios en el Reglamento de Extranjería, vigente desde 2000. El decreto habilita un procedimiento extraordinario para regularizar situaciones de extranjeros en España.
La orden ministerial establece criterios y plazos, pero deja en manos de otras administraciones la valoración de la idoneidad para conceder la residencia, según Instituciones Penitenciarias.
Reacciones: preocupaciones policiales y postura del ministro
La apertura del proceso para internos preventivos generó reacciones en distintos ámbitos. Organizaciones policiales expresaron su inquietud sobre el impacto en futuros procedimientos de expulsión.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) señaló la “contradicción” de otorgar residencia a personas en prisión provisional y advirtió que la medida podría complicar la ejecución de expulsiones posteriores.
Ante esas quejas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió la medida. Aclaró que quienes cuenten con antecedentes penales no podrán acogerse y que la Policía Nacional debe evaluar el historial de los aspirantes sin antecedentes para determinar riesgos sobre la seguridad pública.
Aspectos pendientes y transparencia de los datos
El informe obtenido por transparencia ofrece cifras globales, pero deja preguntas abiertas:
- No se especifica el número de resoluciones favorables o desfavorables.
- No hay desglose por nacionalidad ni por delitos imputados.
- La decisión final sobre concesiones compete a otros organismos ajenos a la administración penitenciaria.
La ausencia de ese detalle dificulta evaluar el alcance real del procedimiento y su impacto en la gestión penitenciaria y migratoria.
