EL RINCÓN DE LA SIRENITA
LA VENTANA DE LA FE
SUCESOS
EN CLAVE DE HUMOR
DOCUMENTOS
‘Trama ERE fraudulentos’.- La juez Alaya envía al Tribunal Supremo la parte del caso ERE relativa a aforados
"Preimputados" se encuentran los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha recibido este martes, 12 de agosto, exposición razonada de la juez de Sevilla Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, “relativa a varias personas aforadas”, según ha informado el alto tribunal sin ofrecer más datos en relación a las personas afectadas por esta decisión. El documento viene acompañado de varios tomos del sumario, según las mismas fuentes.
La juez Alaya ha tomado esta decisión después de que el pasado 30 de julio la Audiencia Provincial de Sevilla rechazara la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que el caso ERE se dividiera en piezas separadas y se elevara al Tribunal Supremo la parte que afecta a los aforados ‘preimputados’.
Entre estos “preimputados” se encuentran los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, actualmente diputado en el Congreso, y José Antonio Griñán, que es senador y que por ello serían aforados ante el Supremo.
En el mismo caso se encontraría el exconsejero José Antonio Viera, igualmente diputado en el Congreso, mientras que el resto son otros cuatro exconsejeros de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila, actuales diputados del PSOE en el Parlamento andaluz.
RESPONSABLES ANTE EL SUPREMO
Sobre estos últimos, el artículo 122 del Estatuto de Autonomía de Andalucía establece que la responsabilidad penal de los consejeros será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Ahora el alto tribunal deberá decidir si el contenido de la documentación remitida por la juez Alaya es suficiente para admitir la causa e investigar a los siete exaltos cargos afectados por la decisión de la magistrada, acotar la instrucción y tramitar los correspondientes suplicatorios.
En su última decisión del pasado mes de julio, la Audiencia de Sevilla rechazó “trocear” el caso tal y como solicitaba Anticorrupción advirtiendo de que “la inconcreción fáctica de los criterios expuestos por la Fiscalía podría generar un riesgo de desorden procesal a través de la remisión por goteo de asuntos” al Supremo.
El pasado mes de abril Alaya tuvo que pedir tanto al Tribunal Supremo (TS) como al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que la “auxiliaran” para notificar el auto de preimputación a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a cinco exconsejeros, todos ellos aforados, después de que las Mesas del Congreso y del Senado acordaran devolver a la magistrada los requerimientos que había expedido a tal efecto directamente a las cámaras y que fueron rechazados.
En dicha ocasión preimputó a Chaves, Griñán y otros cinco exconsejeros de la Junta, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila.
Estos oficios, según justificó en dicho momento la juez, “se hicieron llegar a través de agentes de la Guardia Civil que actuaron como meros portadores”, y en ellos se disponía poner en conocimiento de las citadas personas la existencia del procedimiento que se tramita en este Juzgado, a los efectos del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, auto que necesariamente debe ser notificado, por si quisieran ejercer el derecho de defensa en dicho procedimiento”.
La juez solicitó este auxilio al Supremo y al TSJA porque las Mesas del Congreso y del Senado acordaron devolverle la documentación remitida relativas a los diputados Manuel Chaves y José Antonio Vieray al senador socialista José Antonio Griñán y advirtieron a la magistrada que no había optado por el “camino correcto” para trasladarla a los afectados porque el órgano jurisdiccional para relacionarse con aforados es el Tribunal Supremo.
La causa de los ERE irregulares que investiga la magistrada Mercedes Alaya supera los 200 imputados y la instrucción sobrepasa varias decenas de miles de folios.
Los principales personajes de la pirámide de la juez Mercedes Alaya
Los políticos
Aunque la X del caso ERE sigue sin despejarse, en la cúspide de la pirámide hay un puñado de altos cargos imputados. De momento, preimputados están los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Avila, Manuel Recio, José Antonio Viera y Franacisco Vallejo. Y en cuanto a imputados son la exconsejera de Hacienda, Magdalena Alvarez, y el exconsejero de Empleo, Manuel Recio, además del conocido exdirector general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, (creador del término fondo de reptiles) y de sus dos sucesorses en el cargo.
También hay seis exviceconsejeros. De Hacienda, José Salgueiro, de Presidencia, Antonio Lozano (aunque fue imputado por su cargo de director general de Presupuestos), de Empleo, Justo Mañas y Agustín Barberá, de Ciencia y Empresa, Gonzalo Suárez y Jesús María Rodríguez Román. Dos exinterventores, el genereral de la Junta, Manuel Gómez y el exinterventor delegado de Empleo, Juan Luque. Cuatro exsecretarios generales, Antonio Estepa, Juan Francisco Sánchez García, Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina.
Y la lista de exaltos cargos no acaba ahí. Hay otros ocho exdirectores generales además de los de Empleo: Buenaventura Aguilera, Miguel Ángel Serrano, Jacinto Cañete, Antonio Valverde, Antonio Lara y Francisco Mencía, Pablo Millán y Juan Vela. Y dos exdelegados pronvinciales, Antonio Rivas y Juan Rodríguez Cordobés. O el exalcalde de Cazalla, Angel Rodríguez de la Borbolla (hermano del expresidente de la Junta).
Los sindicalistas
Es otro de los escalones de la pirámide que se ha ido ampliando a medida que Alaya iba avanzando la instrucción. Además de concluir que los sidicatos (UGT y CC.OO) cobraron hasta 12 millones de las mediadores, la juez ha ido imputando a una veintena de sindicalistas e incluso a embargado locales a Comisiones Obreras en Madrid. El que fuera secretario general de UGT en Cádiz, Salvador Mera, y que tuvo que dimitir tras su imputación. También Enrique Jiménez de la federación de Industria de CC.OO. , y el secretario de la Federación de Industria de CCOO de Sevilla, Juan Antonio Caravaca.
Igualmente aparecen otros históricos dirigentes cordobeses de CC.OO, los hermanos Francisco y José Manuel Casado. Así como Juan Antonio Florido García, exsecretario de Organización de la Federación de Industrias Textil, Químicas y Afines de CC.OO., Diego Guerrero, exdirigente de la Federación de Construcción, Madera y Afines de CC.OO., y Damián Jiménez, exlíder de la Federación Agroalimentaria de Jaén del mismo sindicato.
Luis Javier García de los Reyes, exresponsable de la sección agroalimentaria de UGT. Antonio García Márquez, exedil de IU en Almonte y miembro de CC.OO., dos exdelegados de UGT en Promi. Estos dos últimos son más recientes ya que la juez los imputó por el ERE del hotel Cervantes.
Escrito por direccion en 12 Ago 2014. Archivado bajo Noticias Andalucía, Titular, Última Hora.Puedes seguir las respuestas de esta entrada por el RSS 2.0. Los comentarios y pings están cerrados por el momento.
