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La llegada de Cristina Pastor al Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro (Córdoba) abre un capítulo complicado en la administración de justicia española. Su toma de posesión coincide con una causa colosal: la instrucción del accidente ferroviario de Adamuz, que se saldó con 45 víctimas. La plaza, descrita por veteranos como exigente y sobrecargada, ha obligado a las autoridades a buscar refuerzos con celeridad.
Convocatoria urgente y dificultades para cubrir la vacante
El Consejo General del Poder Judicial lanzó una comisión de servicios para cubrir una plaza en Montoro. La oferta duraba seis meses y era renovable. El plazo para presentar candidaturas fue extremadamente corto: solo tres días.
La medida fue impulsada tras la petición del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El objetivo era dotar al juzgado de personal capaz de asumir la carga ordinaria y colaborar en la instrucción del siniestro.
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- Ámbito nacional: cualquier magistrado en España podía optar.
- Remuneración y trámite: la incorporación precisa el visto bueno del CGPJ y el abono salarial corre por cuenta del Ministerio de Justicia.
- Reserva de urgencia: si no se cubre con una comisión, se recurre a la bolsa de sustitutos.
Fuentes judiciales consultadas indican que la convocatoria no despertó gran interés. Algunos describen el destino como una carga profesional de gran magnitud. En caso de que nadie la solicite, el TSJA activará la bolsa de magistrados suplentes para cubrir la plaza.
Qué se espera del juez de refuerzo
La oferta hablaba de “reforzar y apoyar” las secciones de Civil y de Instrucción. El texto incluía la llevanza ordinaria de asuntos y la colaboración en la tramitación de la instrucción por el accidente de Adamuz.
Ambigüedad sobre las funciones
Voces dentro del mundo judicial advierten que el concepto de “colaboración” no está claro. No existe una figura definida de “juez colaborador” en el estatuto habitual. Esa indefinición genera dudas sobre las competencias del eventual comisionado.
Roberto García Ceniceros, presidente de Foro Judicial Independiente, admite que las comisiones de servicio son el mecanismo habitual para reforzar órganos con urgencia. Pero subraya el problema cuando la plaza exige tanto la gestión diaria como participar en una instrucción compleja.
- Riesgo de intervención en la tramitación de una causa mediática.
- Necesidad de que el refuerzo libere trabajo ordinario a la titular.
- Temor a falta de claridad en la asignación de funciones.
Garantías institucionales y sospechas sobre transparencia
El TSJA ha dejado claro que la Sala de Gobierno será la encargada de seleccionar al magistrado de refuerzo. Los criterios anunciados combinan escalafón y la situación concreta del juzgado de origen del aspirante.
Desde el órgano regional y el CGPJ se insiste en que el proceso busca eficacia y que el Ministerio de Justicia no decide sobre la adjudicación. Aun así, algunos magistrados critican la falta de transparencia en cómo se asignan estas comisiones.
Si la bolsa de sustitutos se activa, los responsables aseguran que con ello se disiparán dudas sobre intromisiones o politización de la instrucción. Esa vía es la alternativa cuando la comisión no atrae candidatos.
La nueva titular: formación, trayectoria y retos
Cristina Pastor es una jueza novel destinada ahora a un juzgado con una carga inusual. Su expediente académico y profesional es sólido, con formación en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Granada.
- Inicios profesionales: trabajó en un despacho de abogados antes de optar por la carrera judicial.
- Prácticas y destinos: realizó prácticas en el Juzgado de Instrucción número 8 de Granada y cubrió una baja en el Tribunal de Instancia de Loja.
- Tomará posesión: la convocatoria y los nombramientos fijaron el 9 de febrero como fecha para incorporarse.
Otra jueza novata, María del Carmen Blanque, asumirá el Juzgado de Instrucción número 1 de Montoro en la misma fecha. Ambos nombramientos colocan a dos profesionales recientemente salidas de la Escuela Judicial frente a expedientes de gran impacto.
La investigación que permanece abierta
Hasta la llegada de Pastor, la instrucción estaba en manos de una juez sustituta. Esa magistrada decidió no declarar la causa secreta, pese a la petición de la Guardia Civil. Los investigadores entregaron las dos cajas negras y miles de fotografías y vídeos.
La causa exige un enorme esfuerzo de tramitación e instrucción. A esa carga hay que sumar el trabajo ordinario del juzgado, que mantiene su cúmulo de procedimientos diarios.
Recursos humanos y apoyo administrativo
Actualmente, el juzgado dispone de 12 funcionarios. Nueve trabajan en el servicio de Tramitación y tres en el Registro Civil. La Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía ya envió dos refuerzos: un gestor y una tramitadora.
- Personal actual: 12 funcionarios en plantilla.
- Refuerzos aportados: 1 gestor y 1 tramitadora por la Junta.
- Necesidad adicional: un magistrado de refuerzo para aliviar la carga y facilitar la investigación.
