Detenido un matrimonio en Roquetas de Mar por denunciar el robo de su coche que habían vendido un mes antes
La Policía Nacional de Almería ha detenido a un matrimonio de 36 y 33 años residente en Roquetas de Mar acusados de un delito de simulación de delito y otro de estafa después de que denunciaran el robo de su vehículo para cobrar el seguro un mes después de haberlo vendido a un casa de compraventa de coches francesa.
Según indica la Comisaría en una nota, G.H.P y M.J.C.C. debían una cantidad importante de dinero a la entidad de crédito que les había financiado el vehículo que vendieron al gerente de la empresa francesa por 4.000 euros antes de denunciar su sustracción, con lo que ya habían iniciado los trámites con la aseguradora para cobrar el seguro.
La investigación se inició el pasado día 20 de mayo, cuando los agentes recibieron una comunicación a través de Sirene en la que las autoridades francesas solicitaban la localización de la anterior propietaria de un vehículo vendido en febrero de 2014 a una empresa de compraventa de coches francesa. Un cliente de dicho comercio no podía arreglar la documentación del vehículo porque figuraba como sustraído en España.
Tras realizar las primeras gestiones los agentes descubrieron que los propietarios del coche habían denunciado la sustracción del mismo. Poco después, los policías averiguaron que los involucrados debían el pago del vehículo a la aseguradora, por lo que un Juzgado de Instrucción de Roquetas de Mar había ordenado el embargo del mismo.
Ante esto, el pasado día 26 de junio los investigadores localizaron al matrimonio en su domicilio de Roquetas de Mar y procedieron a su detención. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial. Las investigaciones han sido realizadas por agentes del Grupo V de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Almería.
La Policía ha recordado que fingir ser víctima de una infracción penal o denunciar una inexistente está recogido en el artículo 457 del Código Penal, entre los delitos contra la Administración de Justicia, y penado con una multa de seis a doce meses. Los agentes investigan todas las denuncias que se realizan para actuar en consecuencia contra los presuntos autores, pero si se demuestra la falsedad de lo manifestado, la supuesta víctima se convierte en autora de una infracción penal.
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