ABC (edición Sevilla).- El PSOE se desmarca en el Congreso del escándalo de los ERE y deja solo a Griñán
El escándalo de las jubilaciones fraudulentas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) realizados en los últimos años por la Junta saltó ayer al Congreso de los Diputados, donde dos ministros del Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero tuvieron que responder a preguntas del PP sobre este asunto. Sin embargo, ni el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, que no entró en el tema, ni el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, que sólo pidió la «máxima transparencia», realizaron una cerrada defensa de la actuación en este tema del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Más bien, ambos ministros se desmarcaron del tema, a pesar de las duras acusaciones vertidas por diputados populares contra Griñán, al que acusaron de «permitir y amparar» el mal uso de fondos públicos en estas prejubilaciones fraudulentas, hasta el punto de que la portavoz del Grupo popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, consideró «repugnante» que el PSOE-A haga «negocio» con el empleo.
Estas afirmaciones las realizó Sáenz de Santamaría durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, en la que emplazó al vicepresidente Rubalcaba a explicar que «toda España sabe que algunos socialistas andaluces se han aprovechado del paro», en referencia a los casi cuarenta casos detectados de personas, entre ellas tres ex altos cargos socialistas, que reciben indebidamente dinero de la Junta en una docena de ERE sin concluir. «Explique a todos esos españoles a los que van a recortar su pensión que la Junta de Andalucía ha gastado 700 millones de euros en un fondo de reptiles, explíqueles que se han aprobado ERE ficticios y sin control. Explique que se han hecho prejubilaciones falsas», interpeló la portavoz popular a Rubalcaba, quien, sin embargo, eludió comentar este caso.
«Permitir y amparar»
Algo más prolijo fue el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, quien tuvo que responder en la sesión de control a otra pregunta del PP, esta vez, por parte del diputado Juan Manuel Moreno, quien acusó al directamente a Griñán y al que era presidente de la Junta de Andalucía cuando sucedieron los hechos, Manuel Chaves, de «permitir y amparar» el uso de fondos públicos para prejubilaciones que están «fuera de la legalidad administrativa».
Las críticas de Moreno no se quedaron ahí, sino que también aseguró que el PSOE «se ha empeñado en convertir la Junta en gran factoría de trapicheos, irregularidades y abusos», con la creación de un «fondo de reptiles» de casi 700 millones para pagar «prejubilaciones irregulares».
El ministro de Trabajo no contestó con contundencia a estas acusaciones, para limitarse, en cambio, a afirmar: «Mi respuesta se limita a exigir la máxima transparencia para todas las partes implicadas en este asunto y absoluto respeto a la independencia judicial porque es lo que nos corresponde a los servidores públicos». Por ello, Gómez consideró que con el «procedimiento judicial en marcha, habrá que esperar a que se complete la instrucción» y, entonces y en su caso, «se dilucidarán las responsabilidades correspondientes».
Así las cosas, el único que defendió ayer al presidente andaluz fue el presidente del Congreso, José Bono, quien aseguró que «estoy seguro que Griñán es una persona honorable» y reclamó que se «corte la mano» a quien haya cometido alguna irregularidad en este caso.
Nombres falsos
Griñán, por su parte, se refirió ayer por primera vez a este caso desde que la Junta reconociera el día anterior la existencia de 37 nuevos casos de prejubilaciones fraudulentas. El presidente defendió la tesis de que ha sido la Junta de Andalucía la que inició el procedimiento y presentó la denuncia por el caso Mercasevilla —el que destapó la trama de los ERE—, yendo, incluso, «más allá de los requerimientos del propio juzgado» y aportando «todos los elementos que nos parece que podían haber sido irregulares». Además, aseguró que todos los expedientes se van a mandar a fiscalizar a la Cámara de Cuentas.
También advirtió sobre los 37 casos de personas que reciben prejubilaciones fraudulentas que es «bueno que no se especule ni se hable» de nombres «porque pueden ser inocentes, ya que puede ser que la trama urdida en torno a los expedientes sea utilizar también nombres falsos para percibir recursos». Esto puede ser así, añadió el presidente, porque a pesar de que los ERE tienen un informe de la Inspección de Trabajo y han sido resueltos como corresponde, «puede ocurrir que a la hora de remitir las investigaciones a la aseguradora correspondiente para el pago de las pólizas alguien haya incluido personas que no están en el expediente y eso ha ocurrido».
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