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La ANC asegura que los funcionarios no incurrirán en delito si aplican leyes independentistas
Un informe jurídico de la ANC sobre posibles acciones penales sobre funcionarios durante el proceso independentista concluye que los trabajadores públicos no cometerán ningún delito al ejercer órdenes del Govern y del Parlament.
“La actuación de los trabajadores de las administraciones públicas catalanas en el proceso de constitución de la República de Catalunya que se ejecuten de acuerdo con las normas dictadas por el Parlament y el Govern en ningún caso supondrá la comisión de un delito,” defiende el texto presentado este jueves en rueda de prensa.
El miembro de la ANC Joan Antoni Font ha explicado que el informe se basa en jurisprudencia y no en una interpretación partidista: “Hemos cogido interpretación directa que ha hecho el Tribunal Supremo. No hemos hecho una interpretación nueva”.
Según el documento, no podría acusarse a los trabajadores públicos de ningún delito de prevaricación, resolución arbitraria, abandono de destino, omisión del deber de perseguir delitos, desobediencia y denegación de auxilio, rebeldía, sedición, traición y delitos contra la paz o la independencia del Estado, ni tampoco de incumplimiento en la ejecución de resoluciones del Tribunal Constitucional (TC).
CLARIDAD
La ANC entiende que, si las instrucciones del Parlament y del Govern son “precisas y concretas de la norma a aplicar”, no puede incurrirse en un acto de prevaricación, argumento similar por el que se evitaría, dicen, la desobediencia y la denegación de auxilio.
“Que la orden sea claramente notificada al obligado a cumplirla –es decir, que no se tratara de una posible orden genérica– son algunos de los elementos que no hacen prever que los trabajadores públicos se puedan encontrar con órdenes contradictorias”, reza el texto.
La claridad con la que dicten el Govern y el Parlament es, precisamente, el elemento en el que ha insistido Font para evitar que la responsabilidad de las decisiones políticas recaigan en el funcionario: “Si no actúa con claridad, no nos puede pedir que actuemos los trabajadores con la claridad con la que no ha actuado”.
“El sentido final no lo tiene que decidir el funcionario”, ha insistido Font, en un acto al que han asistido el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, y la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y candidata a presidir la AMI, Neus Lloveras.
COMUNICACIÓN INDIVIDUAL
El informe descarta posibles delitos de sedición y rebelión por conllevar violencia y considera que par incumplir ejecuciones del tribunales como el TC deberían hacerse notificaciones individualizadas “a la persona en concreto y no por una notificación genérica”.
“Nos cuesta de imaginar que los jueces harán notificaciones individuales a los 340.000 trabajadores públicos”, ha asegurado Font, que es secretario mayor del Ayuntamiento de Tarragona y, por tanto, funcionario.
El documento presentado este jueves advierte de que el Estado puede “incoar diligencias previas penales como medio de presión y para intentar generar dudas” entre el funcionariado y la sociedad.
Escrito por direccion en 25 Feb 2016. Archivado bajo Otras Noticias del Día.Puedes seguir las respuestas de esta entrada por el RSS 2.0. Los comentarios y pings están cerrados por el momento.
