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- Solicitud oficial: documentos y responsables de los dictámenes
- Qué persigue la Fiscalía Anticorrupción en esta fase
- La intervención de la Guardia Civil y el papel de la UCO
- Empresas y personas que aparecen en la trama
- Funcionarios y cargos públicos señalados
- El supuesto mecanismo: favores a cambio de contraprestaciones
- Pruebas, trámites y siguientes pasos procesales
El magistrado que instruye el conocido como caso Koldo ha ordenado nuevas diligencias que ponen en el foco la gestión de contratos de obra pública en el Ministerio de Transportes. La medida amplía la investigación y recluta a la Guardia Civil para revisar documentación oficial clave.
Solicitud oficial: documentos y responsables de los dictámenes
En un auto firmado por el juez Ismael Moreno, la Audiencia Nacional reclama al Consejo de Obras Públicas —dependiente del Ministerio de Transportes— la remisión urgente de la documentación vinculada a las obras objetadas.
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El requerimiento incluye, de forma concreta, copia de los dictámenes incorporados a los expedientes y la identificación de los funcionarios que participaron en su elaboración. El juez solicita esta información con carácter prioritario para facilitar el avance de la causa.
Qué persigue la Fiscalía Anticorrupción en esta fase
La petición se formalizó a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. Fuentes judiciales explican que la documentación es considerada útil y pertinente para profundizar en las posibles irregularidades.
- Verificar la coherencia técnica de los informes.
- Determinar si hubo injerencias en las adjudicaciones.
- Localizar responsabilidades administrativas o penales.
La intervención de la Guardia Civil y el papel de la UCO
El auto indica además que la Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa (UCO), analizará los papeles solicitados y elaborará un informe pericial.
Ese análisis pretenderá contrastar la documentación oficial con las pruebas recabadas hasta ahora y ayudar a perfilar posibles rutas de investigación.
Empresas y personas que aparecen en la trama
La investigación apunta a adjudicaciones presuntamente dirigidas en favor de varias constructoras. Entre las firmas citadas figuran:
- Acciona Construcción
- Levantina Ingeniería y Construcción
- Obras Públicas y Regadíos
La UCO ya ha motivado la imputación de varios directivos de esas compañías. También han sido investigadas personas del entorno político, entre ellas el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Funcionarios y cargos públicos señalados
La causa sitúa la gestación de las adjudicaciones bajo la competencia de Transportes, Adif y la Dirección General de Carreteras.
Fuentes del sumario mencionan a Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif, y a Javier Herrero, exdirector general de Carreteras, como actores que facilitaron el desarrollo de algunos procesos de adjudicación.
El supuesto mecanismo: favores a cambio de contraprestaciones
Los investigadores analizan si existió un patrón consistente en el que determinadas empresas recibían contratos a cambio de beneficios económicos.
En el centro de esa hipótesis figura la posible obtención de retribuciones destinadas, presuntamente, tanto al exministro José Luis Ábalos como a su asesor Koldo García.
Pruebas, trámites y siguientes pasos procesales
Además de la documentación solicitada al Consejo de Obras Públicas, la causa contempla la revisión de expedientes administrativos y comunicaciones internas.
La Guardia Civil deberá emitir un informe técnico que complemente las diligencias ya abiertas y permita a la Fiscalía y al juzgado decidir nuevas actuaciones.
