El Gobierno movilizará hasta 200.000 millones para paliar el impacto del coronavirus

El Gobierno garantizará servicios "esenciales" como los suministros de energía, agua y telecomunicaciones

• Twittear

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes la movilización de hasta 200.000 millones de euros, el 20% del PIB español, para paliar el impacto económico y social de la crisis del coronavirus, de los que 117.000 millones procederán íntegramente del sector público y el restante se complementará con movilización de recursos privados.

Así lo ha anunciado Sánchez en una rueda de prensa telemática desde el Palacio de la Moncloa tras el Consejo de Ministros extraordinario que ha aprobado un nuevo paquete de medidas como «escudo» al impacto de la crisis con el fin de «frenar la curva descendente» del empleo y la producción.

«Es la mayor movilización de recursos económicos de la historia reciente de España», ha afirmado Sánchez, quien ha indicado que se aplicarán en un «muy corto espacio de tiempo» y supondrá un «enorme esfuerzo» ante la magnitud y el desafío social y económico.

Sánchez ha afirmado que el real decreto-ley aprobado este martes es «el mayor que se ha aprobado a lo largo de la historia de la democracia», por lo que ha insistido en la importancia de establecer un «escudo social y económico» para paliar el impacto del Covid-19.

Con este plan de choque «sin precedentes» ha aseverado que «nadie se va a quedar atrás, si bien ha subrayado que hay que actuar «unidos» administraciones, trabajadores y empresarios para trabajar con resolución, por lo que ha pedido la colaboración de todos los agentes económicos, a los que ha agradecido, junto a patronal, sindicatos, líderes de la oposición y presidentes autonómicos, su cooperación tras las reuniones de estas últimas semanas para consensuar medidas.

AVALES PARA INYECTAR LIQUIDEZ
De esta forma, ha querido lanzar un mensaje «contundente» a las empresas y los mercados respecto a que el Estado va a proporcionar «toda la liquidez que se necesite para mantenerse operativo», ya que no va a permitir que «los problemas temporales puedan convertirse en problemas de solvencia». Por ello, ha pedido a las empresas que mantengan el empleo y la actividad económica.

Así, ha anunciado una línea de avales con valor de hasta 100.000 millones que permitirá movilizar entre 150.000 y 200.000 millones en el sistema económico si se incorpora al sector privado. El Estado será el garante de las operaciones.

También se aprueba una línea de avales adicionales de 2.000 millones para empresas exportadoras con mecanismos ágiles y medidas para facilitar la reestructuración de créditos a exportación agrarias afectadas por la sequía. Además, se destinan 30 millones a investigación de vacunas.

Las nuevas medias incluyen 600 millones para la prestación de servicios básicos a comunidades autónomas y entes locales y se garantizan los suministros y los servicios de comunicaciones, así como el derecho a la vivienda con la moratoria de las cuotas de hipotecas para personas de situación de especial vulnerabilidad.

Además, se ha reforzado la normativa sobre inversiones exteriores para impedir que las empresas de fuera de la Unión Europea puedan hacerse con el control de empresas españolas aprovechando la caída coyuntural de sus acciones en esta situación.

AMPLIACIÓN PLAZOS DE CONTRATOS PÚBLICOS
Por otro lado, las Administraciones Públicas van a ayudar a sus empresas contratistas a mitigar las consecuencias del Covid-19 en los contratos del sector público y, para ello, se va a establecer un régimen específico de suspensión de contratos públicos, con ampliación de plazos y compensación de salarios, con el fin de evitar la resolución de los contratos y la consecuente pérdida de empleo.

«El frenazo en seco de la economía española es temporal, coyuntural y posteriormente tendremos que hacer frente a reconstrucción y recuperación económica y social del país», ha apostillado. «Resistiremos el golpe», ha afirmado.

Las nuevas medidas se sumarán a las primeras del paquete de choque económico ya recogidas en el decreto-ley aprobado el pasado jueves en Consejo de Ministros extraordinario, con la inyección de 18.225 millones para paliar las consecuencias económicas.

No obstante, Sánchez ha avanzado que pedirá que la Comisión Europea movilice recursos y flexibilice las reglas fiscales. Por ahora la Comisión Europea ha anunciado que adoptará medidas para garantizar liquidez, así como el uso de 37.000 millones de fondos estructurales, de los que 4.100 irán para España.

Además, afirmó que cuando pase la crisis, la UE tiene que ser capaz de movilizar recursos para la reactivación económica y para que la economía europea recupere el «brío» que tenía antes de la crisis.

Economía.- El Gobierno eximirá del pago de cotizaciones a las empresas que hagan ERTEs y no despidan.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un conjunto de medidas económicas y laborales para afrontar los efectos del coronavirus, entre la que se incluye la exoneración del pago de cotizaciones a aquellas empresas que, en lugar de despedir trabajadores, se acojan a expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) .

Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha destacado además que esta medida aliviará las cargas financieras de las empresas y permitirá recuperar empleo «cuanto antes».

