Fraude de ley en las AA.PP.

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A todos los gobiernos, uno tras otro sin excepción e independientemente de su cariz político, les ha interesado mantener a lo largo de los años un sistema de contratación de personal ampliamente generalizado en las Administraciones Públicas, desde que alguna cabeza pensante, neoliberal cuando menos, advirtió cuan rentables podrían llegar a resultar los interinajes funcionariales para los intereses de un partido político en el poder, a corto, medio y largo plazo.

Actualmente, las administraciones públicas españolas, y no tan sólo ya los organismos autónomos dependientes de las mismas, creados en su mayoría para poder saltarse a la torera los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso a la función pública, está hasta arriba de trabajadores interinos que viendo peligrar su puesto por una futura convocatoria libre de nuevas plazas han decidido ponerse en pie de guerra.

Personalmente, a mí me aporta mucha serenidad y equilibrio emocional tener la certeza de que la plaza que ocupo en la administración local de mi ciudad no me la regaló nadie, sino que accedí a ella por oposición y cumpliendo a rajatabla con los requisitos establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público. Por eso mismo, precisamente, se me antoja una canallada estar jugando de esa manera con el modus vivendi de la gente que anda buscando, sin importarle la diferencia salarial entre la Administración Pública y la empresa privada, la estabilidad que generalmente no suele garantizar la una frente a la otra.

De ahora en adelante, conviene estar pendiente de los acontecimientos que puedan derivar de este malestar, lógico por otra parte, que afecta a más de 800 mil trabajadores en nuestro país. Y que cuenta, al menos en parte, con el respaldo del Tribunal Supremo, que ya catalogó como abusiva esta situación en 2018, reconociendo asimismo el derecho de los interinos a mantener sus puestos de trabajo hasta que se cubran por el procedimiento ordinario, pero impidiendo que sean considerados como personal indefinido no fijo, lo cual juega en su contra ya que en teoría su experiencia traducida en años no contará, o lo hará mínimamente, a la hora de competir contra otros aspirantes por alzarse en propiedad con la plaza que de manera transitoria ahora ocupa.

Francisco J. Caparrós

Diplomado en Educación Social y Experto Universitario en Autoconocimiento, Emociones y Diálogo.

Miembro del Comité de Ética y Deontología del CEESIB

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