La constitución del Congreso activará el proceso para las consultas del Rey y la preparación del Pleno de investidura

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La constitución del Congreso surgido de las elecciones generales del 10 de noviembre, fijada para el martes, activará un proceso en el que intervendrá el Rey, convocando a los representantes de los distintos partidos a Zarzuela, y que culminará con la celebración del Pleno para la investidura del próximo presidente del Gobierno. Estos son los pasos a seguir una vez se constituyan las Cortes de la XIV Legislatura.

Tras la sesión constitutiva, la persona elegida para presidir el Congreso se desplazará a Zarzuela para informar al jefe del Estado, de manera que Felipe VI pueda abrir una ronda de consultas con los partidos que han obtenido representación en la Cámara para decidir a quién encarga someterse a la sesión de investidura.

Dado que esta vez, el PSOE y Unidas Podemos anunciaron un preacuerdo para un gobierno de coalición cuando no habían pasado ni 48 horas desde el cierre de las urnas y que los socialistas iniciaron los contactos con el resto de formaciones justo después, es previsible que todo esté ya cerrado cuando el Rey convoque esa ronda de consultas en Zarzuela.

RONDA DE CONSULTAS Y DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
En esta ocasión podrán acudir a Palacio más de una veintena de partidos y está por ver si esa ronda se convoca antes o después del 6 de diciembre, cuando tendrá lugar en el Congreso la tradicional recepción institucional con motivo del Día de la Constitución.

Para fijar esas reuniones también será crucial saber si finalmente Felipe VI es el encargado de representar a España en la toma de posesión como presidente de Argentina de Alberto Fernández, prevista para el 10 de diciembre.

En cualquier caso, se calcula que el 12 de diciembre acabará el plazo de cinco días hábiles para formar los grupos parlamentarios de la Cámara, siguiendo las previsiones reglamentarias. Ese plazo comienza tras la constitución del Congreso y tiene en cuenta que por medio hay dos días festivos: el 6 y el 9 de diciembre, ya que en Madrid se pasa a ese lunes el festivo de la víspera, Día de la Inmaculada Concepción.

Después, la Mesa del Congreso deberá ratificar los grupos parlamentarios para constituir la Junta de Portavoces, que es el órgano que ordena las sesiones plenarias y, por ende, el Pleno de investidura, cuando se convoque.

GRUPOS Y JUNTA DE PORTAVOCES
Así las cosas, la semana del 16 de diciembre se prevé como la primera en la que se podrá convocar un Pleno, puesto que ya estarán constituidos los grupos parlamentarios y la Junta de Portavoces. Más allá de estas cuestiones formales, todo dependerá de si para entonces PSOE y Podemos han logrado sumar apoyos suficientes para garantizar la investidura del socialista y, en particular, de cómo se desarrollen las negociaciones abiertas con ERC, cuya posición es crucial.

El pasado viernes, la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá aseguró que el candidato del PSOE no comparecerá para pedir la confianza de la Cámara si no tiene amarrados los apoyos y abstenciones que le garanticen salir exitoso del debate. «No iremos a una investidura fallida», dijo.

Será investido presidente aquel candidato que consiga la confianza del Congreso por alguna de estas dos vías: en la primera votación sumando la mayoría absoluta (176 diputados) o, en una segunda oportunidad, 48 horas después, logrando más votos a favor que en contra.

Aunque Sánchez llegue a la investidura con garantías de éxito, siempre habrá que tener en cuenta para fijar la fecha de esa primera votación el riesgo, aunque sea mínimo, de una nueva repetición electoral. Y es que, en caso de que no fructificase ninguna investidura, las Cortes se disolverían al cumplirse dos meses de esa fecha para celebrar elecciones 47 días después.

ELEGIR LA FECHA SIN OLVIDAR EL RIESGO DE FRACASO
Así, dado que se acostumbra a votar en domingo, la fecha de esa sesión plenaria debe elegirse contando con que en ese tránsito hay dos meses consecutivos de 31 días (diciembre y enero) y un mes de febrero con 29 días.

Si Sánchez logra ser investido en ese primer Pleno, podría tomar posesión el fin de semana anterior a Navidad y nombrar de inmediato a sus ministros. Con un Ejecutivo ya en el banco azul se podrá celebrar la Sesión Solemne de Apertura de Legislatura, presidida por el Rey, lo que no se espera hasta enero.

En todo caso, las comparecencias de los nuevos ministros en sus respectivas comisiones del Congreso para exponer sus planes no podrán celebrarse hasta, como pronto, mediados del mes de enero. En primer lugar, los grupos parlamentarios deben llegar a un acuerdo sobre la composición de las comisiones, luego éstas deben constituirse y después la Mesa del Congreso debe autorizar expresamente que se reúnan, dado que enero es inhábil a efectos parlamentarios según la Constitución.

