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- Responsabilidad política y trámite administrativo
- Pliegos y comunicación con intermediarios
- Cómo transcurrió la subasta pública
- Participantes, propuesta de la mesa y remisión del expediente
- Decisión final y cifra adjudicada
- Alegaciones sobre una comisión durante la negociación
- Aspectos legales sobre delegación y firma de actos
- Puntos pendientes y posibles investigaciones
Una venta inmobiliaria estatal en Madrid ha puesto en el centro del debate a la exministra de Hacienda. Documentos oficiales y fuentes administrativas apuntan a su intervención en la operación de un edificio en la calle María de Molina. Las piezas del expediente y el testimonio de un intermediario plantean dudas sobre posibles condiciones no declaradas en el proceso.
Responsabilidad política y trámite administrativo
Los papeles del expediente describen cómo la adjudicación dependía, de forma directa, del Ministerio de Hacienda. Aunque figuras delegadas firmaron resoluciones, la decisión final se atribuye al titular del departamento.
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En el texto administrativo se indica que la adjudicación debía formalizarse mediante una orden ministerial. Por ello, fuentes consultadas subrayan que, desde el punto de vista jurídico, el acto remite al titular del ministerio.
María Jesús Montero aparece vinculada al proceso por esa atribución de competencias y por la ruta administrativa seguida en la tramitación.
Pliegos y comunicación con intermediarios
El pliego de condiciones que reguló la venta fue remitido a agentes interesados. Un representante de la Administración envió la documentación a un intermediario que quería participar en la compra.
- El pliego establece requisitos de participación.
- Incluye obligaciones de control para prevenir blanqueo de capitales.
- Detalla la evaluación de la documentación técnica y económica.
Ese material documental es central para entender cómo se condicionó la competencia entre ofertas y qué garantías se exigieron.
Cómo transcurrió la subasta pública
El inmueble salió a subasta en tres ocasiones: 2019, 2021 y 2023. Fue en la última convocatoria cuando se constituyó formalmente la mesa de subasta.
Composición y funciones de la mesa
- Presidencia: delegado especial de Economía y Hacienda en Madrid.
- Vocales: representante de la Abogacía del Estado.
- Intervención y jefe de servicio de la delegación.
La mesa examinó dos sobres: el administrativo y el económico. Primero se verificaron los requisitos y después se abrieron las ofertas.
Tras ese examen, se hicieron públicas las propuestas admitidas y se excluyeron candidaturas que no cumplían los criterios del pliego.
Participantes, propuesta de la mesa y remisión del expediente
Varias empresas superaron la fase administrativa. Entre ellas figuraron sociedades de inversión y fondos con trayectoria en activos urbanos.
- Grupo Whiteni Socimi S.A.
- Nescaleo S.L.U.
- Barnaby Investments (Grupo Lar)
- Rainforest Capital Partners S.L.
- Conren Tramway Doce S.L.U.
- Tomaleta Servicios y Gestiones S.L.
La mesa formuló una propuesta favorable a Barnaby Investments, perteneciente al Grupo Lar. Esa recomendación generó objeciones entre otros aspirantes.
No obstante, la propuesta de la mesa carecía de carácter vinculante. El expediente siguió su curso administrativo hasta llegar a la Subdirección General del Patrimonio del Estado.
Decisión final y cifra adjudicada
La resolución definitiva recayó en el órgano de contratación correspondiente. Fuentes consultadas indican que la elección del ganador fue atribuida finalmente a la ministra.
El adjudicatario resultó ser el Grupo Lar. Su oferta alcanzó los 204.700.013 euros. Esa cantidad superó en casi 49 millones el precio mínimo fijado y rebasó la valoración de la subasta de 2019.
Alegaciones sobre una comisión durante la negociación
Un empresario que actúa como intermediario en grandes transacciones inmobiliarias aportó un testimonio relevante. Pide anonimato por miedo a repercusiones profesionales.
Según su relato, a cambio de avanzar en la operación se le planteó una condición: pagar una comisión del 3% del importe. El intermediario asegura que esa cantidad estaría destinada a «un primo» de la ministra.
El testigo afirma que rechazó la exigencia. Como consecuencia, la negociación con su cliente no prosperó y la compraventa no se formalizó por esa vía.
Aspectos legales sobre delegación y firma de actos
Fuentes del sector público recuerdan que la delegación de firma es habitual. Sin embargo, cuando un cargo delegado firma en nombre del ministro, el acto se sigue considerando emanado del titular del departamento.
Ese principio administrativo explica por qué se atribuye la decisión final al Ministerio de Hacienda, aunque la rúbrica conste a nombre de otro responsable.
Puntos pendientes y posibles investigaciones
El expediente y las declaraciones plantean preguntas sobre transparencia y controles en ventas patrimoniales. Documentos internos y testimonios podrían motivar aclaraciones oficiales.
- Verificación de la cadena documental del expediente.
- Comprobación de condiciones informales en negociaciones.
- Revisión del cumplimiento de la normativa anti-blanqueo.
