Mostrar resumen Ocultar resumen
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reclamó al Gobierno que no active el Tratado de Mercosur hasta garantizar que agricultores y ganaderos de Europa y Sudamérica compitan en las mismas condiciones. Su petición busca blindar al sector primario ante una apertura que, dice, podría generar competencia desleal si no hay medidas claras.
Por qué pide frenar la entrada en vigor del Tratado de Mercosur
En una entrevista televisiva, Mañueco dejó claro que no apoyará la puesta en marcha del acuerdo sin certezas. Exige comprobar que el acuerdo sea efectivo y justo.
Parque micológico del Bierzo: así avanzan las obras y cuándo abrirá al público
Michael con Jaafar Jackson no es el mejor biopic musical del año: el público prefiere otro
Según el presidente regional, la aprobación solo puede llegar cuando exista plena garantía de reciprocidad entre los productores de ambos bloques.
Compromiso con las organizaciones agrarias y sus demandas
El Ejecutivo autonómico, explica Mañueco, ha tomado postura junto a las principales organizaciones del campo.
- Acuerdos con ASAJA para defender al agricultor.
- Coordinación con la alianza UPA-COAG para medidas comunes.
- Trabajo conjunto con UCCL frente a riesgos comerciales.
El objetivo declarado es combatir cualquier forma de competencia desleal que ponga en riesgo la actividad rural.
Qué salvaguardas exige Castilla y León
Controles y requisitos para la entrada de productos
- Controles fitosanitarios y veterinarios reforzados.
- Trazabilidad y etiquetado claro para el consumidor.
- Inspecciones fronterizas que verifiquen el cumplimiento normativo.
- Mecanismos arancelarios temporales si se detecta daño a los productores.
Para Mañueco, estas medidas deben garantizar que exista una competencia real y equilibrada.
La propuesta de un control de fronteras y sus implicaciones
El presidente regional propone un control más estricto en aduanas para asegurar igualdad de condiciones. Según su visión, ese control protegería la libertad y la posibilidad de trabajar de las explotaciones en España.
Recalca que sin estas garantías, el Gobierno central no debería dar luz verde a la aplicación del acuerdo.












