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¿Qué se necesita para ser ministro?
Tal vez por lo «inesperado» de su elección y por «la falta de tiempo» para elegir su Gobierno, el presidente Sánchez ha retrasado hasta la próxima semana el nombramiento de los nuevos ministros. Sí sabemos que serán más que los que había, que ya eran muchos, porque hay que desdoblar carteras para contentar a los nuevos socios. Y también sabemos que, aunque la prerrogativa de nombramiento de los ministros es del presidente, Podemos ya ha designado a los suyos y lo ha hecho público sin tener el detalle de que fuera Sánchez el que anunciara su Gobierno primero al Rey y luego al resto de los mortales. Hay que disculpar la imprudencia porque ni se lo creen después de lo que Sánchez decía de ellos hace unas semanas. Y no solo Iglesias nombra ministros, también secretarios de Estado, lo que confirma que, aunque solo vamos a tener un presidente oficial y tres vicepresidentes, al menos uno de los tres ya ha empezado a actuar como si fuera presidente y tuviera un Gobierno paralelo dentro del propio Gobierno. Y como además habrá otros grupos con derecho a veto, tendremos varios Gobiernos dentro del Gobierno. No es un galimatías. Es, simplemente, la consecuencia de la gestión de Pedro Sánchez.
Para ser abogado, periodista, profesor de infantil o de Universidad, ingeniero y funcionario de la escala más baja se piden unos estudios determinados e, incluso, una oposición a la que concurren decenas de aspirantes por cada plaza. En algunos casos, especialmente relevantes, como los médicos, los abogados, los fiscales o los jueces -tan criticados estos últimos por propios y ajenos- además se pide un MIR de cuatro años o un Máster y un examen de acceso o un examen muy duro y el paso por la exigente Escuela Judicial. A ser diputado se accede simplemente por la decisión de quien controla las listas del partido y ahí, la adhesión inquebrantable y la obediencia debida son factores básicos. Y lo de ser ministro es, también, barato. No lo digo por los que todavía están en funciones sino por muchos que lo han sido antes. Y, sobre todo, por algunos que van a venir. A un presidente del Gobierno, también a Sánchez, hay que pedirle el máximo conocimiento y respeto de las leyes.
La Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración del Estado de 31 de marzo de 2015, vigente mientras no se derogue, señala que «el nombramiento de altos cargos se hará entre personas idóneas y de acuerdo con la legislación específica. Son idóneos quienes reúnen honorabilidad y la debida formación y experiencia en la materia, en función del cargo que vayan a desempeñar. La idoneidad será apreciada tanto por quien propone como por quien nombra al alto cargo». No voy a meterme yo en la honorabilidad -que también está tasada en la ley- pero sí en la debida formación: «conocimientos académicos adquiridos», sigue diciendo la ley, que añade: «en la valoración de la experiencia se prestará especial atención a la naturaleza, complejidad y nivel de responsabilidad de los puestos desempeñados que guarden relación con el contenido y funciones del puesto para el que se le nombra». Leído lo cual y conocidos ya algunos de los nombres, no sé si reírme a carcajadas o ponerme a llorar desconsoladamente. Soy tan ingenuo que estoy convencido de que Sánchez ha retrasado el nombramiento para releer detenidamente el currículo de los aspirantes.
-Francisco Muro de Iscar-
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