Caritas y el agujero de la crisis
La epidemia del Covid ha dejado a la vista los fallos del sistema, la falta de previsión, la carencia de recursos y la mala gestión de los existentes, la incapacidad para dar una cifra real de fallecidos, el uso político de la tragedia y la necesidad de combatir la pobreza extrema que no es una pandemia del tercer mundo sino que está entre nosotros, a nuestro lado. La aprobación del Ingreso Mínimo Vital es una medida imprescindible, pero insuficiente. Solo un primer paso. No llega a todos los que de verdad lo necesitan porque muchas familias quedan excluidas; tampoco a los inmigrantes sin papeles –es mentira que vivan «como reyes» gracias a subsidios que no existen aunque algunos los pregonen– o a los menores no acompañados; se exige que los que la reciban sean solicitantes de empleo, pero hay muchas personas que no lo son porque su salud no se lo permite; es una ley compleja y difícil de aplicar; carece, todavía, de un reglamento que explique y aclare muchos aspectos; es una ley estatal pero la aplicarán ayuntamientos y comunidades autónomas; no se sabe qué pasará con las ayudas similares que prestan, en algunos casos desde hace treinta años, algunas autonomías, si se sumarán o se sustituirán; y, finalmente, hay muchas dudas de que se gestione con transparencia.
El Ingreso Mínimo Vital es una decisión del este Gobierno, apoyada por casi todos los partidos, pero es, sobre todo, una reivindicación histórica de Caritas. Que, además, viene pidiendo algo más y algo más importante que el IMV: garantizar un empleo digno para todos los que viven en la exclusión social. Porque es buena la ayuda económica, pero la dignidad está en la posibilidad de tener un empleo y ganarse un sueldo. Y si hace falta formación, tener la posibilidad real de recibirla. Y eso vale, sobre todo, para los jóvenes, las mujeres y los parados de larga duración. Casi nadie quiere limosnas.
Cáritas viene pidiendo este IMV desde 1996. Lo ha reclamado desde entonces a todos los Gobiernos. Negoció con Zapatero en 2009. En 2016 con Rajoy, que estuvo a punto de aprobarlo. Más recientemente, con el Gobierno de Pedro Sánchez, ha conseguido que cristalizara. Aunque el Gobierno y tiene todo el derecho a apuntarse el tanto, Cáritas siempre ha estado ahí. Porque, frente a muchos, Cáritas sí sabe lo que pasa en la calle. Sabe cómo ayudar a las víctimas de los desahucios, ha dado hogar, comida, ropa y formación a muchos, invisibles para el Estado, pero no para ellos. Ha extendido la mayor red de solidaridad y dignidad por todas las ciudades españolas.
Estos 462 euros, o un máximo por familia de 1.015 euros, pueden afectar, según el Gobierno, a 850.000 hogares y más de dos millones de personas. Habrá que ver las cifras reales si son capaces de averiguarlas. Pero que en España haya esa cifra de personas sin ingreso alguno, y muchos más sin empleo, debería hacernos pensar en el país que hemos construido.
Esta crisis puede ser peor que la de hace diez años. Sin instrumentos como Cáritas –que, no se olvide, es el brazo solidario de la Iglesia Católica– cientos de miles de esas familias a las que ahora va a ayudar el Gobierno con el dinero de los contribuyentes, no habrían tenido ninguna posibilidad de sobrevivir. ¿Para cuándo ese homenaje a Caritas, ese reconocimiento político, social, institucional a tantos voluntarios, a tantas parroquias que han sido el único hogar de los vulnerables y de los vulnerados? Tal vez habría que encargar a Cáritas la gestión de ese IMV para garantizar que se emplee bien y que llegue a todos los que lo necesitan.
-Francisco Muro de Iscar-
