Diputación abona los servicios del decreto de exclusión social pese a que “no hay noticias” de pago de la Junta de Andalucía
El vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García (PP), ha manifestado este miércoles, 31 de julio, que la institución ya ha abonado los primeros pagos de los servicios contratados a raíz de la aplicación del decreto ley de medidas contra la exclusión social de la Junta de Andalucía pese a que desde el Gobierno andaluz “no hay noticias de saber cuándo lo van a pagar”.
En rueda de prensa, García ha criticado que hasta el momento son las corporaciones locales las que “están haciendo frente” a las medidas contempladas en el decreto, de manera que “la Junta invita y son las diputaciones y los ayuntamientos los que pagan”, según ha defendido antes de considerar que “ha llegado la hora de exigir seriamente que cumpla con sus obligaciones y convenios a firmar”.
El portavoz del equipo de gobierno ha detallado que la Diputación ha adelantado más de 1,1 millones de euros para la realización de los proyectos derivados de esta ley, de manera que, según ha recalculado, la deuda de la Junta con la Diputación en materia de políticas sociales asciende a 12.396.253 euros, según su última actualización.
Con esto, ha resaltado la “responsabilidad” de la Diputación, ya que ante los “impagos” de la Junta podría optar por “cortar los servicios”. “Somos un equipo de gobierno responsable que está aquí para solucionar los problemas a los vecinos”, ha incidido García, quien ha señalado que los recortes de la Junta, que a su vez apunta a los recortes del Gobierno central, no pueden servir para “incumplir” con la ciudadanía.
Por otra parte, la junta de gobierno de la Diputación ha aprobado este miércoles, 31 de julio, la concesión de una asistencia económica de 30.500 euros y el consiguiente convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Macael para adquirir una máquina barredora; una “necesidad inaplazable” para cubrir los servicios básicos del municipio.
En total, la Diputación ha aprobado adjudicaciones, licitaciones y certificaciones de obra en la provincia por valor de 972.239 euros, de forma que se han contemplado adjudicaciones por 465.000 euros en Vélez-Rubio.
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