La crisis del Parlamento español

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Que el gran debate de fondo entre las dos Españas presentes en el Parlamento sea si Felipe González debe o no ser investigado por su conocimiento sobre los GAL, esos ilegales grupos antiterroristas que dejaron de funcionar en 1987 (treinta y tres años ya), es sintomático sobre la agilidad en el funcionamiento de nuestro Legislativo. Que el otro debate más o menos subterráneo sea si debe o no crearse otra comisión investigadora sobre las actividades económicas ‘de la Monarquía’ (no solo sobre las de una época de Juan Carlos I) es otro indicio de que ‘esa’ otra España la ha emprendido contra los dos representantes más significativos supervivientes de una época, la del ‘consenso del 78’. O, si usted quiere, la del ‘juancarlismo’.

Dos figuras, la del anterior jefe del Estado y la del jefe de Gobierno que más tiempo estuvo en La Moncloa, claramente interrelacionadas: González entendió al Rey y hasta hizo la vista gorda alguna vez ante determinadas actividades del monarca, y Don Juan Carlos sorteó silente una era, la de los últimos años de la Legislatura del que fue llamado ‘felipato’ (1995-96), en la que se llegó a controlar ilegalmente, por los servicios secretos, entre otros el teléfono hasta del mismísimo jefe del Estado, en un afán lamentable de espiar vidas privadas. Pero, junto a todo esto, hemos de reconocer, en todo caso, que aquella década larga, de 1982 a 1995, significó un avance importante para España, tanto en el plano interno como en el internacional.

Sea como fuere, todo lo arriba apuntado pertenece ya a un pasado no tan reciente. Que no digo yo que el Parlamento no deba poner en marcha comisiones de investigación, aunque, hasta ahora, ninguna haya servido de gran cosa. Ni creo en la prescripción de ciertos presuntos delitos, y menos aún en inmunidades e impunidades en función del cargo. Que cada palo aguante su vela, desde luego.

Lo que digo es que la actualidad lacerante por la que pasa nuestro país exigiría, exige, abordar mucho más urgentemente otras cuestiones. Que la famosa comisión de reestructuración, o reconstrucción, no haya aportado hasta ahora, que sepamos, nada notable, pese a haber pasado por allí más de ciento veinte personas, me parece muy significativo. Que Esquerra se aleje de cualquier consenso con el Gobierno porque éste ha ‘osado’ apartarse de la, ejem, línea correcta, acercándose a Ciudadanos, tampoco me parece un dato desdeñable. Que el PP siga posponiendo algún pacto de peso y valor, y que el Gobierno tampoco facilite un clima de diálogo, todo ello perceptible en unas penosas sesiones de control parlamentario al Ejecutivo, pues qué quiere que le diga.

Solo parece haber consenso universal, excepto en el muy plausible caso del diputado Odón Elorza, en mantener el régimen de dietas de Sus señorías, pese a que la mayoría no ha abandonado su circunscripción en tres meses.

Así que quizá la tarea regeneracionista más urgente de nuestra política empieza por el Parlamento, quizá incluso retocando algo el Título tercero de la Constitución. Menos mal que, al menos, el Legislativo ha acordado prolongar por vía extraordinaria el período de sesiones tras estos tiempos extraños de pandemia. Y menos mal, también, que, aunque sea por los pelos, se aprobará el decreto, otro decreto, de la pésimamente llamada ‘nueva normalidad’. Aunque, personalmente, preferiría entrar más bien en una ‘nueva anormalidad’, en la que imperasen en la llamada clase política el acuerdo, la decencia, el sacrificio y la austeridad que se exigen a toda la ciudadanía.

-Fernando Jáuregui-

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