Junta ratifica que macrocultivo de regadío de frutal en Aguamarga «es incompatible» con el parque natural
La Junta de Andalucía ha rechazado el recurso de alzada presentado por la empresa que gestiona la finca ‘La Hoya’ de Aguamarga, enclavada en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería) y ha confirmado que es «no es viable» legalizar casi 70 hectáreas de cultivo de regadío y autorizar la «implantación de una gran extensión de frutales de hueso forzados».
La resolución, consultada por Europa Press, reitera que el proyecto de cambio de cultivo y de mejora agrícola de la finca para legalizar plantaciones ya en marcha sobre 11,27 y 67,97 hectáreas, respectivamente, es «incompatible» con los usos de suelo previstos en las zonas ‘B1’ y ‘B2’ de la normativa ambiental del espacio protegido y precisa, asimismo, que «no es viable» la transformación solicitada para la zona C1.
Remarca la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para confirmar la denegación de la autorización ambiental unificada que «no cuenta» con la «necesaria» acreditación de usos hídricos que «lo hagan legalmente viable» al tiempo que dice que el proyecto no garantiza el «mantenimiento de los ecosistemas, el aprovechamiento sostenible de los recursos, la conservación del paisaje, de la cubierta vegetal, del suelo y de la fauna».
«No aportan los aspectos alegados por la empresa argumentos nuevos a los ya analizados en la Evaluación de Impacto Ambiental», concluye la resolución, que pone fin a la vía administrativa y contra la que solo cabe adoptar la vía judicial.
Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción 4 de Almería mantiene abiertas diligencias previas a instancias de la Fiscalía sobre esta finca, que abarca 166,49 hectáreas de frutales sobre suelo agrícola de uso secano.
En el marco de este procedimiento penal, la Guardia Civil solicitó en febrero de 2020 digitalizada del expediente completo tramitado por la Junta de Andalucía que concluyó la «inviabilidad» del proyecto y en la que también se apuntaba que tampoco era viable la edificación de apoyo o la construcción de nuevas balsas de regulación.
Además de pedir que se detalle la situación actual del expediente, la Guardia Civil preguntó por las inspecciones realizadas sobre el terreno, si existen denuncias y su resultado, o si hay expedientes sancionadoras abiertos con medidas cautelares, y que se certificase comparación entre «lo proyectado y lo solicitado» por el promotor «y que lo realmente existe sobre el terreno».
La asociación ‘Amigos del Parque Natural’ fue la que puso los hechos en conocimiento del fiscal ya que, según sostienen, la transformación de suelo se ha producido «sin contar» con la preceptiva licencia municipal «ni con la autorización medioambiental». En concreto, se habría transformado el suelo para árboles frutales como melocotón, nectarina, ciruela y paraguayo.
Desde el colectivo instaban a que, «con urgencia», se produzca «el precinto de la actividad» que desarrolla la empresa agrícola promotora de los cultivos y a que se reponga el paraje «a su estado original».
Según la denuncia elevada a Fiscalía, la finca, que tiene una superficie de 251,98 hectáreas, ya ha desarrollado una superficie de 166,49 hectáreas de frutales de hueso en regadío, y ahora pretende su legalización a efectos ambientales.
De ellas, 11,27 hectáreas están situadas en zona B1, consideradas áreas naturales de interés general; 67,94 hectáreas en zonas B2, que son áreas seminaturales con usos tradicionales; y 82,19 hectáreas en zonas C1 que el PORN permite ser utilizadas para cultivos agrícolas, pero que en este caso no se acredita la disponibilidad de recursos hídricos para llevarlo a cabo.
