Mostrar resumen Ocultar resumen
Una solicitud de acceso a archivos en Estados Unidos ha forzado a la CIA a revisar documentos sobre la venta de ocho buques españoles a Venezuela en 2005. El caso, que vincula a empresarios intermediarios y a la industria naval española, vuelve a concentrar la atención internacional.
Expediente abierto en la CIA tras una petición FOIA
La petición se presentó bajo la ley de transparencia estadounidense conocida como Freedom of Information Act (FOIA). Ese trámite obligó a la Agencia Central de Inteligencia a crear un expediente y rastrear sus archivos.
Bañista de 55 años en estado grave: rescatado del mar en la playa de Mogán
Leonardo DiCaprio revela origen de su silbido mexicano viral: trabajé mucho con mis jardineros
- Se mencionan a dos empresarios venezolanos: Pedro Enrique Malavé Benavides y Juan Rafael Carvallo López.
- Ambos aparecen ligados a la mediadora Rebazve Holding.
- La CIA debe decidir si puede desclasificar alguno de los documentos.
El análisis interno incluirá la comprobación de si los archivos contienen información sensible. No se harán públicos elementos que pongan en riesgo fuentes o métodos de inteligencia.
Qué incluía el contrato entre España y Venezuela
El acuerdo firmado en 2005 encargó a Navantia la construcción de ocho buques para la Armada venezolana. El paquete se convirtió en uno de los mayores contratos internacionales de la industria naval española.
- Cuatro buques de vigilancia oceánica.
- Cuatro patrulleras de vigilancia litoral.
- Importe cercano a 1.200 millones de euros.
El Gobierno español defendió la operación como una medida para sostener la carga de trabajo en los astilleros públicos. La ejecución del contrato también fue presentada como un impulso a la proyección internacional de la industria naval nacional.
Contexto político nacional
En ese momento, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero justificó el contrato como necesario para mantener ocupados los centros de producción tras la reestructuración del antiguo Izar. El ministro de Defensa era José Bono.
Intermediarios y el pago de comisiones
Antes de firmarse la adjudicación definitiva, Navantia rubricó un acuerdo de mediación con Rebazve Holding. Ese vínculo contractual generó controversia y posteriores pesquisas judiciales.
- La comisión acordada rondaba el 3,5% del valor del contrato.
- Ese porcentaje equivaldría a unos 42 millones de euros sobre la operación.
- Investigaciones en España examinaron la estructura societaria empleada para canalizar esos pagos.
Los nombres de los empresarios señalados en la petición FOIA aparecen vinculados a esa mediación. La revisión de la CIA busca determinar si sus archivos contienen referencias a esos comisionistas.
Presión internacional y modificación del paquete militar
La venta se produjo en un contexto de tensión entre Estados Unidos y el Gobierno de Hugo Chávez. Cualquier suministro con componente militar despertó recelo en Washington.
El acuerdo original incluía, además de los buques, la compra de 12 aviones de transporte y vigilancia. Esa parte del contrato quedó bloqueada por la negativa estadounidense a autorizar la exportación de tecnología incorporada en las aeronaves.
- Sin la licencia estadounidense, España tuvo que retirar los aviones del pacto.
- Se reemplazaron o modificaron componentes para evitar la transferencia de tecnología estadounidense en las embarcaciones.
El contrato final se cifró en torno a 1.207 millones de euros, aunque fuentes posteriores señalaron que Caracas llegó a abonar 1.249 millones. La diferencia coincide con la comisión atribuida a la intermediaria.
Implicaciones y pasos a seguir en la revisión documental
La apertura del caso en la CIA supone un nuevo foco de atención sobre una operación que tuvo repercusiones políticas y judiciales en España. La agencia debe evaluar cada documento para decidir si puede divulgarse.
- Localizar y catalogar los archivos relacionados con el contrato naval.
- Determinar si contienen información sensible.
- Aplicar exenciones de seguridad o proceder a la desclasificación parcial o total.
La posible publicación de materiales podría aportar detalles sobre el rol de los intermediarios y sobre decisiones técnicas y políticas que afectaron al contrato.
