IU Unidad Popular impulsará una reforma fiscal justa, suficiente, equitativa y progresiva

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Conseguir la justicia fiscal a través de una reforma fiscal justa, suficiente, equitativa y progresiva es el objetivo de Izquierda Unida Unidad Popular y por ello se ha incluido en el programa electoral de esta candidatura que encabeza Alberto Garzón a nivel nacional una serie de propuestas encaminadas a lograrlo, que incluyen la bajada del IVA y la reclasificación de tipos para determinados productos ((industrias realmente culturales, compresas, otros productos alimenticios no transformados, ciertos medicamentos, etc.).

 

IU UP quiere desarrollar una reforma fiscal justa. No se trata de más impuestos, sino de más justicia fiscal. Algunas medidas concretas en esta materia serían la tributación en la misma base imponible de las rentas del trabajo y del capital de manera que se integren en la tarifa general del IRPF los rendimientos del capital para mejorar la progresividad, incluyendo a las plusvalías generadas en menos de dos años (ampliable a 6 en el caso de inmuebles). Como renta del ahorro sólo se consideran las plusvalías generadas en el medio y largo plazo porque no es ni justo ni equitativo que las ingentes plusvalías generadas por operaciones especulativas deban considerarse renta del ahorro y beneficiarse de tipos impositivos distintos a los de la tarifa general.

 

Asimismo se quiere modificar la Ley General Tributaria con una tipificación más rigurosa del delito fiscal. Para los miembros de la candidatura de IU UP en la provincia de Almería, “no tiene justificación ética ni moral que no se tomen las medidas necesarias para llevar a sus últimas consecuencias la lucha contra el fraude fiscal mientras se exigen importantes sacrificios a la mayoría social. La economía sumergida, por su parte, alcanza también un volumen significativo.

 

La vinculación entre economía sumergida y fraude es evidente, aunque no todo el fraude tenga origen en la economía sumergida. Las cantidades resultado del fraude fiscal y la economía sumergida son cantidades debidas a la Hacienda Pública, ocultadas y/o retenidas por defraudadores y delincuentes fiscales. La recuperación de la totalidad de las mismas es una obligación social y democrática de los poderes públicos, cuya ausencia o debilidad puede ser causa, al menos, de reproche político. Reducir el fraude es una condición necesaria para reducir el déficit público y eliminar el crecimiento acelerado de la deuda, que ya alcanza prácticamente el 100% del PIB, sin tener que deteriorar los servicios públicos, sin renunciar a gastos públicos de elevada rentabilidad económica y social, y sin hacer recaer desproporcionadamente en términos relativos la carga fiscal sobre las nóminas de los trabajadores y el consumo.

 

“Pretendemos recuperar la lucha contra el fraude fiscal como un objetivo prioritario de la política económica, destinado a financiar en una parte importante la tan necesaria creación de empleo, el impulso de la demanda interna y el desarrollo de la economía real”, explican desde la candidatura.

Una de las medidas contra el fraude será crear el Cuerpo Superior Técnico de Hacienda. Esto supondrá la habilitación de los 8.500 Técnicos del Ministerio de Hacienda para realizar funciones superiores a las actualmente encomendadas, incrementando así la eficacia en la prevención y reducción del fraude.

 

Sobre nuevas figuras tributarias, IU Unidad Popular impulsará la ceación de un Impuesto especial sobre Bienes Suntuarios aplicable a los productos y servicios considerados de lujo, Y un Impuesto sobre las Transacciones Financieras, con una base impositiva amplia y que será sustituido, cuando proceda, por un tributo a escala de la Unión Europea o de aquellos países que han acordado aplicarlo por el procedimiento de Cooperación Reforzada. Se creará el impuesto sobre la Riqueza que sustituirá al Impuesto sobre el Patrimonio y se hará una reforma profunda del IAE. Las tarifas serían de 50 €/año con carácter general y del 1 por mil hasta 1.000.000 de euros de cifra de negocio de cada actividad.

Desde IU se busca también acabar con los “notorios abusos” de las sociedades de inversión de capital variable, las famosas Sicav creadas para eludir impuestos y que ahora tributan al 1 %. Aparte de trabajar en Europa por su eliminación, se prevé extender el límite máximo de participación individual (5 por ciento del capital) a éstas y a todas las modalidades de sociedades de inversión. 

Además se pretende aplicar la fiscalidad autonómica con un criterio Federal y desarrollar una fiscalidad ‘verde’: Introducir criterios medioambientales en impuestos ya existentes. Estos criterios afectan al hecho imponible, el sujeto pasivo, la base imponible y los tipos aplicables. Los impuestos afectados serían: Impuesto sobre Hidrocarburos, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto especial sobre determinados Medios de Transporte, Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

 

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