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- Qué exige la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica
- Contratos bajo escrutinio y razones jurídicas
- El caso del Consulado en La Habana: cifras y contrato polémico
- Presión en Argentina: un millón de solicitudes en juego
- La Habana como segundo punto crítico
- Declaraciones y pasos administrativos previstos
- Impacto político y electoral que denuncia la asociación
Una asociación de memoria histórica ha vuelto a encender el debate sobre la llamada ley de nietos. Denuncia una apertura de la norma que, dicen, va más allá de los descendientes directos de exiliados y reclama la paralización de contratos en consulados clave. El pulso se concentra en Buenos Aires y La Habana, dos misiones diplomáticas con un enorme volumen de solicitudes de nacionalidad.
Qué exige la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica
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La entidad solicita medidas urgentes y revisiones formales ante la Administración. Sus peticiones buscan frenar lo que consideran una «nacionalización masiva» y clarificar responsabilidades.
- Revisión de oficio de la instrucción de noviembre de 2024 firmada por Sofía Puente.
- Suspensión cautelar de contratos con la empresa pública Ineco.
- Paralización de colaboraciones con una empresa estatal cubana implicada en la tramitación.
- Anulación del expediente de contratación nº 2024SWs00114.
Contratos bajo escrutinio y razones jurídicas
La asociación argumenta que reconocer la nacionalidad española es una competencia sensible. Por ello sostiene que solo los órganos del Registro Civil deben gestionar esos expedientes.
En su escrito dirigido a embajadas y consulados, piden que se congelen contrataciones, encomiendas y colaboraciones mientras el Ministerio de Justicia revisa la instrucción administrativa.
El caso del Consulado en La Habana: cifras y contrato polémico
El foco en Cuba incluye un contrato millonario adjudicado a una empresa pública local. La petición reclama transparencia total sobre ese procedimiento.
- Contrato adjudicado a Grupo PALCO por importe de 1,13 millones de euros.
- Objeto: suministro de personal para reforzar la tramitación de nacionalidades en el Consulado General de España en La Habana.
- Expediente reclamado para revisión: 2024SWs00114.
Documentación que exige la asociación
- Memorias justificativas y económicas.
- Informes jurídicos y de seguridad.
- Protocolos de protección de datos y control.
- Detalle de puestos, categorías y costes salariales.
- Mecanismos de supervisión y acceso a sistemas informáticos.
Presión en Argentina: un millón de solicitudes en juego
La demanda de nacionalidad por la ley de nietos ha colapsado varios consulados argentinos. La asociación señala esa congestión como motivo para exigir controles.
- Solicitudes en los cinco consulados argentinos: alrededor de 1 millón.
- Consulado General en Buenos Aires: 645.000 solicitudes registradas.
- Atendidas con documentación completa: unas 220.000.
- Citas o trámites pendientes en Buenos Aires: cerca de 425.000.
- Argentina concentra cerca del 40% de las solicitudes globales de esta ley.
La Habana como segundo punto crítico
En el Consulado de La Habana se han presentado también un volumen masivo de expedientes. La cifra coloca a la capital cubana como la segunda sede mundial por carga de trabajo.
- Solicitudes acumuladas en La Habana: alrededor de 350.000.
- Por volumen, solo supera a La Habana el Consulado de Buenos Aires.
Declaraciones y pasos administrativos previstos
Antonio Javier Campal Crespo, presidente de la asociación, ha reclamado transparencia y control. Afirma que actuarán por la vía administrativa y, si procede, por la jurisdiccional.
- Petición presentada el 28 de julio de 2026 ante el Ministerio de Asuntos Exteriores.
- Solicitud de inclusión de todo el expediente contractual en el procedimiento.
- Compromiso de acudir a los tribunales si se detectan irregularidades.
Impacto político y electoral que denuncia la asociación
Los críticos sostienen que la ampliación del alcance de la norma puede tener efectos electorales. Según la asociación, la instrucción de noviembre de 2024 abrió la puerta a descendientes de emigrantes económicos.
Por ello reclaman que se aclare el criterio de aplicación de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, que otorga la nacionalidad y el derecho al voto a descendientes de quienes salieron de España entre 1936 y 1955.
