CASO PONIENTE.- Enciso y Alemán hablan de «persecución» y niegan haberse beneficiado de ninguna trama

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En su escrito de defensa, el exalcalde de El Ejido Juan Enciso sostiene que el «daño» que el procedimiento judicial le ha infringido «ha sido y es brutal» al tiempo que afirma que no existe causa alguna por presunta corrupción «en este país donde las consecuencias personales hayan sido tan devastadoras».
«Está claro que a Enciso y a su entorno familiar, como consecuencia de este procedimiento, se le ha provocado una especie de muerte civil, primeramente apartándolo de la vida pública, para, posteriormente, asfixiarlo económicamente a él y a su familia», señala el abogado Francisco Torres, que entiende que el exalcalde y su familia han sido víctimas «de acoso y derribo» y remarca la «dureza» de estar en prisión «los muchos meses que estuvo». «Es una persecución en toda regla», considera, según recoge Europa Press.

Por su parte, el ex interventor municipal de El Ejido (Almería) José Alemán, sostiene que es «totalmente incierto» que percibiese «prebenda alguna» de las empresas que realizaron trabajos para la empresa mixta Elsur y asegura que sus responsabilidades se «limitaban» a ser «uno más de los consejeros» ya que se trataba de una «empresa privada, no sometida ni a control ni contabilidad pública», detalla Europa Press.
Según esta agencia, muestra su «total oposición» a la relación «plagada de errores» de hechos efectuada por las acusaciones «por no corresponder con lo instruido ni con la realidad de los hechos» pero nada dice para explicar el origen del millonario patrimonio que la investigación judicial atribuye a Alemán haber amasado en este tiempo aunque sí cuestiona duramente su enjuiciamiento. La defensa alude, asimismo, a la existencia de una causa general.

La presunta trama

La presunta trama de corrupción política y empresarial en torno a la empresa mixta Elsur, participada por el Ayuntamiento de El Ejido y la multinacional Abengoa, habría detraído de las arcas públicas del consistorio casi 71,5 millones de euros entre los años 2002 y 2009 bajo una red en la que también estaría implicado el exinterventor municipal José Alemán, quien también se enfrenta a 64 años de prisión.
La acusación que el Ministerio Público indica que el saqueo de las arcas públicas se realizó «orquestando la creación» de una red de sociedades que se dedicaban a «subcontratar» con la empresa mixta Elsur con «una doble finalidad: engordar artificialmente el canon anual que tenía que recibir como contraprestación por parte del Ayuntamiento, y, por otra, aumentar más sus ingresos defraudando a la Hacienda Pública».
La Fiscalía Anticorrupción sitúa en el epicentro de la presunta trama para «aprovechamiento ilícito» al grupo empresarial Abengoa como socio privado de Elsur, con un 30 por ciento del accionariado, y le acusa de haberse apoderado de poco más de 31 millones de euros con «sobrefacturación», todo ello, según remarca, «con la connivencia» del exalcalde y del exinterventor municipal.
En total, entre 2002 y 2009 se facturó al consistorio ejidense 232,6 millones de euros de los que 31 millones de euros correspondieron a «sobrefacturaciones» de los distintos grupos empresariales y sus propietarios, entre ellos José Amate o Juan Antonio Galán, para el que pide la máxima pena de 174 años de cárcel.
El Ministerio Público calcula que el grupo de empresas controlado por el primero sobrefacturó 24,7 millones de euros, habiendo obtenido un beneficio del 53,49 por ciento con el que los 13 acusados vinculados al citado grupo han conseguido reunir un importante patrimonio inmobiliario, tanto rústico como urbano.
Mientras, el grupo empresarial vinculado a Galán, sobrefacturó presuntamente a Elsur, «aumentando el perjuicio patrimonial sufrido en detrimento de las arcas municipales», 15,6 millones de euros, «habiendo obtenido un porcentaje de beneficio del 48,21 por ciento, muy superior al que hubiera sido normal si no se hubieran aumentado artificialmente los costes de la subcontratación».
Asimismo, el grupo Abengoa supuestamente llevó a cabo mediante un entramado de sociedades una «sobrefacturación» en concepto de «gastos de apoyo a la gestión y el asesoramiento», ya que, tal y como destaca el fiscal, eran servicios «que en realidad no se prestaron pues no constan actas de reuniones de seguimiento, informes, estudios o documentos en los que se ponga de manifiesto la veracidad de los mismos y tenían como única finalidad el apoderamiento ilícito por parte del socio privado de unos fondos que sabían que era de naturaleza pública, incrementando de esta manera los costes de Elsur para así justificar ante el Ayuntamiento el incremento de los precios en beneficio propio».

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Escrito por Redacción en 29 Jul 2019. Archivado bajo Titular, Tribunales, Última Hora.
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