Andalucía y Murcia critican los «ataques» del Gobierno a comunidades que «no son del PSOE o de Podemos»

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El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, se reúne con la vicepresidenta de la región de Murcia, Isabel Franco, y han acordado establecer un calendario de reuniones con otras comunidades, como Madrid, Castilla y León, Galicia, Extremadura o Valencia, para impulsar asuntos de interés como la reforma de la financiación autonómica, el IVA, las entregas a cuenta, el trasvase Tajo-Segura o los MENA, ante los «ataques» que se están produciendo por parte del Gobierno central a «comunidades que no son del PSOE o Podemos».

En declaraciones a los periodistas tras mantener la reunión en San Telmo –sede de la Presidencia del Gobierno andaluz–, Marín ha insistido en las situaciones «completamente injustas» que están viviendo estas comunidades y en la necesidad de que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Así ha señalado que la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, está intentando «arrojar al precipicio del incumplimiento del déficit de 2019 no llevando a cabo el pago del IVA y las entrega a cuenta», que suma unos 1.350 millones de euros, en «una actuación arbitraria». Además, ha criticado la decisión de «interrumpir» el trasvase Tajo-Segura, que «perjudica a Murcia, Levante y Almería» en un sector como el agroalimentario, «gran motor económico para Andalucía».

Marín ha previsto que si finalmente se forma el gobierno PSOE-Unidas Podemos, con Esquerra Republicana y Bildu, «habrá consecuencias muy graves» en el sistema de financiación autonómica, unos recursos que, según ha recordado, se destinan a médicos, profesores, dependencia e inversiones en materia de infraestructuras.

Por su parte, la vicepresidenta de la región de Murcia, Isabel Franco, ha destacado que «juntos», Andalucía y Murcia, pueden «llegar más lejos» y pueden avanzar en cuestiones «importantísimas» como la atención a los menores no acompañados, las políticas de inmigración o la financiación autonómica.

«Creemos que el Gobierno central está levantando un cerco ante aquellas comunidades que no le son afines y pretende que todos los ciudadanos paguen sus decisiones, cuando es su incapacidad para formar gobierno», ha subrayado.

Así, en cuanto al trasvase Tajo-Segura, una decisión «más incompresible si cabe», ha indicado que «como mínimo van a defender los intereses de los regantes de la región de Murcia, Andalucía y Alicante». «Este Gobierno está tomando una deriva injusta e insolidaria con una zona donde está demostrada la escasez hídrica. No vamos a retroceder en unos derechos que llegaron tarde y que deben mantenerse y consolidarse», ha subrayado.

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