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Un giro inesperado en la instrucción judicial ha conectado al exministro José Luis Ábalos con una red financiera que podría convertirse en uno de los grandes escándalos del sector energético. Lo que empezó como una comparecencia discreta ha tomado fuerza tras las revelaciones de un auditor que señala pagos, maniobras contables y vínculos políticos.
El testigo que puede marcar la causa
El financiero Manel Sallés ha pasado de ser un profesional de balance a un protagonista judicial. Su papel como auditor de Gaslow le situó en primera fila para detectar irregularidades.
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Por orden del magistrado Santiago Pedraz, Sallés comparecerá ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. La fecha fijada es significativa y la expectación crece.
- Función: auditor externo con acceso a registros internos.
- Actitud: dispuesto a colaborar con la investigación.
- Clave: fue quien alertó a la Fiscalía sobre anomalías.
De un presunto fraude a una investigación mayor
Los indicios iniciales apuntaban a un fraude contable de magnitud limitada. Sin embargo, las pesquisas han expandido el marco del caso.
Fuentes judiciales estimaron al principio un agujero de cerca de 30 millones en un ejercicio. Las últimas indagaciones sugieren que la práctica contable irregular podría alcanzar cifras muy superiores.
El poder del fuel y la figura central: Claudio Rivas
En el centro del mapa aparece Claudio Rivas, vinculado a la operadora Villafuel. Su nombre aparece repetidamente en documentos y testimonios.
La investigación remarca dos líneas de riesgo: evasión fiscal masiva y presuntas contrapartidas a decisiones administrativas.
- Acusación fiscal: IVA sin ingresar por grandes volúmenes de combustible.
- Presunta contrapartida: entrega de bienes de lujo a políticos.
Uno de los episodios más controvertidos es la supuesta cesión de un chalé en La Alcaidesa, Cádiz. La investigación indaga si este inmueble fue una compensación por facilitar la licencia de operadora de hidrocarburos.
Si se demostrara, el caso dejaría de ser solo económico. Pasaría a implicar la relación entre capital privado y toma de decisiones públicas.
Pagos señalados y el llamado «grupo acelerador»
Entre las confesiones que habría plasmado Rivas ante Sallés figura un pago concreto. Se trata de 500.000 euros, según las revelaciones que obran en la causa.
Ese dinero, siempre según la versión que se investiga, habría ido al denominado «grupo acelerador». Fuentes que han seguido el caso describen a ese conjunto como un intermediario que agilizaba trámites.
El esquema funcionaba como un servicio de lobby opaco. Sus funciones incluían impulsar expedientes y evitar bloqueos administrativos.
- Importe señalado: 500.000 euros.
- Comisiones habituales: entre el 15% y el 20% en adjudicaciones.
- Objetivo: abrir cauces para licencias y contratos.
Canales y nombres que aparecen en la investigación
Los seguimientos de la Unidad Central Operativa (UCO) han señalado otros actores y empresas vinculadas a los flujos financieros.
- Israel Pilar, al frente de Sortis SL, figura como posible canalizador de pagos.
- Intermediarios sin rostro público cumplían la función de puente entre la trama y los decisores.
- Operaciones en cascada permitían eludir controles fiscales y multiplicar beneficios.
El entramado describido combina operadores que defraudaban IVA con gestores que cobraban por facilitar accesos al Boletín Oficial del Estado o a adjudicaciones públicas.
Impacto económico estimado
Los cálculos provisionales sobre el impago del IVA vinculado a las operaciones de Villafuel superan ya los 215 millones de euros. Esa cifra sitúa el caso entre las mayores tramas de defraudación al fisco del sector.
Las autoridades investigan si la fórmula comercial de gasolineras «low cost» fue la cobertura para una maquinaria fiscal destinada a maximizar el beneficio, en detrimento del erario público.
La próxima comparecencia y lo que puede cambiar
La comparecencia de Sallés ante el juez Pedraz puede ser determinante. Si ratifica detalles y amplía su testimonio, el alcance del procedimiento cambiará.
Los escenarios posibles oscilan entre la confirmación de una trama económica aislada y la apertura de una gran causa sobre corrupción en el sector energético.
- Si Sallés amplía: nuevos imputados y líneas de investigación.
- Si ratifica: documentación y contratos pasarán a primer plano.
- Implicaciones políticas: presión mediática y requerimientos de responsabilidad.
