El PSOE aplaude el no de Andalucía a la decisión “inhumana” de Rajoy de dejar de atender a los inmigrantes irregulares

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El PSOE de Almería ha repasado este viernes, 31 de agosto, en rueda de prensa las medidas del Gobierno central que entrarán en vigor a partir de mañana, 1 de septiembre, y ha concluido que este sábado arranca “un septiembre negro”, con hitos como la retirada de la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares -una propuesta del Gobierno de Rajoy que en Andalucía no se aplicará por decisión del Gobierno de la Junta- o una subida del IVA que “perjudicará a miles de familias y empresas almerienses”. Así se ha expresado el senador y secretario de Organización del PSOE de Almería, Juan Carlos Pérez Navas, que ha advertido que la provincia almeriense se verá “profundamente afectada” por la subida del IVA que ha decidido aplicar el Gobierno del Partido Popular, “a pesar del momento de profunda recesión económica que atraviesa el país”.

Pérez Navas ha recordado que la subida de este impuesto supondrá “un duro golpe” para la economía almeriense, al incidir en la competitividad de sectores estratégicos para la provincia como son la agricultura o el turismo. Asimismo, ha advertido de que la subida del IVA también tendrá repercusiones negativas en las exportaciones, por el incremento del precio de los combustibles.

Ante esta situación, el Grupo Parlamentario Socialista ha decidido reclamar que se introduzcan “compensaciones” para la provincia de Almería en los Presupuestos Generales del Estado para 2013.

Perjuicio para las familias

Además de su incidencia en la competitividad de las empresas, desde el PSOE de Almería también se ha alertado del perjuicio que acarreará en las economías familiares esta subida del IVA, que acarreará “una disminución del poder adquisitivo y, por lo tanto, una bajada del consumo”.

Juan Carlos Pérez Navas, que ha calificado la subida del IVA de “atraco a mano armada”, ha advertido de que esta medida hay que contemplarla, además, en el contexto de la bajada de ingresos que ya han sufrido muchas familias “vía recorte de derechos e introducción de los copagos farmacéutico y sanitario”.

Precisamente a la retirada de cobertura sanitaria a una parte de la población, sobre todo a los inmigrantes que residen en España de manera irregular, se ha referido la diputada nacional y secretaria de Igualdad, Sanidad y Servicios Sociales del PSOE provincial, Gracia Fernández, quien ha expresado su rechazo absoluto de esta medida, “que atenta contra la Constitución y la universalidad del derecho a la salud, contra la dignidad de las personas y contra la ética profesional, además de fomentar la xenofobia y el racismo”.

Fernández ha recordado que en Andalucía, por decisión del Gobierno de la Junta de Andalucía, sí se seguirá prestando una atención sanitaria universal, “para todas las personas, independientemente de su situación administrativa, no sólo por humanidad, que es lo principal, sino también por el riesgo que podría acarrear para la salud pública excluir a un colectivo del derecho de asistencia primaria”.

La diputada del PSOE almeriense ha recordado que la mayor parte de la población inmigrante en la provincia de Almería está regularizada, aunque “otro porcentaje, mucho menor, permanece en nuestra tierra en situación administrativa irregular”. Concretamente, en la actualidad son unas 13.000 las personas que se encuentran en esta situación en la provincia y disponen de una tarjeta específica para recibir asistencia sanitaria. Fernández ha recordado que son “hombres y mujeres de los que no nos podemos desentender sin más cuando caen enfermos”.

Por lo que respecta al conocido como “turismo sanitario”, la diputada socialista ha lamentado que la ministra de Sanidad lo esté empleando “como excusa” para justificar la reducción de la cobertura sanitaria, ya que el coste de la atención sanitaria a los extranjeros que residen de manera permanente o temporal en España se factura a sus países de origen. En este sentido, Fernández ha indicado que los centros sanitarios de la provincia de Almería han facturado a otros países, sólo en el primer semestre de este año, más de 2,5 millones de euros y “ahora corresponde al Gobierno central hacer efectivo el cobro”.

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