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La comunidad saharaui vuelve a denunciar una sensación de abandono por parte de España. Tras décadas de reclamaciones y recursos judiciales, muchos saharauis creen que las últimas medidas migratorias y de nacionalidad les dejan fuera. La aprobación reciente de un real decreto de regularización ha reavivado la polémica. El conflicto mezcla historia, derecho y política exterior.
El real decreto y quién queda excluido
El Gobierno aprobó una vía de regularización extraordinaria destinada a personas en situación irregular. La norma pretende regular a quienes pidieron asilo antes de 2024 o estuvieron en España antes del 1 de enero de ese año. Se valoran factores como empleo, familiares en España o circunstancias de vulnerabilidad.
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Sin embargo, el texto excluye expresamente a los apátridas. Esa categoría incluye a muchos saharauis, que suelen figurar como personas sin nacionalidad. El Consejo de Estado aconsejó retirar a los solicitantes de apatridia del alcance de la norma. Su argumento: ya existe un marco jurídico específico para esa condición.
Ante la exclusión, las reclamaciones saharauis interpretan la decisión como una injusticia. Algunos colectivos creen que la política española prioriza otros intereses diplomáticos, en especial las relaciones con Marruecos.
Antecedentes históricos y conexión con España
El vínculo entre el Sáhara Occidental y España no es reciente. Entre 1958 y 1976, esa zona figuró administrativamente como provincia española. Sus habitantes tuvieron documentos españoles y acceso a servicios educativos y administrativos.
Transformación tras 1975
La situación cambió rápidamente a finales de 1975. La Marcha Verde y los acuerdos de entonces alteraron la soberanía de facto. Muchos habitantes perdieron la nacionalidad y quedaron bajo la jurisdicción de nuevos poderes.
Vínculo invocado por reclamantes
Quienes solicitan la nacionalidad argumentan dos puntos clave:
- haber nacido en territorio bajo administración española;
- amparo del artículo 17.1.c del Código Civil, que protege a quienes nacen sin una nacionalidad asignada por sus progenitores.
A pesar de estas alegaciones, los tribunales han rechazado numerosas solicitudes. Se estiman en decenas de miles los casos que no han prosperado.
Batallas legales y intentos legislativos
Organizaciones y despachos han llevado la causa por vías judiciales y políticas. Uno de los bufetes más relevantes asumió varios recursos en nombre de afectados.
Tras fallos contrarios en los tribunales, los defensores exploraron una alternativa parlamentaria. Presentaron una proposición de ley destinada a reparar la situación. El impulso legislativo está estancado en el Congreso.
En 2020, el Tribunal Supremo fijó una doctrina relevante. Confirmó la interpretación que limita el acceso a la nacionalidad a quienes alegan haberse nacido bajo administración española en el Sáhara Occidental. Esa sentencia frenó expectativas entre los reclamantes.
El coste humano: historias que reclaman reconocimiento
Detrás de las cifras hay identidades y recuerdos. Muchos saharauis nacidos durante la administración española mantienen vínculos culturales y sociales con España. Se educaron en colegios con enseñanza en español y algunos trabajaron bajo la administración anterior.
“Nos sentimos abandonados”, repiten voces del colectivo. Para ellos, la negación jurídica choca con su memoria personal y con documentos históricos que acreditan su relación con España.
Comparativa con otros grupos que sí obtuvieron la nacionalidad
La percepción de agravio se alimenta al comparar casos resueltos favorablemente.
- Programa para sefardíes: la medida de 2015 permitió la nacionalidad a miles de descendientes de judíos sefardíes.
- Ley de Memoria Democrática: abrió vías excepcionales para hijos y nietos de exiliados por razones políticas. Muchas solicitudes se tramitaron de forma prioritaria.
Los números ilustran la diferencia:
- 72.297 personas obtuvieron la nacionalidad por la vía sefardí.
- En el marco de la memoria histórica, se han registrado más de 1,1 millones de solicitudes hasta febrero.
- De esas, se han aprobado 521.297 peticiones, con 292.944 inscritos y otras 632.670 pendientes.
- Solo alrededor de un 1% de las solicitudes ha sido denegado.
La diferencia de trato aparente alimenta el debate público. Los saharauis exigen una respuesta comparable, especialmente por su pasado administrativo con España.
Reacciones institucionales y el factor diplomático
El Ejecutivo sostiene que los apátridas cuentan con un marco jurídico propio. Desde el Gobierno se remarca la existencia de instrumentos específicos para su protección.
Pero en el terreno político y diplomático pesa la relación con Marruecos. Expertos consultados alertan que una solución plenamente satisfactoria pasa por una decisión de alcance político. Y los lazos exteriores complican esa vía.