Por el contrario, si el candidato socialista no consigue ser investido en ese debate, tras la primera votación fallida comienza a contar un plazo de dos meses para posibles nuevos intentos. Eso implica que, si hubiera un fracaso a mediados de diciembre –como ocurrió con las fallidas investiduras de Pedro Sánchez en marzo de 2016 y julio de 2019–, y si no se lograra una alternativa viable en los dos meses posteriores, habría que disolver las Cortes nuevamente a mediados de febrero para acabar celebrando nueva elecciones, como pronto el 5 abril.

El nuevo Congreso heredará dos reformas constitucionales, cinco estatutos y la renovación de CGPJ y TC

El nuevo Congreso que se constituirá este martes heredará de la anterior legislatura dos reformas constitucionales procedentes de distintos parlamentos regionales, cinco reformas de estatutos autonómicos y las renovaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Tribunal Constitucional (TC) y de Radio Televisión Española (RTVE), entre otros órganos.

Tras la disolución de la Cámara el pasado 24 de septiembre con motivo de la convocatoria electoral del 10 de noviembre, decayeron las iniciativas parlamentarias que estaban en tramitación sobreviviendo sólo las propuestas procedentes de las comunidades autónomas, las iniciativas legislativas populares (ILP) y aquellas solicitudes o planteamientos que los ciudadanos remiten a la Comisión de Peticiones.

Así, la nueva Cámara Baja surgida de los últimos comicios tendrá ‘en cartera’ la tramitación de 12 textos remitidos por las autonomías: cinco de Islas Baleares, dos de Asturias, otras dos de Galicia, dos más de Cataluña y una del País Vasco.

UNA LEY DE MEMORIA CATALANA
Entre otras, las procedentes de Cataluña persiguen, por un lado, que se reconozcan y amplíen derechos y se establezcan medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, y, por otro, que se despenalice la eutanasia.

De su lado, el Parlamento de Asturias envío al Congreso una proposición de ley para la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública, y el del País Vasco, otra para crear un fondo para compensar a las víctimas del amianto.

De Asturias e Islas Baleares son las dos propuestas de reforma de la Constitución que están en lista de espera para la próxima legislatura. La de Asturias persigue ampliar la participación ciudadana en las leyes de consultas, tanto a través de la iniciativa legislativa popular como del referéndum. Data de 2014, por lo que está ‘en la nevera’ desde la X Legislatura, la de la mayoría absoluta del PP.

Por su parte, el texto de Baleares busca que Formentera pueda elegir un senador propio con independencia de lo que elija la isla de Ibiza, una propuesta que procede de la XII Legislatura, es decir, la que se extendió desde julio 2016 hasta febrero de 2019.

También quedaron congeladas las reformas de los Estatutos de Autonomía de Murcia, Cantabria y Baleares para eliminar el aforamiento de sus parlamentarios. En la pasada legislatura, que apenas duró cinco meses, la murciana se tomó en consideración por segunda vez en uno de los dos únicos Plenos que se celebraron. Sin embargo, tendrá que volver a la casilla de salida.

NUEVOS ESTATUTOS EN LA RIOJA Y MURCIA
La Rioja también cuenta con una reforma estatutaria en su haber, aprobada el pasado mes de abril por el Parlamento regional. El texto recoge el derecho a la igualdad y la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, a la muerte digna, a la memoria democrática y a las energías renovables, entre otras cuestiones.

Y a finales de julio, llegó a la Cámara Baja el nuevo Estatuto de Autonomía de Murcia que la Asamblea regional también aprobó justo antes de su disolución con motivo de las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo.

El nuevo Congreso también tendrá que tramitar seis ILP, entre las que se encuentran la equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil, así como las Memorias de la Fiscalía General del Estado y del CGPJ relativas a 2017, dos informes anuales del Consejo de Seguridad Nuclear de 2017 y 2018, cuatro convenios entre comunidades autónomas y todas las peticiones que los ciudadanos envían a la Comisión de Peticiones.

RENOVACIÓN DEL CGPJ, DEL TC Y DE RTVE
Además, está pendiente la renovación del CGPJ, cuyo mandato, de cinco años, caducó el pasado 4 de diciembre. Hace un año, el PP, el PSOE y Podemos llegaron a pactar para su Presidencia al magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena. Sin embargo, éste acabó renunciando a su candidatura después de que se filtrara un whatsapp del ‘popular’ Ignacio Cosidó presumiendo de que, con este juez al frente del CGPJ, se podría controlar la Sala Segunda del alto tribunal «desde detrás».

También está en cartera la renovación de los cuatro miembros del Tribunal Constitucional, cuyo mandato caducó el pasado mes de noviembre. En agosto, el presidente del Alto Tribunal, Juan José González Rivas, ya comunicó al Congreso que debía iniciar este procedimiento.

Otro de los asuntos que deberá activar el próximo Congreso será el concurso público para renovar a los diez miembros del Consejo de Administración de RTVE. Este proceso, que comenzó en agosto de 2018, se congeló antes de que la Comisión de Nombramientos de la Cámara Baja eligiera a los nuevos diez miembros del organismo.

También está en la lista de tareas pendientes la renovación de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en este caso después del fallecimiento, en junio de 2017, de la que hasta entonces había sido su titular, Esther Arizmendi.

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