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Hacer cumplir la ley
Aburre tener que seguir con el raca raca de la “cuestión catalana”. Pero es lo que hay. Y todo es malo porque las expectativas de reconducir la situación, no mejoran. En su conferencia del martes el presidente de la “Generalitat” reprodujo todos los extremos del desafío al Estado. En tono medido, pero con la misma letra y música de fondo. Amenazó con impulsar de nuevo las leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional, retomar la senda iniciada tras la proclamación de la república catalana y una nueva vuelta de tuerca: no acatar la sentencia del Tribunal Supremo en caso de condena a los políticos presos.
El resultado inventado del referéndum del 1 de Octubre se ha convertido en el mantra que en el discurso de los separatistas justifica su desafío al Estado y su agenda republicana. Pronunciado en vísperas de la Diada del 11 de Septiembre, el alegato de Torra parece destinado a calentar a la parroquia independentista. La invitación expresa a trabajar para lograr una manifestación multitudinaria puede interpretarse como una confesión de necesidad. Movilizar a la calle el día 11 y los siguientes hasta llegar al 1 de Octubre (aniversario del referéndum ilegal), parece ser un objetivo estratégico de máxima importancia. De la respuesta de la calle van a depender muchas cosas.
En Cataluña viven siete millones de personas. Algo más de dos millones apoyan la causa de la independencia. No constituye, ni de lejos, la mayoría social, pero es muy activa y su actitud es desafiante. Es su ventaja frente a los ciudadanos del común que quieren seguir formando parte de España pero no trasladan al día a día esa pasión como sucede con los separatistas. Es tanto lo que está en juego en Cataluña -empezando por la convivencia- que en este escenario de tensión conviene que el Gobierno que preside Pedro Sánchez extreme las cautelas. Mano tendida para el diálogo, sí, pero siempre dentro de la Constitución, pero ojo atento a la evolución de los acontecimientos. Sí el desafío del presidente Torra pasara de las palabras a los hechos, Sánchez no tendría más remedio que hacer cumplir la ley aplicando el Artículo 155 que permite suspender la autonomía. Tendría que hacerlo aunque, para él, semejante decisión aparejara un coste no deseado. Me refiero al fin de la legislatura.
-Fermín Bocos-
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