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El desalojo del instituto B9 en Badalona ha encendido el debate sobre vivienda, seguridad y responsabilidades políticas. El alcalde Xavier García Albiol ha marcado una posición firme y ha pedido al Gobierno central que asuma la solución habitacional para los expulsados. Las medidas inmediatas sobre el edificio y el balance del operativo policial han sido los ejes de sus declaraciones.
Reivindicación del Ayuntamiento y demanda al Ejecutivo central
El equipo municipal insiste en que los recursos locales no financiarán la atención a las personas desalojadas. El alcalde remarca que la gestión de alojamientos corresponde al Estado.
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Según su discurso, permitiría que quienes están en situación irregular y generan conflictos accedan antes a una vivienda que los vecinos sería inaceptable. Con ello busca proteger la convivencia urbana.
Resultados del operativo policial en el B9
La intervención de las fuerzas de seguridad se saldó con detenciones e identificaciones. En rueda de prensa se destacaron las cifras y el control del entorno.
- 18 arrestos vinculados a asuntos de extranjería.
- Más de 180 personas identificadas durante las labores policiales.
Reconocimiento a los cuerpos intervinientes
El alcalde agradeció la coordinación entre los diferentes cuerpos. Subrayó que la actuación se ajustó a la legalidad y buscó dar respuesta rápida a la queja vecinal.
Intervención sobre el inmueble: pasos inmediatos
El Ayuntamiento ha anunciado medidas técnicas y de seguridad para evitar nuevas ocupaciones.
- Cerrado de accesos mediante soldadura en las entradas del edificio.
- Retirada de escombros y limpieza del solar.
- Derribo de techos y preparación para un desmantelamiento total.
- Tramitación de un proyecto para construir una nueva comisaría en la parcela.
El objetivo declarado es recuperar la zona para uso público y evitar la repetición de ocupaciones.
Percepción vecinal y apoyo a las actuaciones
El gobierno local asegura contar con el respaldo mayoritario de la población afectada. Según sus datos, entre el 80% y el 90% de los vecinos respaldan las medidas contra la ocupación.
La administración pretende combinar seguridad, orden urbano y proyectos para la futura reconfiguración del espacio.
