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El equipo de confianza de La Moncloa mantiene un volumen elevado pese al frenazo de la actividad legislativa. Los datos oficiales muestran que la Presidencia del Gobierno sigue concentrando una gran parte de esos puestos de libre designación, al tiempo que el gasto vinculado a ese personal ha crecido de forma sostenida en los últimos años.
Concentración de puestos en Presidencia y panorama general
Según la relación de puestos de trabajo de la Administración General del Estado (AGE), y tras el cruce de datos publicado por fuentes periodísticas, el número total de asesores y cargos de confianza del Ejecutivo se situó el 1 de abril en 1.264. Es una cifra apenas inferior a la registrada en septiembre, cuando el recuento fue de 1.276.
- 609 asesores dependen directamente de Presidencia de Gobierno.
- La Casa del Rey pasa de 17 a 20 puestos en el último contraste temporal.
- El descenso global entre septiembre y abril es limitado y no altera la estructura central.
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La Moncloa se erige como el epicentro del aparato de confianza. A pesar de la menor producción normativa, el núcleo presidencial no se ha reducido; incluso crece en número en comparación con periodos previos.
Cómo se distribuyen los niveles retributivos
El reparto por niveles revela una fuerte concentración en los escalones superiores de la Administración. Más de la mitad de los cargos se sitúan en los tramos altos.
- 793 asesores se ubican entre los niveles 30 y 26. Es el 63% del total.
- Solo 471 ocupan niveles inferiores, lo que deja a la base en minoría.
- El nivel 30 agrupa a 453 personas, aproximadamente un tercio del total de asesores.
- El nivel 28 suma 158 efectivos, mientras que los niveles 29 y 27 juntos solo alcanzan 53.
Estos datos indican una jerarquía marcada. Los escalones más altos concentran poder y responsabilidad administrativa, y ello se mantiene pese a la reducción de la actividad parlamentaria.
Variaciones recientes en Presidencia
El equipo de Presidencia ha aumentado ligeramente en los últimos meses. En comparación con registros anteriores, los 609 puestos representaron tres más que en septiembre de 2025 y once más que en enero de 2026. La tendencia confirma que los refuerzos se producen en el centro del Ejecutivo.
Efecto en las cuentas públicas: evolución del gasto
El capítulo presupuestario que incluye a los asesores figura como “personal eventual”. Ese apartado ha mostrado un crecimiento notable desde 2018.
- Dotación inicial para personal de confianza en 2018: 40,4 millones de euros.
- Dotación en 2025: 71,2 millones. Un incremento del 76,5%.
- Gasto ejecutado hasta noviembre de 2025: alrededor de 70,2 millones.
- Gasto en el mismo periodo de 2018: cerca de 37 millones. La ejecución creció casi un 90%.
Estos números muestran que la partida vinculada al personal eventual casi se ha duplicado en siete años. Aunque su peso es reducido en el total del gasto público, su crecimiento es llamativo y guarda relación directa con el tamaño del aparato de confianza.
Naturaleza del personal eventual y límites de la transparencia
Los asesores son, por definición, puestos de libre designación. No siguen procesos selectivos abiertos y su permanencia suele depender del ciclo político.
- Nombramientos directos ligados a la confianza del cargo.
- Duración asociada al mandato o a las decisiones políticas internas.
- Función: apoyo político y estratégico dentro de las áreas de Gobierno.
A esa configuración se añade la cuestión de la información pública. El Ejecutivo facilita cifras globales, pero no una relación pormenorizada que incluya nombres, funciones y retribuciones. Esa ausencia de detalle complica evaluar con precisión el coste real y la eficacia de esas plazas.
Consecuencias políticas y administrativas
La persistencia de un núcleo denso de asesores plantea preguntas sobre prioridades y eficiencia. En un contexto de actividad normativa reducida, la densidad del personal de confianza sigue alta.
- Los ajustes numéricos parecen afectar sobre todo a puestos periféricos, no al núcleo.
- La concentración en niveles altos sugiere un sesgo hacia la dirección política.
- La falta de un registro detallado impide un control ciudadano exhaustivo.
