Mostrar resumen Ocultar resumen
- Qué reclama el PP al Gobierno sobre el protocolo en la AGE
- Propuestas concretas para el acompañamiento postdenuncia
- Protocolo específico para el «momento crítico» de la víctima
- Estándares, indicadores y seguimiento del Pacto de Estado
- Protección de testigos, denunciantes y personas afectadas
- Formación, difusión y responsabilidades en la AGE
- Reparación y medidas frente a denuncias infundadas
El Grupo Parlamentario Popular ha registrado dos proposiciones no de ley para reforzar la protección de personas afectadas por acoso sexual y por razón de sexo. Las iniciativas buscan mejorar el acompañamiento, la prevención y la respuesta en la Administración General del Estado. Llegan tras casos que han reabierto el debate público y persiguen que las medidas sean operativas y generen confianza.
Qué reclama el PP al Gobierno sobre el protocolo en la AGE
Los populares exigen que se implemente de forma real y homogénea el Protocolo recogido en el Real Decreto 247/2024. Señalan que las normas existentes a veces quedan en buenos propósitos. En la práctica faltan recursos, criterios claros y seguimiento.
Bañista de 55 años en estado grave: rescatado del mar en la playa de Mogán
Leonardo DiCaprio revela origen de su silbido mexicano viral: trabajé mucho con mis jardineros
Entre las preocupaciones destacan:
- Deficiencias en la prevención y en la actuación operativa.
- Escasas garantías para testigos y colaboradores.
- Ausencia de trazabilidad en el recorrido de la víctima.
- Pérdida de confianza por respuestas lentas o inconsistentes.
Propuestas concretas para el acompañamiento postdenuncia
Medidas de atención inmediata y continuada
- Asignación de un profesional de referencia desde la denuncia.
- Establecer tiempos máximos para la primera cita psicosocial.
- Continuidad del seguimiento durante todo el procedimiento.
- Acceso prioritario a apoyo psicológico especializado antes de decidir.
El PP pide que estas medidas incluyan cronogramas, responsables y objetivos anuales. También reclama criterios mínimos que garanticen continuidad asistencial.
Protocolo específico para el «momento crítico» de la víctima
Proponen desarrollar en seis meses un protocolo para los momentos de duda o de posible dispensa de declarar. El objetivo es ofrecer información clara y apoyo en decisiones clave.
- Información comprensible sobre el itinerario procesal.
- Opciones y recursos disponibles explicados con claridad.
- Actualización inmediata de la valoración del riesgo.
- Coordinación ágil con recursos de protección.
Estándares, indicadores y seguimiento del Pacto de Estado
El PP reclama estándares mínimos comunes, evaluables y respetuosos con las competencias autonómicas. Quieren integrar estos indicadores en el informe anual de seguimiento del Pacto de Estado.
- Indicadores homogéneos sobre acompañamiento postdenuncia.
- Desglose territorial de cobertura y tiempos de acceso.
- Registro de la existencia de profesional de referencia por caso.
- Medición de la continuidad del apoyo psicosocial.
Protección de testigos, denunciantes y personas afectadas
La iniciativa incluye medidas específicas para quienes colaboran en los procedimientos. Pretende evitar represalias y garantizar apoyo a testigos e informantes.
- Orientación y apoyo psicosocial a testigos cuando proceda.
- Garantías operativas contra represalias.
- Programas de intervención para corregir conductas y prevenir la repetición.
- Medidas organizativas cautelares que eviten perjuicios laborales a la víctima.
Formación, difusión y responsabilidades en la AGE
El PP exige una planificación común de formación en toda la Administración General del Estado. La formación debe tener objetivos verificables y periodicidad mínima obligatoria.
- Capacitación específica para mandos y personal directivo.
- Planes de difusión para que el protocolo no sea solo formal.
- Indicadores de cumplimiento y mecanismos de verificación.
Reparación y medidas frente a denuncias infundadas
También piden pautas de restitución para casos de denuncias manifiestamente falsas. El fin es proteger la reputación y los derechos laborales de quien resulte dañado.
- Mecanismos para prevenir daños reputacionales.
- Procedimientos para restituir derechos laborales cuando proceda.
- Salvaguardas que refuercen la credibilidad del sistema.