Sánchez ha explicado que todos los ERTEs se considerarán realizados por fuerza mayor, se gestionarán con rapidez en un plazo de cinco días, y todos los trabajadores afectados por estos procedimientos tendrán derecho a cobrar el paro aunque no cumplan con el periodo de cotización mínimo exigido para ello.

Además, no se considerará consumido el tiempo que dure la percepción de esta prestación (contador a cero). Esto, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, se considera un paréntesis en la prestación de desempleo que no afectará a eventuales prestaciones futuras del cotizante.

El Estado será el que se haga cargo de las prestaciones por desempleo de todos los trabajadores que se vean afectados por ERTEs mientras dure la crisis sanitaria, aún en el caso de que no hayan cotizado el tiempo suficiente (periodo de carencia) para acceder al subsidio por desempleo.

«Se prioriza así la suspensión de contratos y reducción de la jornada frente a los despidos», ha subrayado Sánchez, que ha hecho un llamamiento a los empresarios para que se acojan a estas medidas en lugar de recortar plantillas.

En concreto, el Real Decreto-Ley matiza que las empresas que realicen un ERTE por el coronavirus podrán acceder a una exoneración de las cuotas a la Seguridad Social correspondientes a las de los trabajadores afectados por dichos expedientes, y se aplicará tanto a las personas trabajadoras con suspensión del contrato como aquellas que vean reducida su jornada por el ERTE.

Además, se explica que esta exoneración no tendrá impacto sobre los trabajadores, ya que «este periodo constará como efectivamente cotizado a todos los efectos».

También para facilitar los trámites, no será necesario que las empresas realicen ninguna solicitud expresa ante la Tesorería General de la Seguridad Social, sino que directamente no se facturarán las cotizaciones de los empleados identificados por la empresa a través del Sistema de Liquidación Directa y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

PRÓRROGA AUTOMÁTICA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

El decreto aprobado hoy impulsa el teletrabajo a través de una dotación «importante» a las empresas para la compra de ordenadores y de facilidades para su aplicación.

Además, el Real Decreto establece que para adaptarse de manera flexible a las nuevas condiciones laborales, se flexibilizará y facilitará la posibilidad de que el trabajador se acoja al teletrabajo a través de un sistema de autoevaluación.

También permite a los trabajadores adaptar y/o reducir su jornada laboral para el cuidado de personas a su cargo (hasta segundo grado), siendo posible una reducción del 100% de la jornada, sin que puedan ser sancionados o despedidos por ello.

La norma incluye además beneficios específicos para los trabajadores fijos discontinuos, a tiempo parcial y cooperativistas, a los que se les facilitará el cobro de prestaciones por desempleo.

En concreto, en este caso, se amplía la protección por desempleo a las personas socias trabajadoras de cooperativas cuando acrediten que las causas que han ocasionado la suspensión o la reducción de la jornada estén relacionadas con el coronavirus.

Además, también podrán acogerse a la prestación los trabajadores fijos discontinuos y aquellos que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas que hayan visto suspendidos sus contratos de trabajo ante la situación excepcional de este periodo.

Asimismo, el decreto permitirá la prórroga automática de prestaciones por desempleo para impedir que se pierda el derecho al no poder acudir a las oficinas de los servicios públicos de empleo.

PROTECCIÓN PARA LOS DEPENDIENTES A CARGO

En el Real Decreto Ley el Gobierno señala que velará por las personas que tienen dependientes a su cargo, de hasta un segundo grado de consanguinidad, para que puedan organizar su tiempo de trabajo de la manera más satisfactoria para poder atender sus obligaciones de guarda y cuidado.

Además, también se atenderá como causa excepcional las decisiones adoptadas por las autoridades gubernamentales que impliquen el cierre de centros educativos o de cualquier naturaleza. Así, se prevé que las personas trabajadoras puedan reducir hasta el 100% de su jornada o reorganizarla para poder afrontar este cierre de centros educativos o centros sociales de atención.

Podrán acogerse las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto al cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad, hasta el segundo grado de la persona trabajadora.

La reducción de jornada deberá comunicarse a la empresa con 24 horas de antelación. Esta, según el Gobierno, «es una medida fundamental para favorecer la conciliación y la corresponsabilidad y se entenderá como el derecho individual de cada uno de los cuidadores».

«Las modificaciones de jornada deberán solicitarse de manera justificada, razonable y proporcionada para acomodarse a las necesidades de organización de la empresa y se limitarán a la duración del periodo excepcional», recoge el Real Decreto.

UNA PRESTACIÓN ECONÓMICA PARA LOS AUTÓNOMOS QUE VAYAN AL PARO

El presidente ha avanzado además que se flexibilizará el acceso a la prestación por cese de actividad de los autónomos. En realidad, se establece una prestación extraordinaria, distinta al cese de actividad ordinario, a la que podrán acogerse aquellos autónomos que hayan cerrado sus negocios por la crisis sanitaria o que hayan reducido de manera significativa su actividad.

