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Un asesor cercano al expresidente aragonés Javier Lambán aparece ahora en el centro de una investigación sobre los grandes proyectos renovables en Teruel. Fuentes judiciales plantean dudas sobre si ese intermediario facilitó la firma de convenios municipales para que la empresa Forestalia avanzara en sus parques. La Guardia Civil revisa pagos y contactos que podrían apuntar a irregularidades.
Quién es el intermediario y cómo ejerció su influencia
Antonio Arrufat es el nombre que figura en varias diligencias. Fue alcalde de La Cerollera y, más tarde, presidente de la Diputación de Teruel. También ocupó un escaño en el Senado. Tras un periodo fuera de la primera línea política, volvió al servicio público como delegado territorial y asesor contra la despoblación.
En ese papel, contactó a regidores de la sierra turolense para explicarles las ventajas de proyectos promovidos por Forestalia. Sus interlocutores relatan reuniones informales en pueblos pequeños. Allí se expusieron promesas de inversiones y empleo.
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- Contexto político: Arrufat usó su red de contactos provinciales.
- Objetivo aparente: lograr que los ayuntamientos apoyaran las tramitaciones.
- Reacción local: algunos alcaldes siguieron las recomendaciones; otros se negaron.
La estrategia para obtener permisos municipales
Forestalia obtuvo un volumen significativo de potencia en subastas estatales. El siguiente reto era conseguir las licencias administrativas municipales. Para sortear controles estatales, muchas instalaciones se proyectaron por debajo del umbral de 50 MW.
Durante las presentaciones, se propusieron fórmulas colectivas de gestión. Asociaciones de municipios emergieron como mecanismo para unificar criterios y agilizar trámites. En algunos encuentros se puso sobre la mesa la creación de agrupaciones como herramienta para repartir beneficios.
Métodos usados para ganar apoyos
- Promesas de empleo y contratos de obra.
- Presentación de proyectos como solución a la despoblación.
- Creación de asociaciones municipales para tramitar permisos de forma conjunta.
- Mensaje de respaldo público por parte de autoridades regionales.
Algunos asistentes percibieron presión política. Según fuentes citadas por la investigación, se transmitió que quienes no se sumaran a las iniciativas podrían quedar al margen de futuras inversiones.
Intervenciones públicas y respaldo institucional
El entonces presidente de la comunidad defendió públicamente los proyectos en una presentación masiva. Destacó cifras millonarias de inversión y miles de puestos de trabajo durante la construcción. También hizo hincapié en el carácter verde y social de las iniciativas.
Esas declaraciones contribuyeron a una narrativa oficial que vinculaba parques eólicos y fotovoltaicos con renovación económica en comarcas con pérdida de población. Para muchos alcaldes, ese relato fue determinante al evaluar los convenios.
La causa judicial: delitos investigados y detenciones
El Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel instruye diligencias por presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La pieza central del caso son posibles manipulaciones de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA).
La Guardia Civil ha realizado detenciones y busca aclarar si hubo amaños para favorecer a promotoras, entre ellas Forestalia. Los informes policiales mencionan transferencias y pagos mediante sociedades interpuestas.
Personas y actuaciones que constan en la investigación
- Detenciones recientes vinculadas a la tramitación ambiental.
- Funcionarios y técnicos bajo investigación por posible alteración de informes.
- Pagos a través de empresas vinculadas a familiares de implicados.
Entre los investigados figura un exalto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica, que ocupó responsabilidades en evaluación ambiental. La Guardia Civil documenta entregas de dinero que podrían haberse producido a cambio de favores en la concesión de permisos.
Señalamientos sobre pagos y contraprestaciones
Según la policía, se investigan transferencias por varios millones de euros relacionadas con la concesión de licencias. Parte del dinero habría pasado por una mercantil vinculada a familiares de uno de los técnicos imputados.
En los atestados se apunta que esos pagos podrían haber sido la «contraprestación» por facilitar autorizaciones, pese a que algunas obras no cumplían con todos los requisitos legales.
Impacto local y reacción de la sociedad
Los proyectos de gran escala generaron división. Vecinos y colectivos ecologistas impulsaron plataformas de oposición. Al mismo tiempo, alcaldes y representantes municipales que apoyaron los parques destacaron la posibilidad de revitalizar la economía rural.
- Movilización social: protestas y recursos administrativos.
- Apoyo institucional: discursos públicos y promesas de reparto de fondos.
- Investigación en curso: detenciones y análisis de documentación.
