El juicio del Caso Poniente comenzará el 4 de noviembre con la declaración de más un centenar de imputados y testigos

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Nada más y nada menos que una década después, el Caso Poniente ya tiene fecha para ser juzgado. Será el próximo 4 de noviembre cuando los 50 imputados por presuntos delitos de cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales o tráfico de influencias entre otros tendrán que responder ante la justicia. Entre ellos está el que fuera alcalde de El Ejido durante cuatro legislaturas, Juan Enciso, su interventor municipal, José Antonio Alemán,  empresarios  como Juan Antonio Galán, Jesús Aragón o los hermanos Lirola, así como exdirectivos de Abengoa que era la principal accionista de Elsur, la empresa mixta municipal origen de toda la trama del Caso Poniente.

Según la acusación el saqueo de las arcas públicas se realizó «orquestando la creación» de una red de sociedades que se dedicaban a «subcontratar» con Elsur con «una doble finalidad: engordar artificialmente el canon anual que tenía que recibir como contraprestación por parte del Ayuntamiento de El Ejido, y, por otra, aumentar más sus ingresos defraudando a la Hacienda Pública».

Sitúa en el epicentro de la presunta trama para «aprovechamiento ilícito» al grupo empresarial Abengoa como socio privado de Elsur, con un 30 por ciento del accionariado, y le acusa de haberse apoderado de poco más de 31 millones de euros con «sobrefacturación», todo ello, según remarca, «con la connivencia» del exalcalde y del exinterventor municipal, José Alemán.

«A cambio de prebendas económicas, Enciso, como alcalde y presidente del Consejo de Administración del Elsur, y Alemán, como exinterventor y a la par vocal del citado consejo, hicieron caso omiso de sus obligaciones de fiscalización y control para con los fondos públicos del municipio», apunta para precisar que el segundo «autorizaba, a sabiendas, el gasto, una vez contabilizado, y el primero autorizaba con su firma las resoluciones donde se ordenaban los pagos del canon anual incrementado ficticiamente».

Según la acusación, Abengoa procedió, a través de sus 12 directivos acusados en la causa y «puestos en dichos cargos para facilitar» los comportamientos ilícitos, a «beneficiarse ilícitamente» del dinero público que era la «principal fuente de ingresos» de la empresa mixta y lo hizo a través de la facturación al Ayuntamiento por servicios de mantenimiento «dentro del canon anual» y por servicios y obras «fuera de canon».

En total, entre 2002 y 2009 se facturó al consistorio ejidense 232,6 millones de euros de los que 31 millones de euros correspondieron a «sobrefacturaciones» de los distintos grupos empresariales y sus propietarios, José Amate o Juan Antonio Galán fundamentalmente.

El Ministerio Público calcula que el grupo de empresas controlado por el primero sobrefacturó 24,7 millones de euros, habiendo obtenido un beneficio del 53,49 por ciento con el que los 13 acusados vinculados al citado grupo han conseguido reunir un importante patrimonio inmobiliario, tanto rústico como urbano.

Mientras, el grupo empresarial vinculado a Galán, sobrefacturó presuntamente a Elsur, «aumentando el perjuicio patrimonial sufrido en detrimento de las arcas municipales», 15,6 millones de euros, «habiendo obtenido un porcentaje de beneficio del 48,21 por ciento, muy superior al que hubiera sido normal si no se hubieran aumentado artificialmente los costes de la subcontratación».

El Ministerio Público subraya que, aparte de un «importante patrimonio inmobiliario», destinaron el dinero ilícito a gastos «de lujo» como vehículos de alta gama, joyas o viajes, «que le hacían disfrutar de un alto nivel de vida».

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