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El ministro de Justicia, Félix Bolaños, reclamó de nuevo la reforma de la figura de la acusación popular. Durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros alertó sobre el uso que grupos de extrema derecha hacen de esta herramienta procesal. Sus palabras conectaron con encuestas que muestran inquietud ciudadana sobre el funcionamiento de los tribunales.
Por qué el Ejecutivo quiere limitar la acusación popular
Bolaños defendió que la acusación popular, tal como existe ahora, puede ser explotada con fines políticos. Señaló que se permite a organizaciones con una agenda ultraderechista presentar querellas sin base sólida. Según el ministro, muchas de esas denuncias acaban sin efecto, pero causan daño reputacional.
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- Uso político: presentación de querellas para presionar a adversarios.
- Falta de fundamento: basadas en recortes de prensa o rumores.
- Consecuencias: desgaste de instituciones y pérdida de confianza pública.
Qué cambios propone la reforma penal
El Gobierno plantea alterar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para poner límites a la acusación popular. El objetivo es evitar la instrumentación política de procesos penales. La reforma busca que solo quien tenga un interés jurídico acreditado pueda impulsar determinadas acusaciones.
- Exigir una base probatoria mínima antes de admitir querellas.
- Reducir la capacidad de organizaciones sin legitimidad para personarse.
- Proteger a ciudadanos de acciones judiciales que persigan fines políticos.
Acusaciones sobre partidos y judicialización de la política
En su intervención, Bolaños responsabilizó a Vox y al PP de fomentar esa práctica. Afirmó que ciertas formaciones colaboran o financian colectivos que impulsan querellas contra adversarios políticos. Para el ministro, esto equivale a «judicializar la política».
Insistió en que la modificación legal pretende, además de corregir abusos, frenar la estrategia de convertir disputas políticas en litigios penales.
Casos que han avivado el debate público
Familia del presidente y querellas mediáticas
El ministro recordó denuncias que involucraron a allegados del presidente del Gobierno. Manifestó que muchas querellas se sustentaron en recortes de prensa y bulos. Estas actuaciones, añadió, no siempre tenían recorrido jurídico.
Imputación de Begoña Gómez y críticas al juez
Bolaños cuestionó la instrucción en la que el juez Juan Carlos Peinado imputó por malversación a Begoña Gómez. Dijo que en ese expediente no se ofreció a la Administración perjudicada la oportunidad habitual de personarse. Para el ministro, esa omisión resulta llamativa cuando se investigan daños a fondos públicos.
El caso Zapatero y la actuación de la Abogacía del Estado
En el asunto del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la Audiencia Nacional abrió diligencias por hallazgos de objetos de alto valor. La Abogacía del Estado fue invitada a personarse en representación de la Agencia Tributaria. Bolaños calificó esa actuación de «absolutamente normal», conforme a la ley y a la práctica habitual.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, añadió que Zapatero tiene derecho a defenderse y que se deben respetar sus tiempos procesales.
Impacto en la confianza en la Justicia
Las encuestas recientes señalan desconfianza ciudadana en los tribunales. El ministro vinculó esa percepción, en parte, al uso espurio de la acusación popular. Aseguró, no obstante, su «confianza absoluta» en el sistema judicial y dijo confiar en que las resoluciones acabarán ajustando la razón pública.
- Percepción pública afectada por casos mediáticos.
- Necesidad de proteger la integridad institucional.
- Reforma como vía para recuperar legitimidad.
