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EL MUNDO ANDALUCÍA.- La Junta descarta ahora sancionar a UGT por el caso de las facturas falsas

El Gobierno andaluz que preside la socialista Susana Díaz descarta, por ahora, aplicar a UGT las sanciones previstas en la Ley General de Subvenciones por el escándalo de las facturas falsas y los desvíos de fondos públicos, que terminaron costeando comilonas en la Feria de Abril de Sevilla o los 700 maletines falsificados en fábricas de Asia.

Para la Junta, la prioridad es ir concluyendo los 19 expedientes de reintegro a UGT por ayudas, que suman 15,2 millones de euros, que mantiene abiertos la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que dirige el consejero socialista -y ugetista- José Sánchez Maldonado, dijeron a EL MUNDO fuentes de este Departamento.

El consejero ha admitido en el Parlamento que el escándalo de UGT es un “calvario político” para él y que el primer interesado en que concluyan los expedientes y la investigación interna es él.

De momento, Economía ha cerrado dos de los 21 expedientes de reintegro que abrió y le ha reclamado ya en firme al sindicato UGT que devuelva 1,8 millones de euros, al certificar las irregularidades correspondientes a dos ediciones del plan Orienta. Pero ni siquiera en este caso se iniciarán, por ahora, las posibles sanciones al sindicato previstas en la ley.

 

Aunque la Junta haya optado por los expedientes de reintegro, la Ley de Subvenciones recoge diversas “infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones”, que incluyen desde las multas económicas a las “no pecuniarias”.

Las “sanciones no pecuniarias”, que se podrán imponer en caso de «infracciones graves o muy graves», van desde la “pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de obtener subvenciones”, hasta la “prohibición durante un plazo de hasta cinco años para contratar con las administraciones”.

La “infracción muy grave” se define como la “no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines para los que la subvención fue concedida”. Esta definición parece encajar a la perfección en la trama de las facturas falsas que presuntamente utilizó UGT para desviar subvenciones y destinarlas a otros fines, como viene informando este diario desde julio de 2013. Y dentro de la trama hay un caso concreto en el que la Administración ya ha comprobado las irregularidades, al haber cerrado dos expedientes de reintegro y haber reclamado en firme a UGT que devuelva 1,8 millones de euros correspondientes al plan Orienta, un programa destinado a combatir el desempleo a través de unidades de orientadores para asesorar a los desempleados.

El sindicato, como informó este periódico el 3 de septiembre de 2013, destinó fondos del Orienta que le había pagado la Junta a abonar la indemnización de buena parte de los trabajadores que despidió en 2012 con un ERE, que dejó en la calle a 159 empleados de UGT. Este presunto desvío de fondos del Orienta por valor de un millón de euros podría encajar en la definición de “infracción muy grave” de la Ley de Subvenciones. Sin embargo, la Junta, de momento, no ha iniciado ningún expediente sancionador.

Escrito por en 23 jun 2014. Archivado bajo Otras Noticias del Día.
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