PNV introduce en el nuevo Estatuto vasco «el derecho a decidir» y que se ejerza mediante un pacto con el Estado

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El PNV ha introducido en la disposición adicional segunda del borrador de texto del nuevo Estatuto en el que trabaja el grupo de expertos, para presentarlo el próximo lunes en el Parlamento Vasco, el «derecho a decidir de la ciudadanía» de Euskadi «libre y democráticamente expresado, siendo su ejercicio pactado con el Estado».

Por su parte, Elkarrekin Podemos refleja, también en esa misma disposición, su reflexión al respecto, muy parecida a la de los jeltzales, aunque sin nombrar expresamente el derecho a decidir. De esta forma, habla del «derecho de su ciudadanía a expresar su voluntad libre y democráticamente, siendo su ejercicio legal y pactado con el Estado». Por su parte, el PSE-EE rechaza ambas formulaciones del derecho a decidir y presenta un voto particular, en el que advierte de esto «pone en riesgo el conjunto del consenso alcanzado».

Aunque se conocían ya las posturas de los tres expertos propuestos por PNV, Elkarrekin Podemos y los socialistas, no se conocía la literalidad de estos escritos, que ha publicado este viernes Naiz en su página web en lo que se refiere al derecho a decidir.

El experto propuesto por PNV, Mikel Legarda, refleja en el texto de reforma estatutaria que «la plena realización de los Derechos Históricos del pueblo vasco, como manifestación institucional de su autogobierno, se exterioriza a través del derecho a decidir de su ciudadanía libre y democráticamente expresado, siendo su ejercicio pactado con el Estado».

Así consta en la disposición segunda del documento, que refleja también la visión de Arantxa Elizondo, designada por Elkarrekin Podemos: «La plena realización de los Derechos Históricos, como manifestación institucional del autogobierno de Euskadi, se materializará a través del derecho de su ciudadanía a expresar su voluntad libre y democráticamente, siendo su ejercicio legal y pactado con el Estado».

Por su parte, el voto particular discrepante de Alberto López Basaguren (elegido por el PSE-EE) apunta que acepta «el mantenimiento de la Disposición Adicional única del actual Estatuto (que en el escrito aparece como primera) en la medida en que forma parte del consenso estatutario de 1979».

La disposición adicional única del Estatuto de Gernika apunta que «la aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente Estatuto no implica renuncia del pueblo vasco a los derechos que, como tal, le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico».

Basaguren añade: «No soy yo quien va a proponer la puesta en cuestión de las cuestiones fundamentales de aquel consenso, aunque no me gusten. Pero, si se plantea alterar ese consenso, introduciendo esta segunda Adicional, entonces yo propongo eliminar la actual y me opongo a la inclusión de esta. Hay que tener en cuenta que esta introducción puede poner en riesgo el conjunto del consenso alcanzado».

SIN CERRAR
A este borrador, que se registrará en la Cámara el lunes -aunque no esta cerrado del todo, porque habrá una nueva reunión de los expertos el mismo 2 de diciembre-, no se sumarán ni EH Bildu ni el PP.

La coalición soberanista planteará su propia propuesta, al considerar que en el documento que trabajan PNV, Elkarrekin Podemos y el PSE-EE no se respeta el pacto sobre las bases de nuevo estatus que suscribieron EH Bildu y PNV.

En él, se señala que «la actualización del autogobierno vasco debe atender al principio de legalidad», pero, no obstante, «el respeto a la legalidad no debe provocar la vulneración del principio democrático, un principio que exige dotar de un valor relevante y primario a la decisión de la ciudadanía vasca».

«Se trata, por tanto -apuntaba el escrito- de reconocer el derecho y la capacidad de los vascos y las vascas para decidir, expresar y ejercer su voluntad colectiva de cara a la consecución de fórmulas de convivencia acordadas voluntariamente y de establecer mecanismos que garanticen que los compromisos alcanzados serán respetados».

DOCUMENTO DE EH BILDU
El documento que defenderá el jurista propuesto por EH Bildu, Iñigo Urrutia, plantea que «los poderes públicos de la Comunidad Estatal Vasca (el nombre del Sujeto quedó abierto a debate en las bases) facilitarán la participación de la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social».

«En orden a salvaguardar y hacer efectivo el derecho a decidir de la ciudadanía, las instituciones vascas tendrán la potestad para regular y gestionar la realización de consultas populares y referéndum, en lo que corresponde, tanto a asuntos políticos y sociales de su ámbito competencial como a las relaciones que deseen tener con otros territorios de Euskal Herria, con el Estado Español y otros espacios políticos europeos e internacionales», asevera.

COMISIÓN DE COOPERACIÓN
Según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del proceso, además, en el texto que PNV, Elkarrekin Podemos y PSE-EE pretenden presentar el lunes persisten las discrepancias entre jeltzales y socialistas también en lo que se refiere a cómo se dirimirían las diferencias que puedan tener Euskadi y el Estado en cuanto a competencias u otras cuestiones.

Aunque comparten que se establezca una ‘comisión de cooperación mixta’ para resolver estas cuestiones, el PNV pretende que la última palabra no la tenga el Tribunal Constitucional (la formación nacionalista siempre ha defendido que era un ‘árbitro’ comprado), algo que el PSE-EE no está dispuesto a aceptar.

Alberto López Basaguren, al igual que han advertido los socialistas en otras ocasiones, considera que habría que haber procedido a una reforma constitucional antes de realizar estos planteamientos para una reforma estatutaria. De la misma opinión es Elkarrekin Podemos, que tampoco cree que sea posible soslayar al TC, aunque, si hay voluntad política, los asuntos sobre los que haya discrepancias no tendrían por qué terminar en el alto Tribunal.

El PNV defiende, por su parte, que haya un ‘Concierto Político’, a semejanza del Concierto Económico Vasco, que garantice la bilateralidad con el Estado. A su juicio, sus pretensiones tendrían encaje, si hay voluntad, en la actual Constitución.

CONSULTA CIUDADANA
Los juristas jeltzale y de la formación morada han acordado que el articulado del texto refleje, no la ‘consulta habilitante’ como tal que propugnaba el PNV, para consultar a la ciudadanía sobre el texto antes de trasladarlo a las Cortes Generales –que suscribió en su acuerdo de bases con EH Bildu–, pero sí otra forma de dar cauce a que la ciudadanía pueda expresar su opinión sobre el documento, una vez aprobado en el Parlamento vasco, aunque el resultado no sea vinculante.

De esta forma, plantean que se «habilitarán procesos de participación ciudadana en la forma que prevea el reglamento de la Cámara, pudiendo, en su caso, con carácter previo a la remisión a las Cortes, consultarse, sin carácter vinculante, al cuerpo electoral sobre la reforma aprobada». El experto elegido por el PSE-EE ha elaborado un voto particular discrepante.

Lo que no han aceptado ni Elkarrekin Podemos ni socialistas es que se distinga entre los ciudadanos y «nacionales vascos», algo que los jeltzales pretenden presentar como voto particular.

Estas son las cuestiones que han sido objeto de mayor discrepancia en el debate entre los expertos. El escrito recoge otras muchas, que no tiene cariz soberanista, referente a actualización de los derechos sociales, relaciones con Europa o acción exterior, que suponen el grueso del contenido acordado.

El jurista del PP, Jaime Ignacio del Burgo, planteará mantener el actual Estatuto de Gernika, al considerar que el borrador del nuevo Estatuto es un «Plan Ibarretxe II» y es «totalmente inconstitucional».

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