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Modifican calendario del caso ‘Poniente’ tras pedir el fiscal «más tiempo» para cuestiones previas

El tribunal del juicio por la macrocausa del caso ‘Poniente’ por presunta corrupción municipal y empresarial en torno al Ayuntamiento de El Ejido (Almería) ha acordado modificar el calendario de sesiones después de que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido «más tiempo» para dar respuesta a las cuestiones previas planteadas por las defensas de los 44 acusados que podrían dar lugar a la cambios en el escrito de calificación provisional del Ministerio Público.

La magistrada-presidente, Társila Martínez, ha trasladado la sesión señalada para el día 24 de enero al día 31 y ha emplazado a las partes a que presenten prueba ese día, en el que también se va a señalar una nueva sesión antes del día 30 de marzo, en el que se prevé comiencen los interrogatorios a los enjuiciados, para que las acusaciones aleguen.

La decisión ha llegado después de que, al final de la sesión de este viernes en el que todas las defensas han expuesto sus cuestiones previas, el fiscal haya solicitado al tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial «más tiempo» para informar sobre esas cuestiones previas «por si hubiera que hacer modificaciones en la calificación».

Cabe recordar que el juicio comenzó hace una semana con la absolución de cinco de los 49 acusados iniciales. Dos de ellos lo fueron después de que el letrado de la Administración de Justicia diera cuenta de dos resoluciones dictadas por la Sección Primera de la Audiencia por las que se eximía a dos funcionarios de un delito de negociaciones prohibidas.

La absolución de un tercero la resolvió el propio tribunal después de que su defensa alegara que los hechos por los que estaba siendo enjuiciado habían prescrito al haber transcurrido más de cinco años desde la supuesta comisión y el fiscal Jesús Gázquez retirase su acusación

Para quien fuera jefe de la Unidad Administrativa del Ayuntamiento de El Ejido y su esposa se tuvo en cuenta la prescripción aunque su defensa no había presentado recurso con anterioridad ya que se les acusaba del mismo delito en las mismas fechas.

CUESTIONES PREVIAS
Las alegaciones planteadas por las defensas de los enjuiciados pivotan en torno a las mismas cuestiones. El exregidor ejidense alega en su escrito de defensa, consultado por Europa Press, vulneración del derecho fundamental a tutela judicial efectiva, vulneración del secreto de las comunicaciones, infracción del derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas, y la prescripción de los 16 delitos fiscales que le imputan pese a que, según subraya, los inspectores de Hacienda «mantienen en su pericial que ha vivido en concordancia a sus ingresos».

Para el letrado Francisco Torres, el exalcalde y su familia han sido a lo largo de estos años víctimas «de acoso y derribo» y remarca, al margen de la «dureza» de estar en prisión «los muchos meses que estuvo», el sometimiento a «escarnio público que supuso que después de más de una año de estar decretado el secreto de las actuaciones, se alzara el mismo solo en relación a las escuchas telefónicas». Entiende que, de este modo, se «facilitó la publicación diaria, en portada, de las transcripciones contenidas en aquella interceptación».

El exinterventor municipal José Alemán, quien también fue arrestado aquel 20 de octubre de 2009 y para el que la fiscalía pide 64 años de prisión, plantea hasta ocho cuestiones previas para solicitar la nulidad del proceso. En una de ellas, alega que la investigación «está viciada por ser resultado de una pesquisa general, fruto de una investigación prospectiva generalizada y prohibida constitucionalmente».

También arguye la existencia de dilaciones indebidas ya que las diligencias se incoaron en 2007 con prolongación «excesiva» del secreto sumarial «sin causa que lo justificara, causando indefensión» y argumenta que los 16 delitos fiscales de los que se le acusa habrían «prescrito».

Su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, sostiene que se ha producido «ruptura de la cadena de custodia» y que hubo detención «irregular» en el arresto que derivó en su ingreso provisional en prisión aunque quedó en libertad a los nueve meses tras pagar una fianza de 600.000 euros.

En el mismo sentido se pronuncia la defensa del acusado José Amate, al que las acusaciones sitúan en el epicentro de la presunta trama como responsable del grupo empresarial Abengoa como socio privado de Elsur, con un 30 por ciento del accionariado, entramado al que acusa de haberse apoderado de 24,7 millones de euros con «sobrefacturación», todo ello «con la connivencia» del exalcalde y del exinterventor municipal.

El escrito, que expone posible indefensión y vulneración del principio acusatorio y de igualdad, interesa el archivo de algunos delitos, en concreto, los que son contra la Hacienda Pública ya que las acusaciones hablan de presunto fraude del Impuesto de Sociedades y del IVA en los periodos impositivos de los años 2002 a 2009 y concluye que si este se hubiera cometido, «todos ellos, o, al menos, parte de ellos podrían estar prescritos».

La defensa del empresario, quien se enfrenta a 97 años de prisión, alega también dilaciones indebidas ya que remarca la operación explotó en 2009 y en 2016 se dictó auto de transformación en procedimiento abreviado mientras la «actividad instructora se limitó a esperar la llegada de los informes solicitados a la AEAT y a Intervención General del Estado, que han tardado en verse completadas siete años».

Por su parte, la defensa de Juan Antonio Galán, otro de los empresarios acusados y para el que la Fiscalía Anticorrupción pide 174 años de prisión por 32 delitos de malversación, contra la Hacienda Pública y cohecho, solicita la nulidad de las actuaciones al considerar que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, el secreto de las comunicaciones y a un proceso sin dilaciones indebidas.

Al tiempo, cree que se produjo la detención ilegal así como que los delitos fiscales habrían prescrito. Según la Fiscalía, el grupo empresarial vinculado a Galán sobrefacturó presuntamente a Elsur, «aumentando el perjuicio patrimonial sufrido en detrimento de las arcas municipales», 15,6 millones de euros.

ACUSACIÓN FISCAL
La presunta trama de corrupción política y empresarial en torno a la empresa mixta Elsur, participada por el Ayuntamiento de El Ejido y la multinacional Abengoa, habría detraído de las arcas públicas del consistorio casi 71,5 millones de euros entre los años 2002 y 2009.

La acusación fiscal indica que el saqueo de las arcas públicas se realizó «orquestando la creación» de una red de sociedades que se dedicaban a «subcontratar» con Elsur con «una doble finalidad: engordar artificialmente el canon anual que tenía que recibir como contraprestación por parte del Ayuntamiento, y, por otra, aumentar más sus ingresos defraudando a la Hacienda Pública».

En total, entre 2002 y 2009 se facturó al consistorio ejidense 232,6 millones de euros de los que 31 millones correspondieron a «sobrefacturaciones» de los distintos grupos empresariales y sus propietarios. Asimismo, el grupo Abengoa supuestamente llevó a cabo mediante «sobrefacturación» en concepto de «gastos de apoyo a la gestión y el asesoramiento».
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Escrito por en 17 Ene 2020. Archivado bajo Tribunales, Última Hora.
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