Potenciar el Senado o eliminarlo

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Alguien dijo: “Es más inútil que el cenicero de moto” y es probable que dentro de una frase tan superficial se encierre una gran verdad. Estamos acostumbrados a aceptar las cosas que se nos imponen, las leyes que se nos obliga a acatar y los impuestos que se nos fuerza a pagar; que pocas veces nos paramos a pensar su verdadera utilidad, ya que no se piensa qué sucedería si se eliminasen o si, en realidad, pudieran llegar a tener utilidad si se modificaran, si se planteasen desde otra óptica o si se les diera una función adecuada para que resultaran beneficiosos para la ciudadanía.

 

Y dentro de esta reflexión, se nos ocurre tomar como ejemplo la función de la Cámara Alta o Senado en nuestro país. Todos sabemos que el Título III de la Constitución trata sobre las Cortes Generales y que éstas están formadas por el Congreso de los diputados y el Senado. Pocas dudas tenemos a cerca de las funciones del Congreso, de sus facultades legislativas y de la importancia de sus acuerdos, por los que se rige la política de la nación, fruto de las mayorías parlamentarias que, en definitiva, son las que deciden, a través de la confrontación de pareceres y el juego de mayorías, los destinos de la nación.

 

Sin embargo, cuando nos referimos al Senado parece que, la mayoría de ciudadanos de a pie, tenemos una idea nebulosa, poco clara y, evidentemente, poco elogiosa de cuáles son en realidad las funciones específicas que se les atribuyen a los señores senadores y, a los efectos prácticos que, de sus deliberaciones, se pueden deducir para la nación. Sí, sabemos que es la Cámara de Representación territorial; también sabemos que cada provincia elegirá, por sufragio universal, a cuatro senadores; que las autonomías harán lo propio eligiendo a un senador y uno más por cada millón de habitantes; que las islas, a través de sus Cabildos Insulares elegirán sus senadores (3 para las islas mayores y uno para las menores) y tanto Ceuta como Melilla tendrán, cada una, a dos senadores. Los senadores elegidos tendrán una duración de cuatro años. A través de un procedimiento farragoso los acuerdos del Congreso suele pasar por el Senado, no obstante, si el Senado no estuviera de acuerdo, al fin del procedimientos suele ser el Congreso el que se lleva el gato al agua.

 

La verdad es que, en la actualidad, la percepción que tiene el ciudadano medio en cuanto a la utilidad del Senado, es que se trata de un organismo inoperante, superfluo y que sólo contribuye a elevar los gastos de los Presupuestos Generales del Estado. Un ejemplo de los temas “importantes” que últimamente se trataron en el Senado es el de si se tenían que dotar de pinganillos a los señores senadores, para que los que no entendieran el catalán, el euskera o el gallego, gozaran de traducción simultánea. El coste de este caprichito es de 12.000 por cada sesión lo que obligó a reservar una partida de 350.000 euros en los PGE.

 

Una estupidez que se podía haber evitado fácilmente obligando a todos los senadores a expresarse en la lengua del estado, que están obligados a conocer y utilizar. Lo cierto es que cuesta entender que en un órgano, que debiera estar promocionado para que en él se estableciera una verdadera comunicación entre las distintas autonomías, se discutiera sobre la forma del reparto de las ayudas estatales, se revisaran los movimientos demográficos que alteraran los parámetros empleados para la distribución de las financiaciones adecuadas y fueran, en sustitución del Gobierno, los que tuvieran las facultades de darle destino a las cantidades presupuestadas para dotación a Autonomías y municipios.

 

Esta institución tiene una serie de funciones que se pueden resumir en: funciones de integración territorial, legislativas, de control e impulso político y de control de la política exterior. Sin embargo todas ellas se solapan con las ejercidas por el Congreso y, el Senado, ejerce únicamente una labor de segunda lectura. Si se tiene en cuenta que para ello en la actualidad, hay designados 266 senadores no resulta difícil llegar a la conclusión de que el coste de semejante multitud resulta excesivo para un país en una situación económica tan grave como es la nuestra. Aparte de otras muchas partidas de gasto podemos especificar la que hace referencia a los sueldos de sus señorías, que son los siguientes:

 

Sueldo Base: 2.813,91 € (tributa por IRPF)

Residencia en Madrid: (4 senadores): 869,09 €

No tiene Residencia en Madrid: (262 senadores): 1.822,38 €

Tarjeta TAXI: 250,00 € al mes (no tributa)

Desplazamiento Misión Oficial al Extranjero: 150,00 € al dia (no tributa)

Desplazamiento Misión Oficial por España: 120,00 al dia (no tributa)

 

Pero dado que se trata de un precepto constitucional y eliminarlo supondría modificar la actual Constitución, cabría la posibilidad de intentar dotarlo de contenido, como verdadera cámara de representación territorial, convirtiéndola en una cámara autónoma encargada de poner orden en el ámbito de las autonomías y en el de los municipios, supliendo algunas de las facultades cedidas a las autonomías por el Estado, de modo que fueran asumidas por el Senado para que muchas de las funciones hoy delegadas en las Diputaciones Provinciales fueran trasladadas a las distintas comisiones en las que pudiera dividirse la Cámara Alta lo que, sin duda, podría poner coto a ciertas malas prácticas, abusos y prerrogativas que, generalmente son impuestas por las autonomías más potentes y que tienen más influencia, en perjuicio de aquellas que no tienen la posibilidad ni la fuerza para hacer valer sus legítimas aspiraciones.

 

Otra de las ventajas que podrán darse, sería disminuir el poder autocrático de las autonomías más ricas e impedir que intenten constituirse en entes independientes que puedan derivar, al tener en sus manos todos los mecanismos de la gobernanza de sus territorios, hacia objetivos como los que, en estos momentos, se están promoviendo en Catalunya cuya pretensión más inmediata es la de separarse de España para convertirse en un estado independiente.

 

Una centralización en el Senado de todos los problemas territoriales que afectan a nuestra nación y el entregar la distribución de las partidas presupuestarias destinadas a la financiación de las distintas autonomías tendría la ventaja de evitar que las que más se quejan, las que más pueden pretender chantajear al Gobierno de turno y las que más ambiciones territoriales tuvieran, se verían en la precisión de tener que demostrar, ante el resto de colegas, las circunstancias que justificaran una financiación superior a las demás. No hay un administrador más justo que aquel que mira con lupa cada euro que tiene que ceder de su parte, para mejorar la de su competidor.

 

Entiendo que no es tarea fácil, pero tampoco lo es tener que atender a casi 6 millones de ciudadanos en paro, mientras unos señores inoperantes se ganan sus sueldos millonarios sin hacer nada de provecho para la nación. No se trata de enviar al desempleo a los 266 senadores, sino de hacer que trabajen por el bien de España, de las autonomías y de la propia unidad del país. Claro que las ideas de un simple ciudadano de a pie no tienen otro valor que el de denunciar una situación que, por otra parte, parece que es compartida por una gran parte de ciudadanos. O esta es, señores, mi opinión sobre este tema.

 

-Miguel Massanet-

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