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- Qué ordenó el Tribunal Supremo y por qué se pidieron los informes
- Solicitud de acceso y la decisión administrativa
- Motivos legales que invoca el ministerio
- Aspectos de transparencia y privacidad en tensión
- Qué contiene la resolución y cómo lo justifica el ministerio
- Repercusiones y preguntas abiertas
- Actores implicados y posible evolución del caso
El conflicto sobre la atención a menores extranjeros no acompañados en Canarias suma un nuevo capítulo. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha rechazado facilitar los informes quincenales que el Tribunal Supremo ordenó confeccionar, según una resolución de transparencia a la que ha accedido THE OBJECTIVE. La negativa abre un debate sobre acceso a la información, protección de la infancia y el margen legal en procesos judiciales.
Qué ordenó el Tribunal Supremo y por qué se pidieron los informes
En 2025, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo obligó al Estado a adoptar medidas para que los menores no acompañados solicitantes de asilo en Canarias pudieran incorporarse al sistema estatal de acogida. Como parte de ese mandato, el Alto Tribunal solicitó informes periódicos para conocer la situación de esos jóvenes y los traslados que se realizaron.
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Esos documentos debían servir para supervisar el cumplimiento del fallo judicial y para ofrecer una fotografía actualizada sobre la gestión de la llegada de menores al archipiélago.
Solicitud de acceso y la decisión administrativa
El 4 de septiembre de 2025 se presentó una petición formal para obtener los informes elaborados hasta la fecha sobre los menores extranjeros no acompañados en Canarias. La petición se tramitó al amparo de la Ley de Transparencia.
La Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional examinó la solicitud y optó por denegarla. El ministerio argumenta que los documentos están vinculados a un procedimiento judicial en curso y, por tanto, no son divulgables.
Motivos legales que invoca el ministerio
- Riesgo de perjudicar la igualdad de las partes: el Gobierno alude al límite previsto por la normativa que permite restringir información si su difusión afecta a la paridad procesal.
- Protección del interés superior del menor: se sostiene que revelar datos sobre traslados o ubicaciones puede poner en peligro la seguridad y el bienestar de personas vulnerables.
- Carácter de información vinculada a litigio: el ministerio considera que los informes formaron parte de la documentación remitida al Tribunal Supremo.
Aspectos de transparencia y privacidad en tensión
La resolución plantea un choque entre dos principios: el derecho a la información pública y la obligación de proteger a menores en situación de vulnerabilidad. Ambos argumentos tienen respaldo jurídico y ético, pero entran en conflicto cuando la apertura informativa puede poner en riesgo a personas protegidas por el sistema de acogida.
Expertos en derecho administrativo señalan que la Ley de Transparencia contempla excepciones para casos que puedan afectar la tutela judicial efectiva o la seguridad de terceros. Sin embargo, también recuerdan que la limitación debe estar motivada y proporcionada.
Qué contiene la resolución y cómo lo justifica el ministerio
Según la resolución consultada, el ministerio aclara que los informes se elaboraron con la finalidad de responder a las exigencias del Tribunal Supremo en el marco del litigio con la Comunidad Autónoma de Canarias. Por ello, afirma que su difusión pública podría perjudicar el proceso judicial.
Además, el documento añade que la publicidad de ciertos datos operativos —como el lugar o el calendario de traslados— podría vulnerar medidas de protección diseñadas para menores solicitantes de protección internacional.
Repercusiones y preguntas abiertas
La negativa a publicar estos informes insufla incertidumbre sobre el grado de transparencia en la gestión de la acogida. También plantea preguntas sobre cómo equilibrar el control público con la confidencialidad necesaria para garantizar la seguridad de los menores.
- ¿Hasta qué punto debe primar la protección sobre la transparencia?
- ¿Qué criterios evaluará un juez si se recurre la denegación?
- ¿Cómo se pueden ofrecer datos que informen sin poner en riesgo a los menores?
Actores implicados y posible evolución del caso
En el conflicto están involucrados el Ministerio que dirige Elma Saiz, el Tribunal Supremo y las autoridades canarias. Organizaciones sociales y medios han mostrado interés en conocer los informes para evaluar la gestión de la crisis migratoria en el archipiélago.
Si la resolución administrativa fuera recurrida, el asunto podría volver a los tribunales, donde se decidirá el alcance de la excepción por motivos judiciales y de protección de la infancia.
