El PP pedirá en el Parlamento, Ayuntamientos y Diputación, medidas de ayuda y asesoramiento para las familias con problemas para pagar las hipotecas

Desde 2008 en la provincia de Almería ha habido 11.213 ejecuciones hipotecarias

Los parlamentarios andaluces del PP han presentado en rueda de prensa las medidas que desde el partido van a llevar a cabo para ayudar a aquellas personas que como consecuencia de la crisis han perdido su vivienda o están a punto de tener que dejar sus casas asfixiadas por la hipoteca. Concretamente han anunciado que se van a presentar iniciativas en el Parlamento Andaluz y que se van a presentar mociones en todos los Ayuntamientos de la provincia y en la Diputación con el fin de intentar evitar que las familias con menos recursos pierdan su vivienda, y que en el caso de que ocurra, con entregarla al banco quede saldada su deuda.

 

Rosalía Espinosa ha recordado como el 10 de marzo de este año, el Gobierno de Rajoy aprobó el Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de Medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, con el fin de “paliar la situación que sufren los colectivos más afectados por la crisis económica, y equilibrar el esfuerzo que se está exigiendo a la sociedad española para superar la crisis económica”.

 

Para la parlamentaria andaluza el problema es “muy grave” como así se demuestra si tenemos en cuenta que “desde 2008 en España ha habido 323.481 ejecuciones hipotecarias, en Andalucía 63.468 y en Almería 11.213”, y tampoco podemos olvidarnos de las casi 400.000 familias sin recursos que hay en Andalucía, de ahí que el Gobierno de Rajoy aprobara el Real Decreto en el que se recogen medidas como la moderación de los intereses moratorios desde el momento en que se acredite ante el banco estar en el umbral de exclusión; reformas de varias leyes como la del IRPF o Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o Actos Jurídicos Documentados; además de un Código de Buenas Prácticas bancarias de aplicación sólo a las familias que estén en el umbral de exclusión.

 

Sobre el Código de Buenas Prácticas ha señalado que en él se recogen tres fases que tienen que aplicar obligatoriamente los bancos una vez que suscriben la aplicación del Código: la primera es la de la reestructuración de la deuda para hacerla viable mediante la aplicación de una carencia de amortización de 1 a 4 años, la reducción del tipo de interés aplicable, o la ampliación del plazo de amortización hasta los 40 años; la segunda fase es la de medidas complementarias que suponen una quita de hasta el 25% para las familias cuya cuota mensual siga superando el 60% de los ingresos familiares; y la tercera fase sería la Dación en Pago de la vivienda habitual a cambio de que la deuda quede totalmente saldada.

 

Para Rosalía Espinosa la principal crítica que ha tenido este Código de Buenas Prácticas, que es que su aplicación por parte de los bancos era voluntaria, ha quedado en entredicho, sobre todo si tenemos en cuenta que más del 90% de los bancos lo han suscrito y ya es de aplicación obligatoria.

 

Por último ha recordado que cualquier ciudadano al que el Banco no le respete las medidas del Código de Buenas Prácticas, puede acudir al Banco de España a presentar una reclamación porque hay una Comisión de Control y se multaría a los Bancos que lo incumplieran.

 

La Junta ha obviado sus competencias

 

Por su parte, el parlamentario andaluz Miguel Ángel Castellón ha exigido al Gobierno Andaluz que se sume a los esfuerzos que el Gobierno de España está haciendo en esta materia, ya que según ha dicho, “la situación es muy complicada y Andalucía es la punta de lanza en cuanto a ejecuciones hipotecarias pues ronda el 9,7% de todas las ejecuciones hipotecarias presentadas en España, y entre el año 2007 y 2010 se incrementaron en la CCAA un 290%”.

 

Castellón ha señalado que hay mucho almerienses que están enormemente preocupados porque no pueden hacer frente a sus hipotecas, y ha pedido al Gobierno Andaluz que de igual forma que el Gobierno de Rajoy está tomando medidas, ellos también se impliquen porque la Junta es la que tiene las competencias en esta materia.

 

“La situación es de emergencia social, por eso hay que tomar medidas urgentes, sin embargo, el Gobierno del bipartito prefiere mirar hacia otro lado y dejar abandonadas a aquellas familias que han tenido que dejar sus casas por no poder pagar la hipoteca”, ha dicho.

 

Por último, Miguel Ángel Castellón ha recordado que el PP presentó una PNL en el mes de mayo en el Parlamento, a la que PSOE e IU votaron en contra, en la que se instaba a la Junta a tomar una serie de medidas en materia de ejecución hipotecara como articular un servicio de asesoramiento para las familias que tienen dificultades; establecer un servicio de mediación entre las entidades financieras y las familias; que la Junta priorice el parque de vivienda social y protegido para las familias que se han quedado sin vivienda; y establecer procedimientos de recompra.

 

“Con su voto en contra el gobierno del bipartido ha demostrado su nulo compromiso con los más desfavorecidos, con los que no pueden pagar y se ven abocados a abandonar su casa”, ha concluido.

 

Mociones en Ayuntamientos y Diputación

 

Finalmente, la parlamentaria andaluza Aránzazu Martín ha señalado que el PP va a presentar una moción en todos los Ayuntamientos y en la Diputación Provincial sobre la Protección y ayuda en caso de deudas hipotecarias y desahucios de viviendas habituales en familias sin recursos.

 

Martín ha señalado que desde el PP esperan el apoyo de todos los grupos políticos por tratarse de medidas buenas para aquellas personas que lo están pasando muy mal como consecuencia de la crisis, y que por no poder hacer frente a sus préstamos hipotecarios se ven abocados a tener que dejar su hogar.

 

Por último ha criticado la “incongruencia del bipartido” en el Parlamento, que no dudó en votar en contra de una iniciativa buena para aquellas familias con más problemas y para familias desahuciadas, y ha pedido a IU y PSOE que “si quieren demostrar que son sensibles a los Asuntos Sociales, lo hagan con hechos y apoyen las iniciativas del PP”.

 

Aránzazu Martín ha finalizado asegurando que muy pronto el Ayuntamiento de Almería y la Diputación van a firmar un convenio con el Colegio de Abogados para llegar a familias con problemas de desahucio y prestarles un servicio de apoyo jurídico.