Plus Ultra: pilotos en prácticas realizaron vuelos comerciales durante más de dos años

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Una investigación por parte de la Guardia Civil sitúa a Plus Ultra en el centro de un presunto fraude operativo que habría permitido a pilotos en fase de prácticas asumir funciones reservadas a personal plenamente cualificado. Fuentes cercanas al caso describen una conducta repetida y con consecuencias legales y de seguridad aeronáutica.

Práctica denunciada: pilotos en prácticas al mando

Según las pesquisas, la aerolínea habría utilizado durante más de dos años a miembros en formación como si fueran tripulantes plenamente acreditados. Esta maniobra afectó especialmente a vuelos de largo radio.

  • Periodo estimado: desde febrero de 2023 hasta mediados de 2025.
  • Tipo de operaciones: rutas transoceánicas con turnos de descanso entre tripulaciones.
  • Consecuencia práctica: pilotos en fase Lifus ocupando puestos que, por normativa, requieren personal certificado.

Qué implica volar bajo supervisión (LIFUS) y la normativa

Concepto y límites

El sistema LIFUS (Line Flying Under Supervision) permite completar la formación en vuelo. Durante ese periodo, el piloto debe volar siempre acompañado por un instructor.

La legislación europea y la AESA no consideran a estos pilotos como titulares. Tampoco pueden sustituir al comandante para dirigir un avión.

Pruebas que apoyan la investigación

Los agentes han recopilado documentación que apunta a irregularidades en la asignación de tripulaciones.

  • Cuadrantes donde aparecen pilotos identificados como en formación y asignados como relevo.
  • Registros de vuelos en los que el personal cualificado figuraba en su periodo de descanso.
  • Firmas y autorizaciones remitidas por el responsable de operaciones de vuelo.

Esos documentos sitúan a dicho responsable como quien aprobó planes y asignaciones. Para los investigadores, su papel habría sido clave desde el punto de vista administrativo y penal.

Riesgos para pasajeros y sanciones legales

Poner al mando a alguien sin la debida acreditación supone un riesgo directo para la operación. Fuentes de la investigación alertan del peligro que esto representa.

  • Posible infracción muy grave contra la ley de Seguridad Aérea.
  • Delito contra la seguridad del tráfico aéreo, según el Código Penal, artículo 385.
  • Responsabilidad civil de la compañía frente a pasajeros y tripulación.

En términos prácticos, un piloto sin la cualificación exigida no solo incumple la normativa. También puede poner vidas en riesgo en rutas de larga distancia.

Incentivos económicos detrás del presunto esquema

Las fuentes consultadas señalan un motivo claro: ahorro de costes. Emplear menos tripulantes reduce salarios y gastos logísticos.

  • Hoteles y dietas evitadas al reducir la plantilla por vuelo.
  • Operaciones transoceánicas realizadas con tres pilotos, cuando la práctica exige cuatro.
  • Autorización a copilotos en fase de instrucción para relevar a comandantes durante su descanso.

Ese ahorro económico habría sido la razón para sostener la práctica de forma continuada, según las mismas fuentes.

Vuelos concretos incluidos en la investigación

La Guardia Civil investiga varios trayectos de los que se extraen incidencias relevantes. En algunos casos, se produjo un aterrizaje con sobrepeso.

  1. Caracas–Madrid, enero de 2023: aterrizaje de emergencia en Tenerife.
  2. Madrid–Malabo, noviembre de 2023: vuelo incluido en la carpeta de investigación.
  3. Madrid–Bogotá, agosto de 2024: registro de sobrepeso al aterrizar.

Tras esos sucesos, según la denuncia, la empresa habría ordenado alterar o ocultar documentación de los vuelos.

Órdenes internas y ocultación de datos técnicos

Entre las pruebas, consta que el responsable de operaciones habría instruido para no dejar constancia oficial del aterrizaje en sobrepeso.

Ocultar ese registro impide que el área de mantenimiento aplique los protocolos reforzados. Así, una aeronave afectada volvió a operar sin la revisión que marca la normativa.

Contexto: rescate y relaciones públicas

Plus Ultra recibió un rescate del Gobierno en marzo de 2021. Desde entonces, su trayectoria ha estado en el foco por motivos administrativos y operativos.

Fuentes judiciales y policiales también analizan conexiones entre esa red de operaciones y movimientos económicos vinculados a terceros.

Qué buscan ahora los investigadores

  • Determinar si hubo delitos de falsificación documental.
  • Comprobar la comisión de infracciones a la seguridad aérea.
  • Identificar a quienes dieron las órdenes y su grado de responsabilidad.

La fiscalía y la Guardia Civil examinan la cadena documental y los cuadrantes para definir responsabilidades.

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