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OLULA DEL RÍO.- Tribunales.- Fiscalía pide abrir tres causas penales ante presuntas irregularidades en el Ayuntamiento
La Fiscalía ha solicitado que se abran tres procedimientos penales para investigar presuntas irregularidades en la gestión del Ayuntamiento de Olula del Río (Almería) bajo mandato del alcalde, Antonio Martínez, y ha pedido que se declaren complejos para ampliar la instrucción a 18 meses debido a las periciales que deben incorporarse y a la existencia de “varias personas” investigadas.
La resolución, que deriva de la denuncia que, a su vez, interpuso, el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento, pide la práctica de diligencias para comprobar si se incurrió en supuestos delitos contra la administración pública y falsedad en la ejecución de una obra, en la adjudicación de un contrato y en la firma de un contrato de arrendamiento con un particular.
En primer lugar, el Ministerio Público aprecia presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de alquiler por parte del regidor (PP) con un particular “sobre un paraje municipal” que se habría suscrito con “dictámenes contrarios” tanto del secretario municipal como del interventor.
Solicita al Juzgado de Instrucción de Purchena que solicite al primero que aporte copia del expediente administrativo y que tome declaración en calidad de testigos a ambos funcionarios públicos “para ver si mantienen o no sus informes, si los complementan o si amplían el alcance de los reparos puestos”. Añade, asimismo, que, a resultas de las anteriores, se tome declaración como investigado a Antonio Martínez.
La denuncia de la Fiscalía considera que también debe abrirse causa penal para indagar el proceso de adjudicación por parte del Ayuntamiento de Olula del Río de un contrato de obra para la mejora de la eficiencia energética del municipio a la mercantil Osepsa.
“RESTRICCIONES A LA LIBRE CONCURRENCIA”
En concreto, señala que previamente la citada empresa “pudo haber intervenido en la elaboración del proyecto o las condiciones técnicas para la adjudicación de la obra” y que, por ende, “otras mercantiles que concurrieron al proceso de adjudicación pudieron ser indebidamente apartadas del mismo”.
En este procedimiento penal pide que se requiera al secretario municipal copia del expediente administrativo y que informe, asimismo, “sobre si los reparos que puso en la tramitación del expediente relativos a la intervención de la mercantil adjudicataria en los trabajos previos al inicio del proceso pudo provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado respecto al resto de empresas licitadoras en los términos a que se refiere el artículo 56.1 de la Ley de Contratos del Sector público”.
Por último, el Ministerio Fiscal solicita al juzgado instructor la incoación de diligencias previas para investigar si se ejecutó la adecuación de un espacio público, específicamente una rotonda, con cargo a los Planes Provinciales por la mercantil Olumafi SL “con carácter previo a la adjudicación de la obra a la referida mercantil”.
Entre las pruebas a prácticas, interesa que se oficie a la Unidad Orgánica de Policía Judicial para que, “aportando al atestado los expedientes administrativos que se debieron incoar tanto en la Diputación Provincial como en el Ayuntamiento, acredite los hechos sucedidos y posibles irregularidades cometidas, y en su caso, responsable de las mismas”.
Asimismo, en la denuncia que adjunta 311 folios de documentación, pide las complementarias y derivadas de las anteriores, en particular, la declaración de los investigados de confirmar la anterior diligencia la existencia de indicios racionales de criminalidad.
Escrito por direccion en 8 Feb 2016. Archivado bajo Provincia, Última Hora.Puedes seguir las respuestas de esta entrada por el RSS 2.0. Los comentarios y pings están cerrados por el momento.
