El PSOE exige al PP que obligue al nuevo ministro de Justicia a acabar con “el lamentable legado” de Gallardón

Pérez Navas reclama derogar las tasas judiciales, la retirada el proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y que mantengan los partidos judiciales

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El senador del PSOE de Almería, Juan Carlos Pérez Navas, ha exigido al Partido Popular que obligue al nuevo ministro de Justicia a acabar “con el lamentable legado” que ha dejado Alberto Ruiz-Gallardón, que se traduce en “una justicia para ricos y otra para pobres” dependiendo de si se pueden pagar las tasas judiciales impuestas y “en el desmantelamiento del sistema público de justicia” con propuestas sobre la mesa como la desaparición de los partidos judiciales.

En rueda de prensa, acompañado de la diputada nacional del PSOE almeriense Consuelo Rumí, el senador ha subrayado que el ex ministro se ha marchado “como consecuencia de la lucha social y del PSOE” para paralizar la contrarreforma de la Ley del Aborto que el Partido Popular pretendía llevar a cabo pero que, pese a su salida del Gobierno, “su lamentable legado ha quedado aquí para desgracia de la ciudadanía y de la administración judicial que son quienes lo empiezan a padecer”.

“El ministro Gallardón no ha ejercido durante todo el tiempo que ha estado en el cargo como ministro de Justicia sino como Ministro de la injusticia”, ha sentenciado Pérez Navas. Y por ello, a su juicio, “el Partido Popular tiene que obligar a su sucesor, Rafael Catalá –que conocemos los almerienses y que precisamente no lo conocemos por regalar infraestructuras a la ciudadanía almeriense en su etapa en Fomento- a que ejerza tres tareas urgentes”.

En primer lugar, ha proseguido el también secretario de Organización del PSOE de Almería, debe “derogar las tasas judiciales; en segundo lugar, que retire el proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y en tercer lugar, que renuncie a la propuesta sobre la desaparición de los partidos judiciales”.

Sobre la Ley de Tasas Judiciales, Pérez Navas ha considerado que se trata de “un copago” aplicado a los ciudadanos que es completamente injusto. Por esa razón, el pasado 23 de septiembre presentaron en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley para derogarlas que, según ha resaltado, fue votada en contra exclusivamente por el PP mientras que el resto de los grupos parlamentarios la apoyaron.

Después de dar a conocer ese nueva negativa del Gobierno de Rajoy a restituir su derecho a la tutela judicial efectiva a los ciudadanos, el senador ha lamentado que estos “ya no valoran para denunciar si creen que la justicia tiene que ampararles o si tienen razón o no en su demanda, sino que lo que hacen es sacar la calculadora antes para valorar si se pueden permitir defenderse”.

En ese sentido, ha ejemplificado que en estos momentos los almerienses que acuden a los tribunales “pagan 168 euros por divorciarse si no hay acuerdo; 500 euros por recurrir un despido, cifra que alcanza los 1.200 euros si llega hasta el Tribunal Supremo o 900 euros cuando un anciano quiere denunciar por las preferentes”.

Ante la falta de rectificación del Partido Popular en este asunto, el dirigente socialista ha recordado que su partido presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley que, en la actualidad, está pendiente de solución.

Peor justicia gratuita

Por otro lado, Pérez Navas ha explicado la necesidad de que se retire el proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita planteado por el ex ministro Gallardón  que, precisamente, vinculaba ese servicio a la recaudación por tasas judiciales.

Para empezar, han considerado desde el Grupo Parlamentario Socialista, para poder garantizar la justicia gratuita se debe de garantizar una financiación adecuada –contemplada en los Presupuestos Generales del Estado-, “lejos de la incertidumbre de si se va a recaudar más o menos a través de  las tasas judiciales”.

Además, el nuevo planteamiento de Rajoy endurece las condiciones para el acceso a la asistencia jurídica gratuita y, por lo tanto, dejará a mucha gente que la necesita sin este derecho. El proyecto, ha remarcado Pérez Navas, significa un retroceso que perjudica especialmente a aquellas familias unipersonales que antes podían acceder a la justicia gratuita con ingresos menores a 14.910 euros y que ahora se rebajan a 12.780 euros.

El Partido Popular, “que se nota que si tiene dinero para pagarse los juicios y los abogados que necesita”, también endurece la tramitación necesaria para acceder al servicio de justicia gratuita, imponiendo condiciones de difícil cumplimiento como la identificación por parte del beneficiario de los servicios que va a precisar del letrado, lo que resulta imposible de determinar para una persona que no conoce las leyes, a lo que se suma la limitación de su uso a tres pleitos al año.

El modelo de justicia del PSOE

Por su parte, Consuelo Rumí se ha centrado en dar a conocer la repercusión que tendría en Almería la puesta en marcha de la propuesta de desaparición de partidos judiciales incluida en los anteproyectos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de Planta y Demarcación Judicial.

Para Rumí, “el único eje rector es la reducción de la administración orientada, como hemos denunciado públicamente e insistiremos las veces que haga falta, al desmantelamiento del servicio público de la justicia”. Y es que, ha continuado en su exposición, “la idea pasa por centralizar y alejar la justicia de los ciudadanos, creando Tribunales de Instancia, de ámbito territorial provincial, que asumirán todas las competencias actuales de los juzgados y haciendo desaparecer los partidos judiciales, y, con ello, decenas de órganos”.

Este modelo “perjudica gravemente al medio rural, además de encarecer los procesos y de colapsar la administración de justicia”, ha apostillado la diputada socialista. Frente al mismo, el PSOE plantea una alternativa en la que, entre otras cuestiones, “se mantienen las Audiencias Provinciales y se crearía un primer escalón en la organización del poder judicial para que este se encargara de conocer de aquellos asuntos que no revistan de una especial complejidad y puedan recibir un tratamiento más ágil para desatascar los juzgados”.

Para terminar con ese apartado, Rumí ha trasladado la posición socialista de que sean jueces profesionales los que den respuesta en ese primer escalón para lo que “se debería de incrementar la ratio de jueces por habitante que tenemos”.

En otro orden de cosas, tampoco ha querido pasar por alto que el Gobierno del Partido Popular ha privatizado determinados servicios prestados por la justicia pública como el del Registro Civil, que ha pasado a manos de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles cuando, llamativamente, resulta que profesionalmente Rajoy es registrador.

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