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- Qué decidió el Ayuntamiento y por qué provocó la reacción
- Retirada del Seprona: la versión del PP y las demandas
- Tensiones políticas: acusaciones y respuestas públicas
- Consecuencias en el terreno: seguridad y economía local
- Movilización ciudadana y acciones previstas
- Repercusiones regionales y el foco mediático
La retirada anunciada del Seprona del cuartel de Casatejada ha encendido la polémica política en Extremadura. El conflicto une reproches por la gestión del Gobierno central, movilizaciones municipales y una disputa sobre la seguridad en una zona próxima al Parque Nacional de Monfragüe.
Qué decidió el Ayuntamiento y por qué provocó la reacción
El pleno municipal aprobó una iniciativa que declara personas non grata a varios diputados regionales que apoyaron la prórroga de la central nuclear de Almaraz. La medida votada en el consistorio ha sido el detonante de la retirada anunciada del equipo del Seprona.
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Votos y protagonistas
- La moción salió adelante con siete votos a favor y dos en contra.
- La propuesta fue impulsada por el alcalde del PP, Desiderio Riaño.
- Entre quienes recibieron la declaración figuran María Isabel García, Juan Antonio González, Begoña García Bernal y César Ramos.
- Contó con el respaldo del grupo independiente AICA y de la concejala del PSOE, Nuria Rivera.
Retirada del Seprona: la versión del PP y las demandas
El Partido Popular provincial ha calificado la medida como un castigo político y exige explicaciones a las autoridades. Asegura que la decisión afectará a la seguridad en el municipio y en la comarca.
Reclamaciones concretas
- Suspensión de la orden de desmantelamiento del Seprona.
- Dotación completa de agentes para el municipio; ahora hay apenas tres.
- Reparación y mejora de las instalaciones del cuartel, que consideran en mal estado.
El PP ha expresado su «total apoyo» a los alcaldes de Casatejada, Serradilla, Toril, Saucedilla y Majadas de Tiétar, que firmaron un escrito dirigido al Ministerio del Interior.
Tensiones políticas: acusaciones y respuestas públicas
Los populares acusan al Ejecutivo de Madrid de castigar a quienes discrepan de su política sobre infraestructuras y comunicaciones. Sostienen que la decisión llega justo cuando el PP gobierna localmente.
- Denuncian un trato punitivo hacia municipios que se han mostrado críticos.
- Afirman que la seguridad de vecinos y trabajadoras de la central nuclear queda en riesgo.
Desde el lado municipal se insiste en que no han recibido contestación del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ni del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Consecuencias en el terreno: seguridad y economía local
Los responsables municipales alertan de un impacto directo sobre la protección ciudadana y la sensación de abandono. La cercanía al Parque Nacional de Monfragüe multiplica la preocupación por la vigilancia medioambiental.
- Menos presencia del Seprona puede reducir el control sobre delitos contra el entorno.
- El cierre del cuartel se suma al debate sobre el futuro de la comarca tras la central de Almaraz.
El alcalde de Casatejada sostiene que el municipio se enfrenta a un doble golpe: la pérdida de actividad por el cierre de la nuclear y la posible desaparición de efectivos de la Guardia Civil.
Movilización ciudadana y acciones previstas
Frente a la decisión, el Ayuntamiento ha lanzado una campaña de recogida de firmas para intentar revertir el desmantelamiento. Pide el respaldo de los vecinos y de las entidades locales.
- Convocatorias para firmar un escrito dirigido a la subdelegación del Gobierno.
- Reclamo de presencia institucional y explicaciones formales.
- Uso de los plenos municipales para elevar la protesta.
El llamamiento del alcalde apela a la unidad del pueblo: firmar, protestar y presionar para impedir el cierre del cuartel.
Repercusiones regionales y el foco mediático
La polémica trasciende Casatejada y suma voces de otros municipios afectados. La situación abre un debate más amplio sobre la política de seguridad rural y la gestión de infraestructuras en zonas con actividad nuclear.
Los alcaldes agrupados y el PP continuarán reclamando respuestas oficiales mientras la comunidad local organiza acciones para defender los servicios públicos.
