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Frente a las informaciones que relacionan a José Luis Rodríguez Zapatero con un supuesto pago para mediar por intereses empresariales en Bolivia, el expresidente Luis Arce negó cualquier trato judicial sobre el caso y calificó las imputaciones como infundadas.
Arce: no hubo negociación judicial con Zapatero
El exmandatario aseguró que no negoció litigios de SOBOCE con el exlíder socialista. Rechazó además haber facilitado beneficios a la Sociedad Boliviana de Cementos (SOBOCE) o a otra empresa privada.
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Arce recordó que su vínculo con Zapatero fue de carácter estrictamente institucional y político. Afirmó que sus últimos intercambios formaron parte de gestiones dentro del Grupo de Puebla
- La reunión en La Paz, en 2024, se centró en la crisis interna del Movimiento al Socialismo (MAS).
- Según Arce, las conversaciones trataron sobre unidad del movimiento y posiciones internas, no sobre pleitos comerciales.
Qué señala la UDEF sobre las conversaciones y el pago
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) remitió al juez del caso Plus Ultra intervenciones telefónicas que, según los investigadores, apuntan a gestiones de Zapatero para contactar con autoridades bolivianas.
Detalles que destacan los investigadores
- Se menciona un pago de aproximadamente 200.000 euros entre 2024 y 2025.
- Los investigadores sostienen que el cobro se justificó con un contrato simulado a través de una sociedad interpuesta.
- La firma utilizada habría sido Focus Social Research, presentada como prestadora de servicios de asesoría.
- Se vincula la documentación con intentos de concertar reuniones entre directivos del Grupo Gloria y autoridades bolivianas.
El conflicto entre SOBOCE y FANCESA: antecedentes legales
El pleito en Bolivia tiene antecedentes que, según Arce, no se originaron durante su gestión. En noviembre de 2023 la Corte Permanente de Arbitraje determinó que no tenía jurisdicción para conocer una reclamación de USD 269,4 millones.
La decisión se apoyó en la consideración de que SOBOCE era una empresa local y no un inversionista extranjero, en términos del tratado bilateral Perú-Bolivia.
- Ese fallo cerró una vía arbitral pero no resolvió la controversia sobre compensaciones por la expropiación de acciones de FANCESA.
- Arce indicó que el caso sigue su curso legal y que, desde julio de 2025, está en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.
- Negó que se haya autorizado algún desembolso en favor de SOBOCE relacionado con ese litigio.
Personas y empresas señaladas en la pesquisa
Los documentos de la UDEF aluden a directivos del Grupo Gloria y a intermediarios. Entre los nombres aparecen Ana María Ospina y Carmen Almendras.
- Ana María Ospina: ejecutiva del Grupo Gloria, vinculada al contrato que habría legitimado el pago.
- Carmen Almendras: fue embajadora de Bolivia en España entre 2007 y 2015; Arce afirma que no integró su gobierno.
Los investigadores sostienen que la actuación incluyó la suscripción de un contrato con una sociedad instrumental para justificar la contraprestación económica.
La postura pública de Arce sobre la investigación
El exgobernante, en prisión preventiva desde diciembre por causas distintas, pidió que el proceso se ajuste a normas internacionales y a la Constitución boliviana.
Exigió una pesquisa imparcial y respetuosa con la presunción de inocencia. Subrayó que corresponde evitar conclusiones adelantadas con fines políticos.
- Solicitó investigación objetiva y transparente.
- Reiteró su disposición a colaborar con cualquier autoridad judicial.
- Afirmó no haber huido y no tener nada que ocultar.
Vínculos políticos y alcance de las pruebas
La documentación incautada incluye decenas de conversaciones entre Zapatero y su secretaria, que los agentes interpretan como intentos de mediación.
Los fiscales han vinculado esos diálogos a los supuestos movimientos financieros y a la estrategia de intermediación a favor del Grupo Gloria.
El juez encargado del caso, de la Audiencia Nacional, recibe ahora los informes para determinar si existen indicios suficientes que conecten los hechos con responsabilidades penales.