En concreto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha explicado que los autónomos podrán solicitar esta nueva prestación, análoga a la de cese de actividad, cuando su actividad quede suspendida por la declaración del estado de alarma o cuya facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.

También ha dejado claro que esta prestación será incompatible con cualquier otra de la Seguridad Social y tendrá una cuantía del 70% de la base reguladora, «aunque no se haya cumplido el periodo mínimo para acceder a la prestación por cese de actividad».

La duración será de un mes, pudiéndose ampliar hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que éste se prorrogue. Además, el tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.

Esta prestación también la podrán solicitar los profesionales autónomos con trabajadores a su cargo. En este caso, podrán tramitar un ERTE y, al mismo tiempo, acceder a esta prestación extraordinaria.

Para acceder a esta nueva prestación, la persona beneficiaria deberá dirigirse a la mutua habitual con la que tengan cubiertas las contingencias profesionales, al Instituto Social de la Marina (ISM) en el caso del Régimen Especial de Trabajadores del Mar, o al SEPE en los casos en los que tengan la cobertura con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

El Gobierno garantizará servicios «esenciales» como los suministros de energía, agua y telecomunicaciones.

El Gobierno garantizará servicios públicos «esenciales» como los suministros de energía, agua y las telecomunicaciones durante el periodo de duración de la crisis provocada por el coronavirus.

En una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario celebrado por el Ejecutivo este martes para aprobar un Real Decreto Ley para hacer frente al impacto social y económico de esta crisis, Sánchez señaló que de esta manera se garantizan «los suministros esenciales a las personas más vulnerables».

En concreto, el real decreto-Ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del ‘COVID-19’, prohíbe durante ese periodo de un mes, aunque prorrogable en función del desarrollo de la crisis, el corte de suministro de electricidad, agua y gas natural a los consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico señaló que ya está en contacto con los proveedores de estos tres servicios para hacer efectiva la medida.

Asimismo, se prorroga la vigencia del bono social eléctrico a los beneficiarios que debían renovar su solicitud, quienes podrán realizar el trámite hasta el próximo 15 de septiembre.

El bono social eléctrico es un descuento en la factura de la luz de entre un 25% y un 40%, para consumidores vulnerables y consumidores vulnerables severos, respectivamente, que cumplan los requisitos establecidos. Asimismo, los beneficiarios del bono social eléctrico a 31 de diciembre cada ejercicio son perceptores automáticos del bono social térmico.

A finales del pasado mes de febrero, más de 1,29 millones de familias recibían el bono social. El colectivo de pensionistas con pensiones mínimas supone aproximadamente el 13% del total de beneficiarios.

SE MANTIENEN LOS PRECIOS DE LA BOMBONA Y DEL GAS DURANTE 6 MESES.
El real decreto-Ley aprobado por el Ejecutivo también suspende la revisión de los precios máximos de venta al público de los gases licuados del petróleo envasados, como las bombonas de butano, y de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural, para evitar que alzas en el precio. Así, se mantendrán los precios actuales durante los próximos seis meses.

Esta medida se adopta en consideración del significativo porcentaje de consumidores socialmente vulnerables entre aquellos que se abastecen de gases licuados del petróleo envasado y de que el colectivo de consumidores socialmente vulnerables con instalación doméstica de gas natural tiene la posibilidad de acogerse a la tarifa de último recurso, indicó el Ministerio.

La revisión de los precios de GLP se realiza cada dos meses y el Real Decreto-Ley la suspende para los siguientes tres bimestres. En el caso de la TUR de gas natural, la revisión es trimestral y su suspensión se aprueba por dos trimestres.

El real decreto del pasado sábado fin de semana por el que se decretaba el estado de alarma ya planteaba que el Gobierno podría tomar amplios poderes en materia energética -electricidad, gas e hidrocarburos- en caso de necesidad extrema.

En concreto, hacía alusión a las leyes del sector eléctrico y de hidrocarburos, que otorgan poderes al Ejecutivo en caso de situaciones críticas.

MEDIDAS ADOPTADAS YA POR LAS ENERGÉTICAS.
En esta dirección de garantizar el suministro de servicios como la luz ante la crisis originada por el coronavirus, las grandes eléctricas habían ya adoptado medidas de manera voluntaria a finales de la pasada semana.

Así, Endesa ya adoptó la decisión de no proceder a ningún corte de luz por impago en el recibo ante esta situación excepcional motivada por la crisis del coronavirus.

Igualmente, Iberdrola ofreció fraccionar hasta en doce meses, y sin coste, los recibos de luz y gas a todos los clientes residenciales, pymes y autónomos que lo soliciten para aliviarles del impacto.

Naturgy también puso sobre la mesa aplazar el pago de los recibos de sus clientes pymes y autónomos y hacerse cargo del coste de los facturas de forma temporal y financiar a sus clientes a seis meses sin intereses.

 

• Twittear