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Un informe de la Guardia Civil impulsa una investigación sobre pagos millonarios y permisos ambientales ligados a Forestalia. La detención de un exalto cargo del Ministerio de Transición Ecológica y la activación de registros en varias provincias ponen sobre la mesa presuntas irregularidades en autorizaciones de parques eólicos y fotovoltaicos.
Pago millonario y detención del exsubdirector
La Unidad Central Operativa de Medioambiente (Ucoma) vincula a Forestalia con un pago de 5,2 millones de euros al exsubdirector de Calidad y Evaluación Ambiental. El detenido es Eugenio Domínguez, que estuvo en el cargo durante la etapa de Teresa Ribera.
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Los investigadores sostienen que el dinero pudo servir como contraprestación para facilitar autorizaciones ambientales a proyectos de la compañía aragonesa.
- La Ucoma apunta a la existencia de transferencias y cesiones ocultas.
- Se sospecha que parte de las operaciones se canalizaron a través de empresas vinculadas a familiares.
- Se practicaron detenciones y registros en Madrid, Zaragoza y otras localidades.
Autorizaciones ambientales: cómo se habrían concedido
Según el atestado, Domínguez habría ejercido una influencia decisiva en la tramitación de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) que beneficiaron a Forestalia.
Exfuncionarios relatan que el exsubdirector centralizaba las decisiones y que, en su gestión, las solicitudes de la empresa no encontraban obstáculos. Tras su salida, las peticiones habrían empezado a recibir más trabas y rechazos.
Implicaciones judiciales
El Juzgado de Instrucción nº1 de Teruel investiga varios delitos. Entre ellos:
- Prevaricación ambiental.
- Cohecho.
- Blanqueo de capitales.
- Pertinencia a organización criminal.
El magistrado Juan José Cortés autorizó registros y la detención de seis personas, entre ellos Domínguez.
Una sociedad vinculada a su esposa como presunta pantalla
La Ucoma identificó una mercantil creada en julio de 2023 cuya administradora única es la esposa del exsubdirector. Esa empresa, según los agentes, habría servido para recibir y ocultar pagos.
Los investigadores destacan que la sociedad exhibe escasa actividad comercial y un objeto social que mezcla diseño de interiores con redacción de estudios ambientales. El atestado apunta que resulta “insostenible” su actividad real, salvo que funcione como pantalla para canalizar pagos.
La mujer fue arrestada entre los seis detenidos, al igual que un notario que se negó, según el atestado, a entregar contratos privados relacionados con la venta de participaciones.
Movimientos societarios y préstamos vinculados
De acuerdo con la investigación, la pareja adquirió participaciones vinculadas a empresas del grupo Forestalia. Un ejemplo señalado es la compra de 509 participaciones en Babieca Investment Renewable en octubre de 2023.
Posteriormente, otra filial de Forestalia, Cemsal, formalizó un préstamo de 5,2 millones de euros a Babieca. El juez interpreta ese flujo de fondos como un posible incremento patrimonial directo del exsubdirector y su esposa.
Red de sociedades y proyectos en Aragón
La Guardia Civil sitúa en 33 los proyectos eólicos gestionados por empresas de Forestalia en Zaragoza y Teruel. Los informes apuntan que Domínguez habría obtenido participaciones en al menos 15 de las sociedades vinculadas a esos parques.
La Ucoma considera que existió un mecanismo por el que los expedientes de ciertos promotores eran tramitados con preferencia, mientras que los beneficios empresariales se habrían materializado en sociedades interpuestas.
El caso del Clúster del Maestrazgo
El Clúster del Maestrazgo, uno de los mayores proyectos energéticos previstos en España, recibió autorización ambiental en julio de 2023. El juez describe la existencia de un entramado complejo de empresas y de un sistema de tramitación paralelo que habría facilitado el desembolso de contraprestaciones.
Compra de Viadós y posible sobreprecio
La instrucción también examina la adquisición de la consultora Viadós. Creada por antiguos responsables del departamento de Medio Ambiente, la firma trabajó para Forestalia y fue comprada por la energética.
El expediente del Sepblac recoge que el precio pactado formalmente ante notario en 2018 fue de cuatro millones de euros. Según la investigación, se abonó finalmente una cifra superior, con un pago adicional de 443.531 euros, lo que levanta dudas sobre la justificación del desembolso.
Signos de una trama organizada
El auto judicial subraya que las actuaciones habrían sido concertadas y mantenidas en el tiempo. Para la Ucoma, ello indica una estrategia diseñada para materializar prestaciones económicas y evitar controles.
