El caso Pallarols. Una vergüenza para la ciudadanía

• Twittear

“Aquellos que tratan separadamente la política y la moral, nunca entenderán ni la una ni la otra”, frase contenida en la obra Rousseau del escritor J Morley. Lo cierto es, señores, que si hubo un tiempo en el que los políticos, politicastros y vividores a costa del pueblo, hubieran podido hacer su agosto con más impunidad, descaro, sinvergüencería y facilidad, sin duda que ha sido durante los siete últimos años de gobierno socialista y ello no excluye que, durante este lapso, tanto los políticos de unos partidos como los de los otros, hayan hecho de su capa un sayo y se hayan esmerado, con inusual diligencia, en este arte tan arraigado en nuestra tierra de arramblar con todo lo que han podido, llenándose las faltriqueras a costa de los bolsillos de los contribuyentes que, como siempre, son los que acaban por pagar el pato y sufrir las consecuencias de un sistema de gobierno que, al parecer, propicia que la corrupción se haya convertido en una especie de deporte nacional, especialmente para esta casta “escogida” que rige nuestros destinos, nos guste o no.

 

Nunca se había visto ir tan de la mano a los representantes de la Justicia y los políticos, como si, juntos, fueran capaces de ayudarse mejor, entenderse más y complacerse mutuamente con mejores resultados para cada una de las partes. Es obvio que los métodos pueden ser más obscenos, burdos o trapicheros o, cuando la ocasión lo merece, se pueden utilizar sistemas sofisticados, refinados, sibilinos, de mayor complejidad y de elaboración más artificiosa para conseguir alcanzar el fin que se proponen. Hasta la OCDE ha tenido que advertirnos de nuestra desidia en cuanto a la lucha contra la corrupción internacional.

 

No digamos lo que nos dirían si profundizaran en el funcionamiento, si es que se puede calificar de este modo, de nuestra Administración de Justicia, que lleva años convertida en un saco sin fondo, donde se van almacenando los expedientes de cientos de miles de casos pendientes de resolución, sin que parezca que a nadie le importe que los procedimientos se eternicen; los gastos se vayan acumulando; la situación de las personas, que han tenido la mala idea de acudir a los tribunales en busca de justicia, sea de absoluta desesperación y resignación y que, el concepto de los ciudadanos en relación al tercer poder del Estado, el judicial, no pueda ser más negativo, de mayor desconfianza y de repulsa generalizada hacia las incomprensibles e inexplicables actuaciones de los funcionarios, a quienes les compete el impartir la Justicia tal y como requieren las leyes y no, como es habitual que suceda, según su propia ideología o influenciados por el poder, sea del Gobierno o de los partidos de la oposición.

 

Debemos añadir que, cuando se trata de la Administración de Justicia, en aquellas comunidades que están dominadas por los partidos separatistas, a los defectos enunciados de la Administración de Justicia del resto de regiones del país, se les pueden añadir otros particulares, derivados de los sentimientos separatistas exacerbados que puedan afectar a parte de los jueces o magistrados de los distintos tribunales, desde el TSJC hasta los simples jueces de distrito…Hemos visto como han ido toreando ( con la inestimable colaboración de algunos fiscales) el hacer cumplir las resoluciones del TS y del propio TC, cuando los miembros del Gobern catalán se han rebelado contra ellas o cuando las han ignorado en perjuicio de todos aquellos cuyos derechos constitucionales habían sido ignorados o denegados.

 

Estos días hemos visto un ejemplo de cómo se pueden manejar las leyes, de las demoras que se pueden conseguir o de las triquiñuelas de las que se pueden valer abogados, fiscales, jueces y tribunales para hacer que un juicio se prolongue durante más de 14 años cuando ello, lejos de constituir un perjuicio para los imputados, como se ha podido ver, ha resultado ser una gran ventaja que les ha permitido salir airosos y con una penas mínimas en un caso en el que se habían pedido penas de 11 años para los presuntos culpables. Si señores, este caso de corrupción conocido como el caso Pallarols, que se deriva de un delito continuado que tuvo lugar desde el año 1994 hasta el 1999, consistente en una trama bien organizada para la financiación ilegal del partido del señor Durán y Lleida, UDC, por medio de cuya trama se fueron inyectando cantidades importantes en las cuentas de dicha formación política.

 

No hay duda de que, si la justicia se hubiera aplicado con diligencia a la instrucción de este caso y el juicio se hubiera celebrado dentro de un tiempo prudencial, no se hubiera producido este apaño legal que, aunque el señor Fiscal General del Estado, lo haya querido justificar, diciendo que estos acuerdos son una práctica común destinada, en el caso de que el inculpado reconozca el delito, a disminuir los gastos del procedimiento, aunque ello comporte una rebaja sustancial de la condena; algo que pretende reforzar aludiendo a la duración desmesurada del procedimiento. Sin embargo, lo que parece que no ha querido explicitar es que, precisamente este retardo injustificado de la celebración del juicio, ha sido lo que les ha permitido a los acusados permanecer en libertad todo este tiempo y, además, con el “premio” de que las penas que se les han impuesto han sido menores de dos años lo que, al no tener antecedentes penales, les van a permitir cumplirlas sin ingresar en la cárcel. ¿Ustedes creen que, en el fragor de un delito que levanto el escándalo en la opinión pública, que causó una evidente alarma social y que puso a los señores de UDC en el centro de la hoguera; el resultado del juicio hubiera sido tan blando? En modo alguno, porque la reacción de la ciudadanía no se lo hubiera permitido.

 

Ni tan siquiera los 388.483 euros defraudados, más los correspondientes intereses devengados que se deben reintegrar, los van a tener que pagar los condenados, porque el pago va a correr a cargo de UDC. ¡Un escándalo y un robo a la ciudadanía que tenía derecho a que se impartiera justicia! ¿Si se hubiera tratado de una chapuza llevada a cabo por un autónomo que hubiera ocultado una cantidad a Hacienda o de un particular que hubiera robado unos cientos de miles de euros, piensan ustedes que el comportamiento de los jueces hubiera sido tan blando como lo ha sido en el caso que nos ocupa? Evidentemente no. Aquí se presienten presiones de todo tipo, influencias, recomendaciones, recursos interesados o excusas para justificar los sucesivos aplazamientos, que han debido tener lugar para que, una causa iniciada a finales del siglo pasado, haya llegado al día de hoy y se haya resuelto mediante un acuerdo entre fiscales y abogados de la defensa; a todas luces muy favorable para los delincuentes de cuello blanco autores del fraude.

 

Y algo muy importante. El resbaladizo señor Duran, desaparecido de la escena, prometió en el año 2000 que, si se demostraba que había habido financiación ilegal, presentaría su dimisión inmediata. Vamos a contar los días que tarda en hacerlo y, si quieren que les diga lo que pienso, creo que nos van a salir raíces esperando porque: esta dimisión,. pedida unánimemente por todas las fuerzas políticas, ¡nunca se va a producir!..O así es, señores, como contemplo, indignado, este sucio tema.

• Twittear