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La Policía Nacional enfrenta una debilidad estructural que, según voces internas, impide investigar con independencia a quien controla la maquinaria disciplinaria. Ese punto ciego emerge cuando la persona objeto de una indagación forma parte de la cadena que debería conocerla. El caso que involucra a altos mandos y una inspectora que denunció una presunta agresión sexual revela fallos en protocolos, control de plazos y posibles interferencias internas.
Cómo opera el circuito de investigación interna y dónde falla
En teoría, Asuntos Internos puede actuar de oficio y derivar indicios graves a la Justicia. En la práctica, el proceso suele transitar por la jerarquía. Un agente informa a su superior; el jefe de Asuntos Internos eleva la notificación al DAO; y así se coordina la intervención. Ese mecanismo busca orden y previsibilidad.
- Asuntos Internos inicia diligencias internas.
- Si hay sospechas de delito, puede remitir el caso a la Fiscalía o a la autoridad judicial.
- En detenciones, el DAO coordina el despliegue con las unidades locales.
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El problema aparece cuando el investigado está en la cúpula. El sistema no prevé que el propio DAO sea objeto de la investigación. Según ex responsables y mandos, esa omisión transforma la cadena de mando en un mecanismo que, lejos de proteger la integridad del proceso, facilita la ocultación de indicios.
La denuncia de la inspectora: ausencia de protocolo aplicado
Una inspectora que declaró haber sufrido una presunta agresión sexual dejó su puesto el 28 de julio de 2025. A partir de ese momento debía activarse un protocolo sociosanitario. Fuentes internas detallan los pasos que no se dieron.
Pasos previstos que no se cumplieron
- Convocatoria inmediata por el servicio sociosanitario para valoración.
- Entrevista con psicólogos especializados.
- Recogida de informes médicos y elaboración de expediente.
- Elevación del caso a unidades competentes o a la autoridad judicial si se apreciaban indicios.
En este expediente no hubo seguimiento. No se practicó la entrevista psicológica ni la valoración médica necesaria. El expediente quedó en manos del servicio sociosanitario y, según el abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, no hubo atención médica ni psicológica en los seis meses hasta la presentación de la querella el 9 de enero. Voces del Cuerpo sostienen que se buscó deliberadamente frenar el proceso, dejando que el tiempo diluyera las obligaciones administrativas y disciplinarias.
Quién manejó los plazos y la influencia interna
Fuentes consultadas señalan al inspector C. G., jefe de Servicios Sanitarios, como pieza central en la tramitación —o paralización— de bajas médicas y psicológicas. Le atribuyen capacidad para demorar citaciones y para controlar el flujo de expedientes sensibles.
Además, en el centro de esta tensión institucional aparece la figura de Gema Sanz, responsable de la Unidad de Asuntos Internos. Sanz es la esposa del comisario Javier Galván, promovido durante la etapa de José Ángel González al frente del DAO. Galván dirigió Asuntos Internos antes de su ascenso como jefe superior en Madrid. Tras su salida, la jefatura recayó en Sanz, un dato que, en opinión de varios mandos, complica la independencia de la investigación cuando la sospecha apunta hacia la cúspide.
Consecuencias prácticas de la concentración de poder
- El expediente no escaló a órganos con poder real de investigación.
- Se apunta a una proximidad entre responsables sanitarios y la cúpula operativa.
- La cadena jerárquica funcionó como alerta temprana para quienes podían verse investigados.
Quienes conocen la operativa interna advierten que, incluso con diligencias abiertas, la información circula hacia el DAO. Cuando la sospecha alcanza a la dirección, la unidad encargada de fiscalizar depende orgánicamente de quien debería ser investigado. Eso, sostienen varios ex responsables, desactiva el cortafuegos necesario para una investigación imparcial.
Reacciones internas y demandas de reforma en la Policía Nacional
Mandos con experiencia en Asuntos Internos y antiguos responsables de la DAO coinciden en la necesidad de cambios. Reclaman un modelo que garantice autonomía operativa y confianza entre los agentes. La pregunta que traspasa despachos y pasillos es directa: si la información siempre pasa por arriba, ¿quién se atreve a denunciar?
- Propuestas de blindaje legal para Asuntos Internos.
- Mecanismos externos de supervisión para casos que afecten a la alta dirección.
- Protocolos de actuación rápidos y transparentes para víctimas dentro del cuerpo.
La polémica no gira sólo en torno a nombres concretos. Afecta a la capacidad del sistema para investigarse a sí mismo. Varias voces insisten en que sin reformas no solo se pierde eficacia, sino también la credibilidad interna y pública. La falta de un cortafuegos real es, para muchos, la vulnerabilidad más urgente de corregir.
